Fuera de la numeralia del desastre dejado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), desde su creación en 2019 hasta su extinción en 2023, sus efectos y consecuencias en las personas terminaron por ser abiertamente criminales.
En la peor época de la pandemia ocurrieron cientos de muertes evitables en la entidad, producto de ese recién estrenado modelo de salud para la población sin cobertura de servicios médicos y de seguridad social, así como por su combinación con un gobierno estatal, el de Javier Corral, que transitó entre la ineficiencia, la corrupción y la irresponsabilidad.
Después de ello vinieron las fallas en programación de cirugías y tratamientos por enfermedades catastróficas; la falta de medicinas para niños con cáncer y el desabasto generalizado de medicamentos, así como el suministro de éstos a punto de caducar.
Entre paréntesis, cabe la anotación de que quien lideró el ataque a la pandemia en Chihuahua, la “comandanta Covid”, Mirna Beltrán, era de las más duras críticas a las deficiencias del Insabi en cada reunión de la red nacional de salud, hasta ser absorbida por la Federación en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste) en febrero de este año.
Beltrán Arzaga fue de las profesionales de la salud que documentó esas fallas del Insabi cuando llegó a relevar al modelo del Seguro Popular (SP), que, durante dos décadas, independientemente de que el gobierno fuera panista o priista, sirvió de mejor manera para atender esa población sin acceso a servicios básicos de salud.
Por un lado, en la vertiente laboral, llegó una etapa de inestabilidad y absoluta incertidumbre para el personal de salud del sistema federalizado, a quienes les regatearon sueldos y prestaciones en la transición del SP al Insabi.
En cuestión de salud, entre 600 y 700 mil potenciales usuarios del sistema SP quedaron al garete en el cambio al modelo que prometió bienestar, con la exageración, al grado de payasada, de que México alcanzaría el nivel de Dinamarca, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no una ni dos sino decenas de veces desde Palacio Nacional.
Esos pacientes que requirieron de servicios de salud fuera de las instituciones de seguridad social federales, estatales y municipales, padecieron la incapacidad para otorgar tratamientos y medicinas, la irresponsabilidad de no comprar ni aplicar vacunas, la falta de personal médico básico y de especialistas.
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El colapso del Insabi terminó reconociéndose hace cerca de un año. A finales de mayo de 2023 fue publicado el decreto de su extinción, pero no como el fallo brutal que fue ni con la necesaria rectificación para retornar a un modelo que había demostrado más éxito en la atención de las personas sin servicio médico formal.
Al fracaso del instituto lo relevó la nueva ocurrencia: transferir todas las capacidades y recursos del Insabi al sistema subsidiario y solidario del Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy llamado IMSS-Bienestar. Todas las capacidades, todos los recursos, pero también todos los derechohabientes.
Es lo mismo que antes fue IMSS-Prospera, IMSS-Oportunidades, IMSS-Solidaridad, etcétera, es decir, el nombre adicional que cada administración pública federal le ponía, desde 1973, cuando encabezaba José López Portillo el Ejecutivo.
Surgido de una reforma a la Ley General del Seguro Social, ese modelo buscaba que el IMSS fuera más allá de sus capacidades, entonces no rebasadas, para dar cobertura médica básica a las poblaciones marginadas de todo el país.
Con ese modelo, el IMSS llegaba hasta las comunidades sin capacidad contributiva. O sea, daba el servicio médico sin cobrar cuotas al gobierno, a los patrones y a los trabajadores, como lo hace en su esquema sustantivo tradicional, en aras de ayudar al país.
Así, el IMSS cumplía su objetivo central con las aportaciones tripartitas, dar servicios médicos y seguridad social (créditos, pensiones, jubilaciones, etc.) a los trabajadores, pero cumplía además con una responsabilidad de forma solidaria con la patria.
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A la vuelta de casi cinco décadas, el IMSS en su modelo tradicional alcanzó a tener el estado a poco más de dos millones de derechohabientes, trabajadores y sus familias, que reciben un servicio deprimente, costeado con aportaciones propias, de los empresarios y del Gobierno federal.
