El diputado morenista Aristóteles Tito Arroyo, presidente del Comité de Administración del Congreso de Guerrero, anunció que solicitará a la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizar una auditoría al Poder Legislativo para determinar si ocurrió un fraude relacionado con la falsificación de cheques y firmas de diputados, cuyo monto ascendería a 15 millones de pesos.
"Es un tema muy delicado que una diputada (Guadalupe García Villalba) ya lo denunció ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue", dijo.
Tito Arroyo señaló que el órgano interno de control del Congreso le envió un oficio para solicitarle información sobre si cobró cheques en los que aparece su firma.
"Yo aparezco en esa lista (de los 21 diputados que se les falsificó su firma), pero yo daré esa información y por eso estamos pidiendo que la ASE realice una auditoría al Congreso", sostuvo.
La diputada morenista María Guadalupe García Villalba presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presunta falsificación de cheques a su nombre.
De acuerdo con la FGE, a partir de la denuncia podrían configurarse los delitos de abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación, alteración y uso indebido de documento, fraude y peculado.
La Fiscalía informó que son 30 los cheques cuyas firmas de diputados habrían sido falsificadas.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Joaquín Badillo Escamilla, declaró que aún no hay responsables por estos hechos.
"Las denuncias que se han publicado son decisiones de los diputados que cumplen con sus derechos y que también son respaldados por el Congreso", dijo en entrevista al término de la sesión legislativa de este jueves.
Badillo Escamilla explicó que la información sobre la supuesta falsificación de cheques surgió durante el proceso de entrega-recepción entre su llegada a la Jucopo y la salida de su antecesor, Jesús Urióstegui García, también integrante de Morena.
Agregó que fue la propia legisladora Guadalupe García Villalba quien decidió interponer la denuncia ante la Fiscalía.
"Aún es muy temprano para determinar responsabilidad en alguna persona y nosotros hemos cumplido con los requerimientos que nos hace la Fiscalía", expuso.
Por esta denuncia son investigados los ex funcionarios de Servicios Administrativos del Congreso Héctor Avilez Cruz, suplente del diputado Jesús Urióstegui; Brian Luna Aguirre; José Ángel Rómulo Hernández; Erick Chávez Medina; Alex Cepeco Justo; Jorge Antonio Solís Ocaña, y Samir Robles Ocaña.
Los ex funcionarios fueron despedidos por el actual presidente de la Jucopo, Joaquín Badillo Escamilla, y son cercanos al legislador Jesús Urióstegui García, ex presidente de la Jucopo.
