La bancada del PAN en el Senado de la República exigió la comparecencia de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, envuelta en un "cochinero" de nexos con proveedores del árbitro electoral.

"Lo que hoy ocurre en el Instituto Nacional Electoral no es un malentendido ni una 'grilla barata', como quiso despacharlo la consejera presidenta. Es un cochinero. Y es un cochinero que le toca explicar a ella", alegó el jefe del grupo, Ricardo Anaya.

"Desde el PAN exigimos tres cosas: que el Órgano Interno de Control y la ASF investiguen a fondo y sin plazos cómodos; que la consejera presidenta comparezca ante el Senado para rendir cuentas de cada contrato y cada vínculo; y que se separe de inmediato cualquier decisión relacionada con los proveedores señalados mientras dure la investigación", detalló.

En opinión del Anaya, los casos de corrupción que ha destapado REFORMA no son coincidencia, sino que obedecen a un mismo patrón.

"Un chofer de la presidencia del INE que al mismo tiempo es apoderado legal de una empresa que le vende al Instituto. Un director de Administración que antes representó a esos mismos proveedores.

"Contratos por cerca de 200 millones de pesos bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Un proveedor investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera organizándole fiestas a la consejera presidenta, con personal del INE como invitado. Esto no es una coincidencia; es un patrón", sostuvo.

Para el senador, Taddei ha incurrido en evasivas inaceptables.

"La respuesta de la consejera Taddei ha sido deslindarse: 'ya no trabajan aquí', pero eso no es una explicación, es una evasiva inaceptable. Los contratos se firmaron bajo su presidencia, con las facultades extraordinarias que el oficialismo le entregó a la medida. Quien concentró el poder administrativo del Instituto no puede ahora repartir la responsabilidad.

"El INE no es patrimonio de nadie. Es la institución que los mexicanos construimos durante décadas para que nadie, ni el Gobierno ni sus allegados, pudiera meterle la mano a las elecciones. A ocho meses de los comicios de 2027, México no puede permitirse una autoridad electoral bajo sospecha. La credibilidad del árbitro no se defiende con comunicados: se defiende con transparencia y con consecuencias", sentenció.