-Buenos pretextos para judicializar TEJA

-Finalmente retiran espectaculares de Andrea

-Merecida despedida a Santiago de la Peña

Nadie debe poner en duda ni obstaculizar la garantía de acceso a los derechos humanos de las personas desaparecidas. Por el contrario, todas y cada una de ellas deberían de ser encontradas, principalmente con vida, tanto por el daño individual que representan como por el dolor y el resentimiento social que causan.

Sin embargo, algunas de estas personas que desaparecen, en su mayoría jóvenes y adolescentes, desean ausentarse por su propia voluntad debido a varias razones, sea por su entorno familiar o simplemente por cuestiones personales.

Un claro ejemplo de esto, es el caso de Fernanda Anahís Molina Vásquez y de su pareja sentimental Ulises Isac Pecina González. Tras "desaparecer" desde el pasado nueve de julio, las autoridades han invertido tanto recursos económicos como de personal oficial para localizarlos.

Aunque eso no ha ocurrido aún, ya trascendió en algunos sectores que ambos decidieron irse de sus hogares por elección propia, por temas de su vida personal y familiar en los que es mejor no abundar ni especular, pues la prioridad es saber que están bien, antes que cualquier otra cosa.

Para evitar la revictimización, pues, no es posible dar detalles sobre el caso; pero el asunto aquí es que, por cada uno de ellos, la Comisión Local de Búsqueda, lanzó una recompensa de 200 mil pesos la semana pasada, de la cual ya no se tuvo conocimiento los días posteriores.

El problema no es el recurso destinado a las desapariciones, siempre será insuficiente. El problema es que se elijan casos como estos en donde sí, no han sido localizados, pero la investigación profesional arroja otra cosa diferente a la desaparición forzada, es decir, por una decisión personalísima y respetable, pues son dos personas mayores de edad que han tomado una decisión.

Tal vez, la Comisión Local de Búsqueda y las autoridades que se encargan de esto, deberían de analizar bien los criterios y otorgar recompensas y recursos a personas que por años han buscado a sus familiares, viviendo en la zozobra y en la invisibilización de un gobierno y de una sociedad selectiva.

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Terminará judicializado el procedimiento de nombramiento de los dos magistrados para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en algo que parece inevitable.

Ya estamos viendo a Cuauhtémoc Estrada, el coordinador de los diputados morenistas, interponiendo un recurso para echar abajo la validación autorizada a los aspirantes en la fase más simple, que fue la curricular.

Desde la pasada sesión dejó muy claras las irregularidades generales y específicas, encontradas por ellos en la revisión con lupa de cada expediente curricular.

Por ejemplo, en los folios sexto, hay no certificación del título; en el 16 no hay declaración bajo protesta de decir verdad; en el 23 no hay certificación del título; en el 24 no hay firma en la solicitud de registro; en el 24 la constancia de no antecedentes es del 2022; en el 36 la constancia de no antecedentes es del 2023; en el 37, está mal escaneada la constancia de no antecedentes; en el 40, 42 y 43, no fue certificado el título; en el 44 no hay anuencia firmada por aspirante de someterse al procedimiento; en el 45 falta solicitud de registro; y en el 46 no hay constancia de no antecedentes penales.

Eso en lo particular, porque en la constancia de inhabilitación es aún más radical el legislador, al encontrar que, en ninguno de los casos, dicha constancia fue validada por el Congreso mediante acceso al link correspondiente; y sólo en dos casos, en los folios 1 y 4, el solicitante cumplió con presentar credencial de elector, CURP y constancia de situación fiscal, para obtener la referida constancia.

Es decir, lo de menos es no haberle permitido pasar a tres aspirantes a la fase de entrevistas, inhabilitados por la edad, en el caso del folio 46, y por la extemporaneidad en la solicitud, en el caso de los folios 43 y 44 -Jesús Jáquez Flores, José Alberto Tarín y Sara Beatriz Hernández respectivamente-.

Debieron las áreas técnicas hacer una revisión puntual desde la misma convocatoria, y en su caso, agregar un apartado excepcional para hacer correcciones, en beneficio ya no solo de los aspirantes, sino del buen éxito del procedimiento, que ahora está en aprietos.

