-Uso de la fuerza a revisión en accidentes
-Que van por el predial de municipios
-Parece que dolió el codo para copias

La soterrada polémica entre algunas alumnas y la directiva de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), por el contenido de los objetivos oficiales de la institución redactados con la mano pesada del patriarcado opresor, terminó con un cambio importante.
Mostramos en la edición digital de GPS las capturas de la página de internet oficial de la máxima casa de estudios, una de la semana antepasada y otra actualizada hace unos cuantos días, con variaciones ligeras pero muy relevantes.
Habíamos dado cuenta en este espacio, hace unos días, de que los fundamentos organizacionales de la UACH, en concreto sus objetivos vigentes desde 2018, eran causa de una creciente e interesante pelea, especialmente entre el círculo de los inquietos litigantes.
En la definición de su misión, valores y objetivos, conceptos de la administración básica en la era moderna, la máxima casa de estudios postula su responsabilidad social y el compromiso de abonar al desarrollo de la entidad.
Era el apartado de los objetivos lo que estaba en el centro de la discusión, a raíz de la petición de una estudiante universitaria. Buscaba cambiar la redacción excluyente y contraria al resto de los fundamentos incluyentes.
“Coadyuvar en la construcción de una sociedad con mejor calidad de vida, generar, aplicar y difundir el conocimiento, fomentar la cultura, el deporte y demás actividades que impulsen la formación de un hombre nuevo capaz de impulsar las transformaciones...”, decía hasta hace poco la UACH en sus objetivos enlistados.
La frase de “la formación de un hombre nuevo” era rechazada por machista y además obsoleta. Hace décadas que “el hombre” no es sinónimo de “la humanidad”, como era antes de la evolución del dominio masculino a un sano equilibrio.
Después de varias peticiones desatendidas y cuando comenzaron a saltar chispazos públicos, finalmente fue zanjada la polémica y corregida la redacción, para hablar de humanidad en concreto y no de “un hombre” ni otras acepciones excluyentes, como puede verse en las imágenes del sitio oficial universitario. Ni dio batalla jurídica el patriarcado de la UACH, mejor así.

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Es parte del procedimiento esposar a los conductores de automóviles que provocan lesiones o muerte hasta donde es sabido.
Lo hicieron los oficiales de vialidad el pasado domingo, cuando una mujer dio una vuelta sin percatarse de que venía a toda velocidad una moto, provocando que su conductora falleciera.
Lamentable el suceso que involucra a dos mujeres, la presunta responsable del accidente Claudia R. y la víctima del mismo, Cristina Ferrel, una joven mujer, cuyas condolencias aparecen por doquier en redes sociales.
La cuestión es que la ley nacional sobre el uso de la fuerza, prescribe un uso moderado de la misma.
Por ejemplo, evaluar la situación, evitar tratos o penas crueles, degradantes, no ocasionar daño al detenido, respetar su integridad física, haciendo un uso racional y proporcional de la fuerza.
Tendría que revisarse entonces el uso de esposas en la detención de conductores de automóviles, que, sin andar ebrios o intoxicados, por una imprudencia cometen un ilícito.
En el caso de la persona detenida, inclusive traía su ropa de trabajo, con logotipos de gobierno del estado; nunca intentó huir o se resistió de alguna manera a la autoridad. Iba al trabajo y cometió la imprudencia fatal, que ahora deberá pagar.
Incluso, hasta donde se sabe, su vehículo contaba con seguro de daños contra terceros, por lo que la reparación del mismo estaba garantizado, incluida asistencia legal, y las fianzas necesarias para evitar la cárcel.
Tal vez hasta Derechos Humanos debería intervenir para evaluar estas y otras actuaciones de la policía vial.
Son los artículos 21, 22 y 23 de la mencionada ley de uso de la fuerza, los que establecen lo anterior, pero el 24 no deja lugar a dudas de la proporcionalidad, cuando dice que “las instituciones de seguridad deberán abstenerse de ejercer el uso de la fuerza en contra de una persona detenida bajo su custodia, salvo que las circunstancias demanden la necesidad de su uso para el mantenimiento del orden y la seguridad o se ponga en riesgo la integridad de las personas”.
En el caso no se aprecia ninguna de esas circunstancias.

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Hay una propuesta en el tintero que dejó el exgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel Hernández, quien no pudo repetir por caer en desgracia en la parte final del gobierno de López Obrador y ser echado a un lado por la actual gobernadora de la institución, Victoria Rodríguez Ceja.
No sabemos si dentro de su política de congraciarse con la 4T, dejando a un lado los criterios técnicos que le valieron el castigo en el gobierno, pero dejó estas propuestas que son pelota caliente porque tienen que ver con una clarísima afrenta tanto a los municipios como a los estados.
Se trata nada menos que de regresar al cobro de la famosa tenencia vehicular, que fue eliminada en todas las entidades federativas, cambiada por algún impuesto de mucho menor monto y general, como es la revalidación vehicular.
La otra propuesta es que la federación se haga cargo del cobro y administración del impuesto predial, la única contribución fiscal que le permite respirar a los municipios y gozar de un poco de autonomía financiera.
Podrá decirse que al final de cuentas, el regreso de la tenencia no afecta a las entidades federativas, quienes ya cobran, como en el caso de Chihuahua, un impuesto vehicular.
Pero en el caso de los ayuntamientos, sería estocada mortal. Nada más en el 2023, el predial le dio al municipio de Chihuahua mil 133 millones de pesos, más del veinte por ciento de sus ingresos, la mitad que el recurso enviado por la federación.
Quitarles esos dineros a los municipios sería anular la poca autonomía financiera que tienen, dependientes de los recursos estatales y federales, todo ello bajo el argumento de que los municipios no saben cobrar dicha contribución, cuando por ejemplo Chihuahua ha dado muestras de todo lo contrario.

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Atrapada en su mentira quedó la diputada de Morena, Brenda Ríos.
Fue evidenciada por la titular de Transparencia y Gobierno Abierto del municipio, Amelia Martínez quien, a diferencia de la legisladora, mostró evidencia donde, en tiempo y forma contestó a la solicitud de la diputada.
Según Brenda, por parte del municipio existe una política de “transparencia a conveniencia” y obstrucción en el acceso a la información.
Lo que verdaderamente ocurrió es que le dolió el codo. Supimos que no quiso pagar por las copias que estaba solicitando, pues sólo las primeras 20 hojas simples son sin costo.
Con su señalamiento, es obvio que exhibe algo o mucha ignorancia en el tema de transparencia a pesar de haber sido funcionaria pública federal y dos veces legisladora.
El cobro por las copias viene inscrito en la Ley Estatal de Transparencia que es una homologación de la Ley Federal de Transparencia.
En el propio portal del gobierno federal, en su apartado de la Secretaría de la Función Pública, aparecen los costos y plazos para la reproducción de la información.
Nomás que el codo es el codo.