-Contralora en líos amorosos y pasionales
-Mejor la regañada local al IEE
-Los muchachos de la JMAS pintan números

No han pasado dos meses que la hoy alcaldesa electa por Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, apenas podía asomar la cara en la campaña electoral tras sufrir amenazas del crimen organizado en aquella región.
El resultado de la elección está impugnado pero si fue difícil para sus opositores ganar aun con el control gubernamental del municipio más complicado será modificar los números en los órganos electorales ahora con súper tendencia guinda.
Bajo esas circunstancias, hoy Ana Laura ya no es aquella candidata escondida tras cuatro paredes sino todo lo contrario. Ahora alardea incluso que cuenta con la protección que le permitió al menos mantener su nombre en la papeleta electoral hasta la jornada electoral, la Guardia Nacional.
La presidenta subió a redes una foto que no habla bien de ella ni de los elementos militares que la acompañan. Es un mero desplante. Y eso que aún no toma protesta.
La imagen fue tomada en alguna de las miles de barrancas de Guadalupe y Calvo con ella sentada muy alegre y los elementos de la GN, uniformados y con sus armas apuntando hacia arriba. Un día de campo cualquiera en territorio dominado por Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, o el Cártel de Sinaloa, que es lo mismo.
Más Morena que la candidata a la alcaldía, recibió del grueso de los ciudadanos guadalupecalvenses apoyo considerable, sí por los famosos programas sociales pero también por el cansancio de las extorsiones sufridas durante bastante tiempo a cargo de los grupos delictivos.
El propósito del voto a Morena fue cambiar forma y fondo, no para seguir con los mismos arrebatos y conductas tan poco serias como usar a los militares de chalanes guardaespaldas...y presumirlo en redes.

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Las nuevas instituciones que conforman la enorme burocracia anticorrupción han quedado en evidencia en múltiples ocasiones. Sus magros resultados han dejado en claro que su función es más para engordar las nóminas públicas que para un efectivo combate a las irregularidades y excesos del servicio público.
Desde el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) hasta las decenas de órganos internos de control (OICs) que surgieron como hongos al amparo del Sistema Estatal Anticorrupción, no generan algo más que gasto y vergüenzas.
Ahora, por ejemplo, profesores y funcionarios del sector educativo traen en la mira al OIC de la Secretaría de Educación y Deporte, al que acusan de falta de imparcialidad y profesionalismo, además de una ausencia total de ética.
Ello, nos reportan, obedece casi exclusivamente a la función encargada a Shelma Ivette Rocha, titular del área de Denuncias e Investigaciones del órgano contralor de Educación, señalada de parcialidad, filtraciones a los entes que debe fiscalizar, chismes internos que han derivado en un clima laboral inestable y, desde luego, muy poco saludable para quienes trabajan a su alrededor.
A la funcionaria la traen entre ojos no por una brillante gestión fiscalizadora ni por un la integración impecable o rigurosa de expedientes; no, ha sido objeto de quejas constantes por una actitud sistemática de simulación e intrigas para destronar a otros funcionarios del mismo OIC, con el fin de ocultar sus propias fallas y excesos.
Con base en esa actitud, denuncian, logró escalar posiciones hasta la que ostenta ahorita, no sin antes pasarles por encima a sus compañeros y hacerles jugadas tan turbias que podrían esperarse de cualquier otra oficina gubernamental, pero no en un órgano contralor profesional, cuya misión es investigar y sustentar irregularidades para sancionarlas de acuerdo a las leyes.
Si la actitud y los berrinches diarios no fueran suficiente, más delicado es jugar con los expedientes iniciados por el OIC e incluso, por motivos sentimentales-pasionales, estar bajo sospecha de filtrar información a dependencias del sector educativo que debe fiscalizar, lo que puede rebasar un simple conflicto de intereses para rozar o hasta rebasar los límites de la legalidad.
Ahora que la Secretaría de la Función Pública dejó de estar de adorno, con el cambio de María de los Ángeles Hurtado por el exfiscal Roberto Fierro, los destinatarios de las investigaciones del OIC de Educación esperan que haya respuesta aunque sea a sus peticiones de ajustar a la ley las conductas de los funcionarios de esas nuevas instituciones, que visiblemente no han estado a la altura de las expectativas.

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Salió el peine con el asunto de la orden que envió el Tribunal Estatal Electoral para que fueran reinstaladas más de una decena de asambleas municipales electorales que habían sido cerradas desde hace 16 días. 
Resulta que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral decidió realizar las funciones de las asambleas municipales para dar contestación al requerimiento de informe enviado por el TEE, en relación con las diversas impugnaciones tramitadas. 
Cada uno de los órganos electorales tiene sus funciones en el sistema electoral, con lo cual, unas decisiones y responsabilidades corresponden al Consejo General, otras a la presidencia de dicho consejo, otras a las asambleas municipales y al presidente de dicho órgano, inclusive a nivel casillas, el presidente, el secretario y el escrutador tienen responsabilidades señaladas en la ley.
Pues resulta que Yanko Durán, la presidenta del IEE, decidió dar ella contestación a esos informes solicitados en sustitución de las asambleas municipales, en función de que estas ya habían concluido sus labores desde fines del mes pasado. 
Por supuesto que el Tribunal la bateó y le ordenó volver a instalar las asambleas municipales para que sean estas quienes en uso de su responsabilidades y obligaciones, den contestación al órgano jurisdiccional. 
Lo peor es que muchas de esas impugnaciones son balines y caerán por su propio peso; sin embargo, el procedimiento establece que son las asambleas municipales electorales las que deben remitir el oficio en el que presentan el informe con relación a los hechos planteados por los quejosos. No hay veredas como la tomada por Yanko y/o sus asesores.
Pues debieron volver a funcionar las asambleas con todo y local, queremos suponer –sería sumamente raro a estas alturas- que en algunos casos debieran enviarse los paquetes electorales, en aquellos casos en que no fueron ya remitidos al Tribunal Estatal Electoral. 
Desafortunado el asunto, aunque en el fondo se trate de ahorrarle recursos al erario, pero más valía de una vez la regañada a nivel local y no esperar la respectiva desde el ámbito federal en el Trife.

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Con mal tino y peor estrategia traen los trabajadores de la Junta Municipal de Aguas a los vecinos de varias colonias del norte de la ciudad auténticamente encabritados porque están irrumpiendo en la privacidad de casas para “rotular” la fachada sin permiso de los ciudadanos.
Vecinos de la Colonia Deportistas, Real Universidad y Revolución se quejaron porque pasan los trabajadores encargados de tomar lecturas de medidores y se dan la libertad de poner el número de la casa (si no está a la vista).
Es cierto que utilizan una plantilla, no lo hacen al chilazo con brocha gorda, pero lo hacen sin avisar ni tomar en cuenta a los propietarios de los inmuebles, en un evidente exceso.
También es verdad que la nomenclatura en muchas colonias se ha perdido, borrado, o eliminada, y que muchos domicilios no tienen número, dificultando las tareas no sólo de los empleados de la JMAS, sino de otras dependencias públicas de todos los niveles.
Pero de ahí a darles un aerosol negro, una plantilla y ponerlos a pintar números, hay un mundo de distancia, por lo que deberán tomarse cartas en el asunto. Seguramente los directivos de la descentralizada harán lo conducente.