-El agresor de Mya en pista de patinaje
-Transa evidente en Anticorrupción
-Está Centro de Convenciones en opacidad

Hasta parece que se pusieron de acuerdo los grupos criminales “Gente Nueva del Tigre” (GNT) y del “21 Aztlán” para adoptar la moda retro de los mensajitos mediante narcomantas que colocaron al final de la semana pasada en algunos puntos de Cuauhtémoc y Ciudad Juárez.
De no ser porque son facciones separadas y aparentemente inconexas de los cárteles que tienen como aliados, bien podría pensarse que cruzaron telefonazos o mensajitos por WhatsApp para escribir sus advertencias, mediante una especie de denuncias públicas que suelen hacer antes, durante y después de sus acostumbrados baños de sangre.
En la ciudad manzanera fueron cinco mensajes colocados en planteles educativos de diferentes colonias y hasta en la sección municipal de Anáhuac, todo a primera hora del jueves pasado, en una operación tan bien cronometrada que ni una cámara ni un policía detectó el movimiento. Esa es eficacia.
Todos los mensajes acusaban la protección del Segundo Batallón de Infantería del Ejército, al mando del teniente coronel Juan Marín Guzmán, de proteger a los rivales de GNT, a pesar de que es muy conocido el debilitamiento de ese otro grupo en la región.
En la frontera aparecieron las narcomantas el viernes, únicamente dos, en la colonia Alcaldes y en la Ignacio Allende. Un mensaje acusaba a un líder criminal de desaparecer a dos de la Guardia Nacional semanas atrás y otro achacaba a un reo del Cereso 3, Lorenzo Adrián P. E., alias “El Gallo”, de “La Empresa”, las ejecuciones de los custodios del Cereso de Aquiles Serdán, registradas en Chihuahua los días 31 de marzo y 15 de abril.
También en este caso las filtraciones de los mensajes corrieron más rápido que las cámaras y las corporaciones para investigar quién las colocó.
Inconexas las narcomantas, insisten en las áreas de investigación estatales, a pesar de la aparente sincronización en su colocación y de que, de alguna manera un tanto retorcida, sí podrían ligarse los grupos criminales acusados.
Lo que sí es un hecho es que, tras esos mensajes, existe la sospecha fundada que pueden ser el anticipo de alguna oleada violenta como la de ayer, con ocho ejecutados de un jalón amontonados, en el kilómetro 37 de la salida Chihuahua a Juárez.

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Han transcurrido un año y medio desde que el agresor de Mya, Erick David B.C., está cómodamente instalado en su casa esperando una sentencia que no llega, beneficiado con una medida cautelar inexplicable.
Tendría que haberse conocido antes de este fin de semana una resolución ante la inconformidad de Mya, los colectivos que la respaldan y la sociedad entera, en contra de esa medida beneficiosa para el agresor, como si él fuera la víctima… pero fue aplazada.
Esperemos que hoy exista humo blanco, con decisión de modificar la medida cautelar que tiene en su casa, se supone recluido, al presunto responsable de propinar 47 puñaladas a Mya, quien sobrevivió de milagro gracias a su fortaleza juvenil y ganas de vivir.
Como si hiciera falta, para calentar más el ambiente, trascendió en las redes sociales de los colectivos feministas que respaldan a Mya, que, en Delicias, el agresor estaría trabajando para la empresa que instaló una pista de hielo, pagada por el municipio de aquel lugar.
No hay confirmación oficial al respecto, pero cuando el río suena, es que agua lleva. No extrañaría nada que se estuviera cometiendo una irregularidad de este tamaño.
Tenemos la imagen que circula en redes sociales con la acusación respectiva; el Ministerio Público, la policía ministerial, y en su caso la autoridad responsable de hacer cumplir la medida cautelar obsequiada al presunto responsable, tendrían que decir algo al respecto, porque dicha medida estaría siendo burlada de manera flagrante.
“!Delicias¡, imagínate ir a pasar un rato agradable a la nueva pista de hielo que puso la presidencia municipal y te topes con Erick, el agresor de Mya, trabajando ahí y conviviendo con todas las personas como si no fuera un asesino en potencia; Justicia para Mya, cárcel al asesino!”, dice la publicación en redes.

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Hubo humo blanco en el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, con la elección de Héctor Villanueva, como nuevo integrante de dicho órgano desconcentrado.
Villanueva arrastra cuestionamientos por la forma en que él, como encargado de la secretaria ejecutiva, y el extitular del Comité, Miguel Salvador Gómez, habrían aumentado los sueldos sustantivamente, en un 30 ó 40 por ciento.
Pero, además, obtuvo calificaciones verdaderamente sobresalientes por algunos de los integrantes del Comité de Selección; Devany Quintana le dio 23 puntos; Carlos Rivera 20; Gustavo Rivera 23; y Luis Carlos Aguilera, 20. 
Nadie se abstuvo con él, a pesar de que lo conocen, es el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, actualmente es funcionario.
Rivera se abstuvo con Alejandro de la Rocha y con Oscar Gómez, pero no se abstuvo con Villanueva.
Obvio que hubo transa... ¿Tendría el aval de Palacio de Gobierno, en su Secretaría General de Gobierno? Ya veremos. Es la pregunta del millón.

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Está por enviarse a la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Amparo que evita los efectos generales en las resoluciones de jueces de distrito y tribunales colegiados, cuando resuelvan amparos contra leyes.
Sin embargo, nos dicen los abogados expertos en el tema, que aún y cuando la Cámara de Diputados apruebe la reforma ya autorizada en el Senado de la República -lo cual con seguridad ocurrirá- hay un recoveco en que podría seguir siendo utilizado para otorgar esos efectos generales en la resolución de amparos.
Se trata del estudio exoficio de constitucionalidad y convencionalidad, que pocos jueces se atreven a realizar, a pesar de que tienen las facultades constitucionales para ello.
Ahora lo que toca es saber si se atreven a darle esos efectos generales a los amparos que sean presentados ante ellos, lo pida o no el solicitante del juicio, porque ese estudio es muy laborioso y requiere la valentía de ponerle el cascabel al gato.
Será asunto no solo de agallas sino de cargas de trabajo para aventarse esos estudios con alto grado de complejidad.
Podría quedar la mayoría morenista con palmo de narices.

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La Expo Chihuahua es un fideicomiso que recibe recursos del sector público y privado, para dotar de los mismos al Centro de Convenciones y Exposiciones Asociación Civil, que es quien materialmente administra el inmueble localizado sobre la avenida Tecnológico, a la altura de la Colonia Santo Niño.
Pues resulta que dicho Centro de Convenciones, a pesar de que es un organismo creado a expensas del sector público, que recibe y administra recursos de esa naturaleza, no aparece en el catálogo de sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El único que existe dentro de dicha plataforma es el mencionado Fideicomiso Expo Chihuahua, que se deslinda del manejo administrativo del Centro de Convenciones, a pesar de que en el Consejo del Fideicomiso aparece quien funge como director de la Asociación Civil.
Es responsabilidad de los sujetos obligados estar dados de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual no ha hecho nunca la mencionada Asociación Civil. 
Es chamba para quienes acaban de llegar al Instituto Chihuahuense de Transparencia, jalar las orejas al organismo, que de esta forma incumple con una de sus principales obligaciones.