Ciudad de México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, se quejó del madruguete fiscal que año con año realizan los municipios mediante el cobro de impuestos en materia de telecomunicaciones, hidrocarburos o energía eléctrica, que no son de su facultad por lo que es seguro que sean invalidados, pero que saturan de trabajo al máximo tribunal.
"Llevamos varios años ya recibiendo estas controversias, creo que esta práctica ocurre porque, como ven, estamos en el mes de octubre, gran parte del año ya se cobraron estos derechos con la presunción de constitucionalidad hasta que se emite esta decisión", dijo en el Pleno.
Aguilar explicó que ya no se discuten, pues la Corte ha establecido el criterio de que son constitucionales, porque no están respaldadas por un método objetivo y razonable, no se establecen las razones por las cuales se cobran algunos derechos o algunos impuestos municipales.
"Lamentablemente, cada año se vuelve a cometer el mismo vicio", dijo el jueves y llamó a los municipios a revisar la página del Centro de Estudios Constitucionales donde se indican los criterios para el cálculo y para la determinación del costo real de los servicios de las distintas instancias del Estado.
Según datos de años pasados de la Secretaría General de la Corte, que padece un serio rezago, año con año se reciben hasta 300 controversias constitucionales por parte del Poder Ejecutivo Federal contra esas leyes de ingresos que invaden facultades.
El próximo miércoles, la Corte tiene enlistados 10 controversias del Ejecutivo contra leyes de ingresos municipales de Guerrero, Chihuahua, Tlaxcala, Sonora e Hidalgo, pero en ella se mencionan al menos otras 65 parecidas. Los casos se votan en conjunto.
El municipio de Santa Cruz del Rincón, Guerrero, aprobó el cobro de derechos anuales por el otorgamiento de licencias o permisos para instalar y operar antenas, mástiles e infraestructura para telefonía, medios de comunicación e internet. El de Cajeme, Sonora, estableció cobros de licencias de construcción por cada poste o registro de red eléctrica administrado por la CFE. En ambos casos, como en los demás enlistados, se declara que invadieron facultades de la Federación.
