-De nuevo batean a Brenda en IEE
-Rezago en Ichitaip por una sola persona
-Cumple Bonilla a los boleros de Catedral
A dos años del escandaloso secuestro de una jovencita estudiante del Colegio Belén, un Tribunal de Enjuiciamiento Oral sentenció a 50 años de cárcel a los tres participantes del delito, entre ellos un profesor de la víctima, Erick Ricardo R.S.
Entre el maestro y dos cómplices, José Luis A. Z y Armando M. O., también sentenciados, privaron de la libertad a Briana Camila, el ocho de noviembre de 2022.
El mismo día fueron detenidos y más delante vinculados a proceso, con la cautelar de prisión preventiva, vigente hasta que enfrentaron el juicio.
Fue una rápida reacción de la Policía Municipal, mediante el uso de la Plataforma Escudo, así como de la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado, lo que llevó a la captura inmediata del maestro y uno de sus cómplices. El tercero no tardó en caer.
Pese a la reacción inmediata y efectiva, por la que no sufrió daño mayor la víctima ni sus familiares, el hecho generó una crisis en la institución privada, cuestionada por los padres y alumnos debido al laxo proceso de selección de sus maestros.
Porque resulta que Erick Ricardo tenía antecedentes de problemas con la ley desde 2016, pese a lo cual fue contratado como profesor. Al verse necesitado de dinero, dejó de lado las materias de física y contabilidad que impartía e ideó el plagio de una de sus alumnas.
La Fiscalía logró, con el apoyo de las otras corporaciones, probar sin lugar a dudas la participación del maestro y sus otros dos cómplices en el delito, lo que derivó la semana pasada en una dura sentencia que, por lo que afirman entre los agentes del Ministerio Público, difícilmente podrá ser revertida en una segunda instancia.
Sin embargo, la Secretaría de Educación y Deporte que intervino en el Colegio Belén ante una ola de malestar de los padres de la familia, no ha reportado el cierre del caso o inspección que debió realizar ante lo ocurrido.
Así, bien por la sentencia ejemplar obtenida, pero hace falta un diagnóstico a profundidad de la situación de la educación privada en la entidad, de la que también debe estar pendiente la autoridad estatal.
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De nuevo hay intentos de arrebatar a como dé lugar medidas cautelares en beneficio de la diputada, Brenda Francisca Ríos Prieto, por una violencia política de género que está por el momento pendiente de resolución.
Por hechos supervinientes -como las manifestaciones de Mariana de la Chica como vocera del municipio- la Comisión de Quejas volvió a analizar la solicitud de medidas cautelares y otra vez las bateó, con excepción de sólo una de ellas.
Contrario a lo determinado por la Comisión de Quejas, la Unidad de Riesgo del IEE había considerado que existe un riesgo medio de violencia y una probabilidad alta de que escale dicha violencia, pero sin ningún elemento objetivo, más que los dichos de la legisladora.
Las medidas cautelares de nuevo solicitadas y rechazadas, entre otras eran acallar a los medios, no usar instituciones para atacarla, abstenerse de enviar drones y seguir ejerciendo el gaslighting patriarcal.
Lo único que concedió el IEE fue atención psicológica a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer.
Otra vez la decisión -apenas adoptada al mediodía de ayer- contó con el voto particular de la consejera Georgina Ávila, que consideró que se deben autorizar todas las medidas solicitadas por la legisladora.
Es un asunto que debe manejarse con pincitas indudablemente por lo delicado del tema.
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En el informe rendido ayer por los comisionados del Instituto Chihuahuense parea la Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip), quedó evidenciado un severo retraso en la resolución de asuntos turnados a una sola ponencia.
No dijeron abiertamente el nombre, pero creemos sin temor a equivocación que se trata de Rodolfo Leyva.
Pasó su periodo como comisionado, peleado con el exgobernador Javier Corral -quien lo quitó de la presidencia- todo porque no le concedió la secretaria ejecutiva al esposo de Estefany Olmos, quien era la secretaria de la Función Pública, en el primer tramo de la administración.
Y luego en contra del rector Luis Fierro, quien echó el aparato jurídico en su contra para quitarle el espacio en la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Ese pleito llevó al comisionado a dedicar su tiempo a interponer y llevar recursos jurídicos, inacabables, que terminaron en nada.
Pues el rezago que dejó en la ponencia del Ichitaip -de acuerdo a lo expuesto ayer- es de mil 374 expedientes, de los cuales apenas han podido ser resueltos 234 recursos, con 261 acuerdos de cumplimiento.
Con la carga de trabajo existente, no se la acaban los comisionados actuales, Sergio Facio, Selene Prieto y Gabriela Fuentes, que nada más en lo que va del año, han recibido casi dos mil 400 recursos, más el rezago existente que no es menor.
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Ayer en la Plaza de Armas, los boleros que todos los días le dan vida al centro histórico y mantienen el brillo en el calzado de los clientes que acuden a solicitar su servicio, recibieron de parte del alcalde Marco Bonilla una cena navideña para ellos y sus familias, su chamarra para que no dejen de trabajar en esta época de frío y el mandil que protege su ropa de la tinta fuerte y la grasa.
Este gesto fue reconocido por todos los lustradores de zapatos que han sido beneficiados por la actual y la pasada administración del alcalde Bonilla. Recordemos que durante la Navidad del 2021 se comprometió con remodelar sus lugares de trabajo y hoy lucen mejor, con un techo más amplio para protegerse de la lluvia y cortinas para cubrirse del sol.
Bonilla sabe que los boleros forman parte de la vida del centro, pero también que son personas bien trabajadoras que, con mucho esfuerzo, soportan las inclemencias del tiempo para ganarse el pan de cada día y sostener a sus familias.