-El dolor de cabeza de firmas falsas

-Reunión con alcaldes “desairada” surgió de la GN

-Era viejito el Bell que cayó en presa


El enfrentamiento del pasado viernes entre presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa y la Guardia Nacional, con saldo de un muerto y cinco detenidos, parece haber confirmado un interesante patrón de algunos niveles de áreas gubernamentales de seguridad.

Dicen que cuando intervienen las corporaciones en algún operativo importante contra cierto grupo, generalmente es por pitazo, favor o exigencia de una facción del grupo criminal conocido como Gente Nueva, que tiene las suficientes conexiones para mover piezas a su antojo.

Supuestamente está de fondo, en ese enfrentamiento, el delito de robo de hidrocarburos, conocido popularmente como huachicoleo.

En la atención a ese delito habría de enmarcarse la actuación de los guardias nacionales, que dieron de baja a uno de los presuntos sicarios y lograron la rendición de otros cinco, todos jóvenes: Miguel Ángel R. V., de 18 años de edad; José Guadalupe Q. Q y Jesús N. A., ambos de 23 años; José Fernando A. G., de 24 años y Pablo F. M., de 30 años de edad.

Por cierto, informan a GPS que esa nogalera-granja la vendió un empresario de apellido Almeida a otro empresario de apellido Hernández, quienes manejarían actualmente una de las lucrativas aduanas federales del estado.

¿Denunciarían los hechos ocurridos en su propiedad?

El grupo delictivo fue identificado como parte del Cártel de Sinaloa, o una facción afín, y consignado al Ministerio Público Estatal para imputarle los delitos de posesión de vehículo robado, dado que andaban en una Silverado con reporte previo de hurto en Chihuahua; así como por homicidio en grado de tentativa y la posesión de nueve armas de fuego, por lo que podría derivarse también una acusación en el fuero federal.

Del huachicoleo nada, por ahora. Así que también es creíble la versión de que el fondo del enfrentamiento y detención, aunque haya algo de verdad en ese delito con tendencia al alza, está algún pitazo o favor que haya pedido la facción dominante de la Gente Nueva, contra algún otro grupito del mismo cártel.

Esa facción dominante debe tener una nómina bastante abultada, que incluya no solo corporaciones locales y estatales, sino también a la principal agencia preventiva nacional. Tan abultada, además, que hasta de oficio es perseguido otro grupo rival, el de La Empresa, del Cártel de Juárez. Sería como el piloncito.

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Contrario a lo sucedido en esa nogalera, nuevamente el trabajo de inteligencia y el patrullaje en calles de los elementos de la Policía Municipal, lograron dar con uno de los presuntos responsable del asesinato de las cuatro personas ocurrido el sábado en la colonia Lealtad II.

Movilizaron a la corporación para detener a los responsables, que se llevaron la vida de una joven de 14 años y en menos de 24 horas, ya había un presunto responsable detenido.

Durante la semana, el alcalde Marco Bonilla ya había señalado que los generadores de violencia en la capital, provenían de Juárez y Durango. En el caso de esta persona, justamente su origen era la frontera de Chihuahua.

La Policía Municipal ya hizo su trabajo, pero le tocará a la Fiscalía General del Estado iniciar con las indagatorias para determinar si el capturado está relacionado con otros hechos delictivos y echarle guante a los cómplices.

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Hubo capacitación para abogados y funcionarios del Poder Judicial del Estado por parte de la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopia, que desafortunadamente fue poco aprovechada; apenas había una treintena de asistentes en el salón y un par de decenas en línea por video conferencia.

Vino la misma presidenta y Directora General de la Barra, Maritza Morales, acompañada de sus colaboradoras responsables regionales de la organización de peritos, Diana Perea e Iliana Irigoyen, quienes encabezaron la capacitación.

Hicieron hincapié en la necesidad de una mayor apertura de trabajo tanto del Juez, del abogado como del propio perito para lograr esclarecer la verdad, ya que muchas veces solo se busca obtener un resultado sin esclarecer la verdad, por lo que es necesario atender los razonamientos.

Por parte de los funcionarios penales las dudas versaron sobre los alcances de la periciales en documentoscopía y grafoscopía en materia penal, como, por ejemplo, escenas de crimen o narcomantas, para el mejor aprovechamiento en las indagatorias.

Surgieron otros temas, como que en materia mercantil es urgente una reforma legal que privilegie esclarecer la verdad en vez de atender plazos para presentar la pericial, que son muy cortos.
La Barra está en estos momentos preocupada por el abuso de firma, qué es una situación recurrente y frecuente. El ejemplo claro ocurre en los juicios laborales, en donde en muchas ocasiones la firma del trabajador es puesta en hojas en blanco y sobre ellas imprimen.

Hay ahí un fraude procesal y alteración o falsificación de un documento privado. Una pericial que demuestre la existencia de ese abuso es muy cara, porque se trata de establecer el tipo de contenido del documento y la firma, no solo la firma como las juntas locales de conciliación piensa, en claro perjuicio del trabajador.

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De los 17 alcaldes morenistas o de la coalición Juntos Haremos Historia, cuando menos identifican a cinco que estuvieron en la reunión con la gobernadora Maru Campos, el pasado dos de septiembre en el Salón 25 de marzo.

Lo anterior, por el chisme de que habría existido un vacío a la titular del ejecutivo estatal, el cual de ser cierto habría sido también realizado en contra de la Guardia Nacional, que fue quien inició la convocatoria.

Así quedó revelado ese mismo día, que fue el comisario jefe de la corporación federal, Fernando Colchado, quien propuso realizar el ejercicio con los alcaldes.

Pero, además, la grosería de ausentarse por motivos políticos, hubiera sido también para el delegado del Bienestar Federal, Rafael Mata; así como para los comandantes de la Quinta y 42 zonas militares, generales Rubén Zamudio, Matías Alejandro Silva Hernández; o para Armando Juárez Bejarano, jefe de la Estación del Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno Federal, antes CISEN.

Los alcaldes que nos aseguran estuvieron -a reserva de que otros también hayan estado- fueron Omar Escorza, de Ignacio Zaragoza; Francisco Muñoz, de Jiménez; Omar Lazo de Temósachic; Bartolo Moreno, de Guazapares; y Juan García, de El Tule.

La reunión de hace seis días tuvo como propósito atender una recomendación de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de no politizar precisa e irónicamente el tema de la seguridad.

Ese fue el mensaje central por cierto de la gobernadora Maru Campos, demostrado con la presencia de autoridades federales pintadas de guinda, así como alcaldes morenos.

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El helicóptero que cayó al agua hace apenas unos días, cuando el piloto daba clases a un elemento de la Guardia Nacional, capacitándolo en combate a incendios, dio servicio en años pasados a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Se trata de la nave con matrícula XA-AFK, que estuvo en servicio en Juárez durante un tiempo, dando apoyo a las células mixtas, en operativos de seguridad.

El helicóptero es un Jet Ranger III, Bell 206B, operado por transportes aéreos Sierra Alta, modelo 1974, ya es viejito, de acuerdo con información que encontramos.

El registro del incidente ocurrido el pasado cinco de septiembre, ya puede ser consultado en la página Aviation Safety Network, que es una base de datos que recopila este tipo de información y es de libre consulta.

La información fue recopilada para dicha página de medios de comunicación, pero con el dato equivocado de que el accidente, donde hubo tres lesionados, ocurrió en La Boquilla, cuando sucedió realmente en la Presa Chihuahua, en esta ciudad capital.