Durante el pasado sexenio federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó modificar, entre otras, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); sin embargo, el Poder Judicial de la Federación (PJF) se interpuso para impedirlo, lo que resultó sumamente cuestionado. No obstante, como propuestas de campaña y como compromisos y acciones ya en el ejercicio de su encargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha retomado el dicho asunto.
De lo que ya han propuesto y/o manifestado ambos mandatarios —que incluyen múltiples aspectos—, seguramente de ahí surgirá la iniciativa que nuevamente se presente sobre el particular, con lo cual se pudiera estar de acuerdo en lo general, y en determinados temas se pudieran tener ciertas consideraciones.
Así como en 2014 el Instituto Federal Electoral (IFE) pasó a ser el actual Instituto Nacional Electoral (INE), con esas mismas facultades legislativas se está contemplando el surgimiento del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), como única instancia que asumiría la organización de los procesos federales, estatales y municipales, desapareciendo en consecuencia los llamados Organismos Públicos Locales (OPLES). Con lo anterior, además de reducir considerablemente costos y abonar así a la austeridad republicana, se concentrarían todas las actividades de las elecciones locales en la instancia nacional que prácticamente ejecuta el 80% de ellas y que, bien puede afirmarse, establece las directrices al 100%.
También se considera la eliminación de los tribunales estatales electorales, concentrando toda la materia jurisdiccional atinente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), algo que vendría a obviar tiempo, trámites y recursos, toda vez que una gran mayoría de las controversias locales son recurridas y turnadas a las salas Superior y regionales del citado tribunal federal, donde resuelven en última instancia.

En esa mencionada concentración total de funciones y actividades que recaerían en el INEC y en el TEPJF, si bien sería significativo el ahorro y optimización de recursos, no deben exagerarse adelgazamientos que pudieran poner en riesgo el adecuado y oportuno ejercicio de sus atribuciones. Respecto del actual INE, es en oficinas centrales donde se han observado considerables excesos, principalmente en el entorno de los consejeros electorales.
La elección popular de las y los consejeros y magistrados de tales instancias electorales (en estos últimos ya se ha aprobó la reforma constitucional y se acaba de presentar la iniciativa de reforma legal), con los procedimientos, convocatorias públicas y filtros idóneos, vendrán a evitar designaciones e influencias de los partidos políticos. Si algún acierto o desacierto resulta en su nombramiento, que sea consecuencia de la voluntad de los propios mexicanos, y no de cúpulas políticas, económicas y de cualquier otra índole.
Respecto del voto electrónico (o del uso de tecnologías de la información y comunicación), y a propósito de la elección de las personas consejeras que llegaran a integrar el INEC y de quienes se desempeñen como ministros, magistrados y jueces de todo el PJF (inclusive del TEPJF), en las propuestas se tiene prevista su implementación hasta el año 2030, pero sólo en un 25% de la votación. A nivel internacional y nacional, ya se cuenta con mecanismos y dispositivos sobre explorados y exitosos, con los cuales pudiera partirse para construir el modelo mexicano que ofrezca confianza y seguridad ante intervenciones indebidas, y que facilite la elección entre copiosas opciones.
La instrumentación del sufragio electrónico es de una alta urgencia y conveniencia, tanto para la democracia electoral como para la austeridad republicana, ya que abonaría sustancialmente a los principios que rigen la función electoral, como lo son la certeza, objetividad y máxima —y pronta— publicidad, en su caso. Se prescindiría de un oneroso y sinfín de papelería utilizada en las boletas, actas, manuales, cuadernillos, etc., así como del uso o destino cuantioso de combustible, vehículos, contratación de personal, viáticos, espacios requeridos para la instalación de las casillas, periodos de capacitación a funcionarios de casilla, duración y gasto de los cómputos municipales y distritales, entre otros.
Resultaría de fácil acceso, comprensión y operación para el elector y para quienes integran las mesas directivas de casilla, agilizando la emisión del voto y evitando la permanencia por largas y nocturnas horas en los trabajos posteriores al cierre de la votación (6 pm), proveyendo también a abatir la apatía ciudadana para participar en la recepción del voto. Con sólo oprimir uno o varios botones, en cuestión de minutos ya se tendrían las actas que deban firmar y obtener funcionarios y representantes de partido.
Otro aspecto de alta relevancia, lo es la eliminación de los 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores, que igualmente se replicaría con sus particularidades a diputados locales, regidores y concejales, para quienes se establecerían parámetros poblacionales objetivos que determinen su cantidad. De inicio, el prescindir de los referidos legisladores que fueron creados en tiempos y para circunstancias diferentes a las actuales —en la hegemonía de un partido político—, cuya figura ha sido desvirtuada para dar paso a imposiciones de privilegiados de las cúpulas partidistas, no afectaría a una función legislativa que busque dar voz a los intereses de los mexicanos. Lo que en su lugar ocurriría, es simple y llanamente le elección de representantes atendiendo a la auténtica voluntad del electorado, que puedan ser identificados y responsables ante determinada población y territorio.
En una colaboración posterior, se hará alusión a los mencionados cambios considerados para los congresos locales y para los ayuntamientos, además de la eliminación de la figura de la reelección, entre otras de las propuestas para la reforma electoral.