Ahora, con la desaparición del Insabi y todo rastro del Seguro Popular, deben sumársele otros casi 700 mil nuevos usuarios mediante su esquema subsidiario; así, todos serán castigados con la misma calidad del IMSS tan conocida.
El centralismo del modelo ha puesto en la incertidumbre laboral a cientos de trabajadores. En buena medida, muchos gozan de la protección sindical que les brinda su trabajo formal en los Servicios Estatales de Salud, pero hay otros tantos contratados de forma centralizada que ahora no saben qué va a pasar con sus puestos.
La transferencia al IMSS-Bienestar, en un inacabado intento por universalizar los servicios de salud, tiene en esa vertiente laboral uno de sus peores fracasos.
Dos sexenios de esfuerzos -de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con todos los señalamientos por su incompetencia y hasta corrupción en diferentes áreas que puedan cargar- dieron como resultado la basificación de miles de trabajadores de la salud.
En 12 años, que abarcaron además gestiones estatales tan cuestionables como la de César Duarte y la de Javier Corral, fueron regularizados casi cinco mil empleados del sector que hasta antes de recibir su plaza estaban sujetos a contratos ilegales que les negaban, incluso, el básico derecho a la salud. Paradójicamente trabajaban como médicos y no tenían prestaciones en esa materia, menos seguridad social.
Vino la regresión con el Insabi y es lo que hemos visto en los últimos meses. Empleados corridos sin los mínimos derechos, condenados a eternos contratos trimestrales que, en esta ocasión, se les extendieron hasta finales de junio, hasta que pasen las elecciones.
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Si la cuestión laboral no fuera suficiente argumento para forzar una corrección del rumbo, las afectaciones a millones de pobladores y derechohabientes del IMSS sí deberían llamar a la reflexión profunda de los administradores de la salud en la gestión de López Obrador.
A nivel local, el IMSS-Bienestar, como organismo público descentralizado, no existe, no tiene representación ni directiva a cargo de su conducción.
El IMSS como tal, como lo conocemos antes de la deformidad que ahora se nos presenta, no maneja a nivel estatal ese nuevo monstruo.
En suma, el IMSS en sí está ahorcado, impedido siquiera para explicar cómo le va a hacer para atender a sus más de dos millones de derechohabientes contribuidores y sus familias, para los que no se da abasto; a la vez, debe ampliar sus capacidades para atender a otros 700 mil chihuahuenses que no tienen forma de contribuir con el sostenimiento del fondo médico del organismo y menos con los fondos de seguridad social.
Pero lejos de cualquier reflexión, lo que ha ofrecido la Federación es prácticamente confiscar la estructura médica del estado, compuesta de 23 hospitales y más de 200 centros de salud distribuidos por toda la geografía estatal, para adoptar el IMSS-Bienestar como modelo.
Esa es la mentada adhesión o no adhesión al IMSS-Bienestar, como antes lo fue al Insabi, en su modelo regresivo y centralista, mucho más burocratizado que aquel Seguro Popular que fue mochado a machetazos en 2019, sin evaluar siquiera los aspectos susceptibles de mejora.
¿El ofrecimiento a cambio de esta adhesión? Dar un servicio de la calidad del IMSS-Bienestar a todos los que hoy tienen posibilidad de atenderse en un mejor nivel con la infraestructura médica y los profesionales del sistema estatal de salud. Un verdadero castigo brutal la mera sugerencia.
No adherirse le ha costado al estado ser golpeado con cerca de 200 millones de pesos de recursos recortados de diferentes fondos del sistema nacional de salud, más lo que deberá invertir para sostener el Medi-Chihuahua, una especie de seguro médico estatal que puso en marcha Maru Campos desde febrero.
Pero adherirse podría costarle millones más, además de mucho, mucho sufrimiento humano más al ya padecido.