Lo importante es que ya tiene la mayoría legislativa el dato de por dónde vendrá lo más sólido de la revisión judicial en su caso, y los folios involucrados, para ir tomando providencias al respecto.

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Ya habíamos advertido un doble rasero entre los negociadores de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), en relación con las políticas adoptadas en la zona del Río Colorado con la zona del Río Bravo.

Han existido múltiples reuniones para llegar acuerdos en medidas de apoyo a los agricultores del lado norteamericano y mexicano, en el caso del Río Colorado, mismas que no han existido, al menos oficialmente, en el caso del Río Bravo.

Pero lo último que encontramos es que hasta recursos económicos en dólares habrá por parte de los Estados Unidos, para paliar la decisión histórica de dejar de sembrar grandes extensiones de tierras del lado mexicano.

Están tratando de ahorrar nada menos que 493.4 millones de metros cúbicos de agua, una cifra histórica para dicha región e inclusive para el país entero.

Pues a cambio de ello el gobierno norteamericano ha ofrecido 65 millones de dólares, para ser invertidos en infraestructura hidráulica, con una contrapropuesta de los agricultores mexicanos, que piden que el 90 por ciento de dicho dinero sea distribuido entre los miles de familias que estarán sin trabajar sus tierras por tres o cuatro años.

Acá en el caso de Chihuahua, ni una cosa ni la otra. Ni hay recursos hidráulicos americanos ni mexicanos, ni mucho menos un plan ambicioso de ayuda a los agricultores, muchos de los cuales están en quiebra desde hace años, por la reducción de sus campos de cultivo y la sequía que los ha golpeado, amén de la competencia desleal existente en el mercado de muchos productos.

En Baja California al menos tienen expectativa de un apoyo en dólares, acá nada.

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Agarró mucho vuelo la virtual senadora Andrea Chávez, con reuniones en varias regiones del estado, particularmente el sur y centro, con clarísimas intenciones de aumentar presencia, por aquello que pudiera ofrecerse en el camino para el 2027.

Dimos cuenta de espectaculares en varios puntos clave de circulación vehicular, con el diseño que daba las gracias al electorado por la confianza depositada en la votación pasada, que fue histórica, y donde Morena arrasó.

Pues ahora tenemos que, así como aparecieron esos espectaculares, así también han empezado a desaparecer.

Tenemos la foto del antes y el después, de uno de esos anuncios gigantes, colocado en esta ciudad de Chihuahua.

Por un lado, el gran rostro sonriente de la senadora electa y por el otro, la gran tarima en color oscuro, sin la lona, en la carretera a Aldama, afuera del fraccionamiento Riberas del Valle.

Es desconocido que fue lo que ocurrió, si hubo jalón de orejas dentro de los mismos aspirantes a la gubernatura, o alguna queja de fuera, pero de pronto hubo cambio en la estrategia.

No dudamos que bien pudo ser ella misma quien dio marcha atrás, pero lo dudamos, porque andaba verdaderamente echada para adelante, reuniéndose lo mismo con empresas privadas que con organizaciones empresariales, como Syscom o Canacintra, etc.

Falta tiempo para el 2027, nada menos que tres largos años, pero es obvio que la receta del proceso electoral reciente, indica que mañana es tarde para empezar a promoverse y buscar el triunfo en la próxima contienda, máxime con esa base electoral inaudita que carga Morena.

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El pasado sábado, lamentablemente perdió la vida el priista Santiago de la Peña Romo, excandidato a la alcaldía de la capital, exdirector de Pensiones del Estado y cónsul honorario de España en Chihuahua. Toda una institución el abogado, reconocido y apreciado por cientos de amigos, compañeros de causas y conocidos.

El viejo lobo de mar tuvo muchos cargos importantes en su vida, al amparo de ese PRI constructor de instituciones y lleno de figuras que marcaron una época en el ejercicio del poder y la política.

Quizás su última misión fue guiar y aconsejar a Santiago de la Peña Grajeda en la Secretaría General de Gobierno, donde su hijo llegó a consolidar el oficio y trabajo político de la administración de Maru Campos.

La pérdida trajo una gran cantidad de condolencias de todos los sectores; ayer tuvo su despedida muy merecida en Mausoleos Luz Eterna, donde sus familiares recibieron el pésame durante el día. Descanse en paz.