-Otro reclamo indígena a Seech
-El espéreme Lic. en juzgados federales
-Casi blindaje a maletas de GN
Un pacto entre capos del Cártel de Juárez, de los trasladados del Cereso 3 al de Aquiles Serdán, y líderes regionales del Cártel de Sinaloa, derivó, entre muchas cosas más, en el asesinato del expolicía estatal José Eduardo G.G, alias “El Guachochi”, ocurrido el 21 de julio de este año.
La víctima, detenido semanas antes en Guachochi por colocar narcomantas amenazantes, pagó lo que una facción del grupo criminal de Sinaloa acordó con los rivales de Juárez, con los que terminó aliándose para pelear el control de aquel municipio y sus alrededores. Esos que pactaron con unos fueron vistos como traidores por los otros, obviamente.
Debe recordarse que “El Guachochi” fue asesinado apenas tres días después de la más sangrienta emboscada a las puertas de la prisión estatal, donde fue abatido “El Largo Pol”, otro cabecilla del mismo Cártel de Sinaloa, pero en el contexto de otra batalla, sin relación aparente alguna.
Ahora que han avanzado las investigaciones, nos reportan que en efecto no hay conexión entre el ataque afuera del Cereso y el asesinato del expolicía en el interior poco después.
Resulta que meses antes, gente de “Los Reyes”, liderados por Reyes G.C, viejo mando de los de Sinaloa en la sierra, desplazado por su propia organización criminal, acordó algunos intercambios con los de Juárez, para disputar todos los negocios ilegales en la capital turística de la Sierra Tarahumara.
Ahí estuvo el origen de una confrontación que tuvo varios episodios: la psicosis previa al Ultramaratón de los Cañones en Guachochi; y la detención de tres sujetos, entre ellos el expolicía estatal y Arturo H.P, hermano de Alberto H.P, otro líder de facción del Cártel de Sinaloa apodado “El Cheyene”.
Otro episodio ligado fue el segundo ataque a balazos fuera del Cereso, en agosto, contra el hermano de “El Cheyene” y otros dos sujetos que recién habían recuperado su libertad.
“El Cheyene”, como es conocido, lidera al grupo que está en guerra con Guadalupe L., alias “El Palapas”; ambos tienen asolada la región desde hace meses, pero además, hay evidencia, como parte de las investigaciones, que el primero hace tiempo “renunció” a ser del Cártel de Sinaloa, lo que aprovechó el de Juárez, que tiene en “La Línea” y “La Empresa” sus principales apuestas.
Eso ha llevado a concluir, pues, que la pugna en Guachochi rebasa el pleito interno entre facciones de un cártel. En los hechos ya está metido el otro con gente, armamento y dinero, lo que es tomado en las áreas de seguridad federales y estatales como una señal de mucha alarma para aquella región.
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Otra vez hay agitación en el gremio de los educadores indígenas, porque siguen las arbitrariedades del jefe del esta área en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), Marco Antonio Parra González, quien suma decenas de señalamientos que han topado con pared en la dependencia.
Como es conocido, Parra se hace pasar por indígena sin hablar alguna lengua de las etnias de la entidad y tiene varias denuncias ante la Función Pública de parte del área de Educación Migrante por abuso de poder. A todo han hecho oídos sordos las autoridades educativas.
Pero, además, el funcionario no ha resuelto casos de denuncias de abuso sexual del jefe de sector Fidel López, quien ya cuenta con varias denuncias; en vez de sancionarlo, lo cambió de Tomochi, Guerrero a Turuachi, en Guadalupe y Calvo, donde no tarda en volver a las andadas.
Para colmo, el ya muy denunciado Parra tiene autorizado el privilegio de seguir como maestro de la Universidad Pedagógica Nacional, función que prometió dejar al tomar el cargo de jefe del departamento.
El problema no es que vaya o no a las aulas, sino que por esa labor tenga tan descuidado su encargo en Seech, ya que viaja constantemente y en días laborales, abandona su función y obstruye los trámites administrativos por falta de firma. Y todo en complicidad con la maestra Nubia González González, secretaria de Trabajos y Conflictos de Educación Indígena del SNTE.
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El voto del panismo de la capital y en todo el estado de Chihuahua, ya está bien definido por el candidato al CEN del PAN, el gustavomaderista Jorge Romero. El mismo alcalde Marco Bonilla se pronunció a favor del diputado con licencia y si el líder ya marcó la directriz, esa van a seguir todos los demás.
Jorge Romero, comprobó el liderazgo que tiene el PAN en el norte, principalmente en la capital, donde los oradores que participaron en mitin azul, reconocieron a Bonilla como un político de calle y no de escritorio y lo pusieron de ejemplo, como acción urgente que debe recuperar el partido.
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Empezaron los actuarios a hablar por teléfono para contactar a los litigantes en relación con notificaciones pendientes de los asuntos que estuvieron dos meses y unos días detenidos con motivo de las protestas por la reforma judicial.
Algunos abogados desesperados llegaron a los juzgados y tribunales federales ubicados en la Washington para tratar de revisar expedientes e incluso presionar para la emisión de sentencias pendientes.
La mayoría de ellos recibieron una sonrisa como respuesta y un “espéreme Lic.”; hubo amabilidad, hasta eso, pero los asuntos estuvieron congelados durante todo este tiempo, sin moverse un milímetro.
Hay optimismo en que a la vuelta de un par de meses podrán regresar a la normalidad con los trabajos pendientes en miles de expedientes rezagados, pero la realidad indica que cuando menos habrá que esperar seis meses, sino es que más, porque los asuntos que no fueron recibidos por carecer de urgencia, estarán cayendo a la oficialía de partes para de ahí ser asignados, e incrementar el volumen de trabajo.
Entonces tendrán que armarse de paciencia los litigantes, porque con desesperarse nada ganan, con un detalle más, que los jueces y magistrados en su mayoría decidieron renunciar o bien, solicitar su pensión adelantada conforme las facilidades otorgadas por el Consejo de la Judicatura.
En junio serán las elecciones y en agosto vendrá la sustitución, por lo que quienes lleguen -literal- serán agraciados con la rifa del tigre, con sueldos castigados, una sobrecarga de trabajo y cero experiencia -salvo contadas excepciones- en la integración, desahogo y sentencia de voluminosos expedientes.
Más les vale que el personal técnico permanezca, porque de otra forma habrá un colapso en el sistema judicial como no se había visto nunca.
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Tenemos foto de mediados de semana, donde elementos de la Guardia Nacional son trasladados a quien sabe qué cuartel.
Son varias camionetas pickup, cuando menos cuatro, atestadas de maletas, en una gasolinera localizada exactamente enfrente de las oficinas estatales de la corporación militar.
Va el equipaje del personal debidamente escoltado hasta por cuatro elementos por unidad policiaca, algunos sentados como pudieron entre las mismas maletas.
Lo peculiar es que no solo iba el equipaje, sino hieleras, abanicos y algunos otros objetos que no pueden distinguirse a la distancia.
Pésimas las condiciones de traslado de estos bienes, imaginemos en qué va el personal de tropa de la GN, y al lugar donde va.
Al parecer no todos los cuarteles han quedado debidamente acondicionados, y algunos de los que aparentan estar muy bien con pintura por fuera, son puro cascarón.
No hay informe reciente de las condiciones en que se encuentran los cuarteles, ni tampoco cuántos de ellos están terminados.
Aquí en el estado se hablaba cuando menos una veintena, aún y cuando hubo anuncios de que habría un cuartel por municipio, por lo que al parecer la meta está muy lejos de ser completada.
