Creo firmemente en la igualdad entre el hombre y la mujer. El texto constitucional así lo establece y los hechos así lo confirman. Chihuahua es gobernado por una mujer que llegó a pesar de los ataques desde el poder perpetrados por un hombre perverso como lo es Javier Corral. La Ciudad de México tiene su tercera jefa de Gobierno. México eligió a su primera mujer mandataria entre las dos opciones políticas más viables que tenía, ambas mujeres.
En lo que no creo es en los privilegios para un género, llámese cuotas de género, o toda esa retahíla de argumentos que las feministas encumbradas utilizan para seguir ganando espacios políticos. Tampoco creo que el hecho de que una mujer gobierne haga una distinción en la forma de gobernar, pues lo que importa es la capacidad, no los genitales o el género con el que cada quien se asuma.
Indudablemente, el género femenino fue tradicionalmente subyugado por el masculino. Sin embargo, eso es cosa del pasado. Muestra de ello, insisto, es que ahora en México gobierna una mujer, una mujer fue (al menos hasta la semana pasada) presidente del Congreso (Ifigenia Martínez) y la Corte también es encabezada por una mujer. La mitad de las candidaturas que postulan los partidos políticos es de mujeres, entre otras razones que acreditan que las mujeres ya no están subyugadas como lo dicen.
La violencia contra la mujer es un problema en México, sin embargo, creo que el problema grave no es un problema de género pues en general, México es un país violento. En un país donde diariamente son asesinadas 100 personas, sin duda hablamos de un país que no puede contener la violencia. Es decir, son asesinados más hombres. En este punto es donde las feministas radicales atacan a personas como el que escribe, y argumentan “no ha entendido nada”. Quizás no, pero ellas tampoco. Es un hecho que mueren más hombres que mujeres en este México violento.
A partir de esa postura de “mea culpa” colectiva, México ha emprendido medidas que en cierta forma resultan draconianas, siempre con el pretexto de que hay que erradicar la violencia de género. Por ejemplo, la espada de Damocles llamada “violencia política en razón de género”. Esta herramienta ha sido utilizada únicamente para golpear a adversarios políticos, tratando de convertir cualquier acusación en un tema de género.
Si alguien señala a una mujer como partícipe de un acto de corrupción, basta que la acusada se convierta en acusadora apelando a la “violencia política de género”. Entonces, las autoridades en vez de investigar el acto de corrupción originalmente señalado, buscan coartar la libertad de expresión del hombre y lo catalogan como un violentador de género.
Por corrupción podemos entender muchas cosas: desde la distracción de recursos públicos, hasta el acceso a cargos públicos por medio de favores incluso sexuales. Pero si se denuncian, por más evidentes que sean, entonces el perseguido es el denunciante.
Es decir, en México ya no hay libertad de hacer señalamientos de corrupción si quien los comete es una mujer. Hay varios ejemplos de ello en nuestro entorno político. Por ende, ya no se puede debatir en libertad. ¿Se buscaba igualdad o se buscaba una posición ventajosa?
De manera reiterada he dado cuenta en este espacio de la denuncia de violencia política de género que presentó la exsenadora Bertha Caraveo en contra del entonces diputado Mario Mata. Caraveo acusó a Mata de corrupto; cuando Mata consideró que Caraveo era incapaz, fue sancionado por expresarlo. Esas son las prioridades del Estado mexicano.
En lo personal no temo ninguna de estas consecuencias, pues continuaré ejerciendo la libertad de expresarme y publicar lo que considere que es de interés público. Ninguna ley draconiana o decimonónica debe coartar la sagrada libertad de decir lo que a uno le plazca. Así es como se debe enfrentar este nuevo oscurantismo woke.
La senadora por Chihuahua, Andrea Chávez ha utilizado esa herramienta para golpear a sus opositores de manera constante. Periodistas, comunicadores, influencers y otros han sido denunciados por la senadora, mermando así la libertad de expresión de muchas personas.
Estas medidas, desde luego, van en detrimento de libertades por las que se luchó por años. Con el pretexto de la erradicación de la violencia contra la mujer, la clase gobernante llevó a cabo una especie de “pinkwashing” de las instituciones en el país, por lo que estamos en un Estado en el que no se puede hablar con libertad sin correr riesgos de ser sancionado.
Por otro lado, tenemos el ejemplo de la Ley Olimpia. Si bien la violencia digital en contra de las mujeres debe erradicarse, lo cierto es que el texto normativo de la sanción es muy amplio y vago, generando incertidumbre, situación que la convierte en una herramienta a cargo del Estado para sancionar detractores. Incluso la manipulación de imágenes con inteligencia artificial es sancionada. El espíritu de la norma debe ser mantener la intimidad de las personas en el ámbito de lo privado. Pero una manipulación de una imagen también es sancionada. Como diría el analista Pablo Majluf, estamos ante un Macartismo de género.
Por otro lado, el delito de violencia política en razón de género es también un catálogo muy amplio, que lejos de erradicar las formas de violencia contra la mujer, las pone en una posición de ventaja frente a sus colegas hombres en la competencia política.
Entonces no buscaban erradicar el ‘patriarcado’ del que tanto hablan, sino sustituirlo por un matriarcado de privilegios. La conclusión es que no se buscaba igualdad, sino una posición de ventaja frente a los hombres.
Mujeres al frente de gobiernos, congresos paritarios (e incluso, congresos con mayor número de mujeres), paridad en candidaturas, y en órganos colegiados, sean estos administrativos o jurisdiccionales. Todo refleja que en México ya estamos en un estado de igualdad. Y sin embargo, a pesar de ello, sigue habiendo herramientas que coartan libertades y que fungen como amenazas permanentes que impiden que el debate público se lleve a cabo con libertad.
Mientras el país sigue bañándose de sangre, un diputado federal electo es asesinado en Sinaloa y un alcalde es decapitado en Chilpancingo, el debate nacional sigue enfocado en si le llamamos a la mandataria “presidente” o “presidenta”. El “Llegamos todas” si bien refleja una conquista de las mujeres en el acceso al poder, parece olvidar que lo importante no es que llegara una mujer al poder, sino que esa persona dé los resultados que se esperan de un gobierno, al margen de su género. De nada sirve distinguir el género de un gobernante si los resultados no avalan a esa gobernante.
Personajes como Amalia García, Rosario Robles, Beatriz Paredes, María de los Ángeles Moreno o Griselda Álvarez llegaron al poder sin necesidad de ninguna herramienta equilibradora en el ecosistema político mexicano. Si bien enfrentaron a un sistema opresor de las mujeres, destacaron en sus respectivas carreras políticas. Las medidas de equilibrio de género tuvieron lugar a partir de un pasado complejo para las mujeres. Creo que ese pasado ya está erradicado. Ahora, con tal de cumplir cuotas aritméticas, parece que lo importante es el género y no la capacidad.
En materia judicial tenemos figuras como la violencia vicaria, y los lineamientos para “juzgar con perspectiva de género”. Esto incide en una inequidad procesal cuando en teoría, conforme a la Constitución, el hombre y la mujer son iguales ante la ley.
Muchas de las medidas antes descritas (tanto las herramientas para erradicar la violencia de género como las cuotas de género) ya cumplieron su función y es momento de empezar a debatir su permanencia o su expulsión del marco jurídico actual. De otra forma, podemos válidamente concluir que no estamos en un sistema de igualdad, y que no era la igualdad lo que se buscaba, sino compensar una discriminación histórica en perjuicio de la mujer con una discriminación histórica en perjuicio del hombre, misma que apenas empieza.