-¿A qué le teme el notario Navarro Manjarrez?

-Casi sin utilidad la Alerta de Género

-Arranca Yanko con turbo elección judicial

A mediados de junio de este año, una narcomanta en el Ortiz Mena y casi Océano Pacífico acusó a una agente de la Policía Vial, Gabriela Ramírez, de conductas delictivas, tras un incidente en el que detuvo un tractocamión irregular, presuntamente protegido de un mando de seguridad estatal.

“Ya robó mucho andando en la célula o también les toca $$ a ustedes? hagan algo o lo haremos nosotros, último aviso le robaste a la persona equivocada (sic)”, era el mensaje que también involucraba al subsecretario de Movilidad, César Komaba.

Del interior de la corporación nos reportan que la agente fue cambiada a otras tareas a raíz del suceso, que levantó morbo y curiosidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Luego, ahora en diciembre, la semana antepasada apareció otro mensaje, que en GPS nos atrevimos a denominarlo como poli-narco-manta, debido a que, de inmediato, surgieron versiones que apuntaban a la manufactura de la misma en las propias filas de la SSPE.

“Ingeniero Gilberto Loya secretario de seguridad si su intención es limpiar la institución debería de comenzar x el insp. Victor Hugo Sosa Martínez, el cual se dedica al cobro de cuotas venta de drogas extorsiones y proteger un grupo criminal con el consentimiento de sus superiores (sic)”, fue el mensaje colocado bajo el puente de la avenida La Junta sobre el canal del Chuvíscar.

Pues bien, ahora nos llegan más explicaciones y parte de la historia que justifica plenamente el concepto de poli-narco-mantas.

Resulta que el mensaje contra Ramírez pudo haber sido diseñado por Sosa, quien tiene además toda la parentela en la estructura de la Secretaría de Seguridad; presuntamente, dicen, eran los Sosa los protectores del camión con el que se metió la agente, que sabrá Dios si lo hizo para sancionarlo conforme a la ley o conforme a otros intereses.

Así, la manta contra Sosa, que embarró a todos sus familiares no sólo porque están en la nómina sino porque pesan sobre muchos los más variados señalamientos, habría sido la respuesta de Ramírez... o de cualquier grupo de interés que represente, dentro de la misma corporación, aunque muy alejado de sus objetivos.

Más que justificado el concepto y muy reforzada la idea de que los mismos policías -quienes saben bien para qué sirven las cámaras de vigilancia y cuáles son los puntos ciegos- están detrás de esos anuncios publicitarios diseñados para sembrar pánico.

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Por cierto, que una pugna interna en la Policía Estatal alcance estos niveles, no parece ser una buena señal para la seguridad en la capital del estado, en el marco de un incremento de los hechos de violencia en los que son considerados “corredores seguros”.

Como es conocido, el periférico De la Juventud, el Centro Histórico, la avenida Mirador y Canal, así como la colonia Santo Niño, han sido escenarios de ejecuciones que han rebasado los parámetros de la guerra criminal que se libra en toda la entidad, la capital incluida.

Ante ello, una fragmentación en las corporaciones policiacas, ya ni siquiera una pugna entre corporaciones, resulta lamentable e ineficaz para enfrentar a una delincuencia que sí está más organizada.

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Debe andar muy nervioso y estresado el notario público número ocho del Distrito Judicial Morelos, Héctor Manuel Navarro Manjarrez, ya que hasta demandó el amparo de la justicia un día antes de la Nochebuena, por supuestamente ser blanco de un inminente arresto.

Nos reportan que buscó la protección constitucional y su trámite cayó al Juzgado Segundo de Distrito, a cargo de la jueza Martha Cecilia Zúñiga, quien dictó la suspensión provisional al día siguiente y citó a la audiencia incidental para el último día del año.

Si es cierto eso de que el que nada, nada teme, ¿pues qué delito cometería para que tema por su libertad y esté presentando amparos? Según la demanda, de la que dimos cuenta de forma oportuna, han ido incluso policías por él a su casa, pero se ha librado del arresto.

Tal vez por estrategia, en la Fiscalía General del Estado no han confirmado de manera formal causa alguna en contra del conocido fedatario público, pero suena fuerte la versión de que está involucrado en un caso de fraude, en el que estarían en medio asuntos millonarios de una o varias de sus familias.

¿Sabrá el Colegio de Notarios del Estado qué están haciendo sus honorables integrantes?

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Tres años de Alerta de Género formalmente declarada por la Secretaría de Gobernación -en contra incluso de los intentos del exgobernador Javier Corral por frenarla en los estertores de su desastrosa administración- parece que han servido de poco. Tal vez de nada.

El mecanismo destinado directamente a los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo y Parral, fue solicitado desde agosto de 2019 por organizaciones feministas y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Tardó dos años todavía la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en decidirse a emitir la alerta. Detrás hubo muchos intereses, hasta la mano negra de Corral Jurado y otros actores, en un insensible afán por no mancharse políticamente, a pesar de la sangre derramada por las víctimas.

Emitida la alerta en agosto de 2021, todavía es hora de que no existen indicadores que sirvan para evaluar su impacto favorable en el problema que pretendía atender.

Habrá que revisar reporte a reporte de los casos de abuso sexual, violación, violencia en todas sus modalidades y feminicidios, para ver si existe algún cambio favorable para las mujeres o si, para variar, todo se han quedado en discurso y en las buenas intenciones que pavimentan los caminos al infierno.

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Sin dilación alguna, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, le metió el turbo al proceso de elección de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que viene con la reforma constitucional al Poder Judicial recién aprobada.

El fin de semana, Durán Prieto encabezó la sesión de arranque del Consejo General del IEE para comenzar los trabajos de la elección judicial, con la idea de buscar el “cómo sí”, en vez de perderse en pretextos y recursos para el “cómo no” proceder a lo que mandata la Constitución.

De entrada, la consejera presidenta deberá ser creativa para buscar el presupuesto que hace falta y afinar los mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional Electoral, a fin de ir a la nueva elección el primer domingo de junio de 2025.

Será un año de mucho trabajo para el organismo a cargo del proceso que, aunque histórico, no corregirá todos los vicios del sistema de justicia, pero dará una sacudida política, especialmente a esos ilustres juzgadores que llegaron al cargo por favores y palancas políticas, más que por capacidad o preparación.

No será el IEE el verdugo de esa clase política-judicial que ya escucha las golondrinas, pero sí el operador de la misión.

La buena noticia en medio de tanto embrollo que representa el proceso, es que el IEE tiene experiencia, capacidad y liderazgo para conducir la elección en la entidad.