El INE obligaba a un trabajador con discapacidad que requiere oxígeno de forma continua a acudir presencialmente a sus oficinas. Tras la denuncia por presunto hostigamiento y discriminación, el Tribunal Electoral ordenó modificar sus condiciones laborales y permitirle trabajar a distancia como modalidad ordinaria.

La Sala Superior determinó que el empleado sólo deberá acudir de manera presencial cuando sea necesario, bajo un esquema híbrido que priorice el trabajo remoto.

El trabajador denunció a funcionarios de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) por presuntos actos de hostigamiento laboral, discriminación por su condición de salud y violencia institucional, luego de que le negaran ajustes a sus actividades.

El INE inicialmente le permitía retirarse para recargar sus tanques de oxígeno y concluir el resto de su jornada desde casa. Sin embargo, la Junta General Ejecutiva modificó esa disposición y limitó el trabajo remoto a 30 días hábiles.

Además, condicionó la continuidad de esa modalidad a que presentara un dictamen del ISSSTE que acreditara que su discapacidad era incompatible con las labores presenciales.

Al resolver la queja, los magistrados determinaron que el Instituto no podía exigir una prueba plena de la discapacidad para conceder medidas de protección. Consideraron suficiente una acreditación indiciaria, acompañada de elementos mínimos que permitan advertir la condición y los riesgos para el trabajador.

La Sala Superior precisó que los ajustes deben analizarse caso por caso, tomando en cuenta las barreras, necesidades y riesgos de cada persona, sin que ello implique conceder automáticamente el trabajo remoto.

También advirtió que el INE carece de reglas específicas para tramitar solicitudes de ajustes razonables para trabajadores con discapacidad, pues no establece plazos, autoridades responsables ni criterios de evaluación.

Por ello, ordenó al Consejo General emitir lineamientos en la materia, previa consulta a personas con discapacidad, y vinculó a las áreas correspondientes a implementar las medidas administrativas necesarias en un plazo máximo de 24 horas.

La medida cautelar permanecerá vigente durante la investigación y, en su caso, hasta que concluya el procedimiento laboral sancionador.

El trabajador también reclamó que la Junta General Ejecutiva limitara a 30 días el trabajo remoto, pese a que su condición es permanente, y que restara valor al certificado de discapacidad expedido por el DIF.