-Otra corralista tras CEDH y magistratura
-Alargan agonía por gusano
-Habría sido propuesta guinda en el IEE

En el vergonzoso caso de la estafa financiera de Vitas no dejan de brotar sorpresas, como la aparición del abogado Juan Pablo Delgado, presentado en calidad de defensor del exdirector de la empresa, Carlos Alberto V.C., en las causas penales instruidas en la capital por la denuncia de 10 víctimas.
Delgado Rentería fue quien pretendió, sin argumento alguno más que su capricho, cerrar al público la audiencia de formulación de imputación realizada al comienzo de esta semana en Chihuahua, pero el juez Alberto Simental rechazó su petición, por inoportuna.
Más que su solicitud alejada de la realidad y de los principios que rigen el sistema de justicia penal, lo que llamó la atención entre los agentes del Ministerio Público que traen los casos de estafas financieras en la entidad, es que el litigante es personaje público. O al menos era hasta hace poco.
Resulta que Delgado fungió como delegado de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo hasta finales de 2022, cargo al que llegó en 2019 como parte de los cambios -hechos con machete y no con bisturí- del inicio de la 4T, con el presidente Andrés Manuel López Obrador a la cabeza.
Durante ese tiempo, el funcionario federal enfrentó algunas polémicas laborales del sector público federal y del privado que es regulado a ese nivel.
Incluso, como muestra el registro de una nota informativa del lunes 18 de marzo de 2019, en una ocasión presentó una demanda formal porque su casa y su vehículo fueron baleados, presumiblemente por temas relacionados con su actividad profesional y pública en la instancia federal.
Lo llamativo no es que sea exfuncionario y abogado ligado a la 4T el defensor del acusado por la estafa piramidal de Vitas, sino que ahora ande en el litigio penal en una causa muy compleja, cuando es considerado especialista en el ramo laboral. Incluso, dicen que participó sin éxito en el proceso de selección de jueces laborales cuando esta rama pasó a los tribunales del Poder Judicial.
Los defensores de Carlos Alberto no han dado pie con bola ni aquí ni en Juárez; aunque en parte es por la complejidad del caso con cerca de medio millar de víctimas y denuncias, parece que no le ayuda mucho a su causa la falta de abogados especializados.

***

Flor Alejandra Corral Requejo quiere presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pero su paso por el Tribunal Superior de Justicia del Estado deja más dudas que certezas en cuanto a sus méritos.
En 2022, nos reportan, fue denunciada por entorpecer una investigación en materia de derechos humanos; omitió responder solicitudes clave cuando era directora del área.
El caso escaló tanto que un juez federal ordenó a la Unidad de Responsabilidades Administrativas dejar de retrasar el procedimiento, ya que su omisión impedía integrar debidamente el expediente.
Hoy, desde el Tribunal Mixto de Género, hace proselitismo en favor de su esposo —aspirante a magistrado penal— violando la Ley Electoral.
Ahora lo apoya públicamente, cuando meses antes se declaró en contra de las reformas al Poder Judicial, con el argumento de que ponían en riesgo la capacidad de quienes llegarían a esos cargos. La coherencia quedó en entredicho.
Detrás de ella, aseguran, está el expanista senador Javier Corral, quien usó a Morena como trampolín político para llegar al Senado.
Ya impuso a una magistrada en el Tribunal Estatal Electoral y no es la primera vez que intenta colocar a Flor Corral: en noviembre de 2020, durante la renovación de magistraturas del mismo TEE, hizo todo lo posible por posicionarla sin éxito. Hoy lo intenta de nuevo, pero con más poder e influencia. Al menos es lo que presume.
¿El Congreso permitirá esta imposición? Los derechos humanos no pueden quedar al servicio de intereses personales ni de pactos disfrazados de méritos, dicen entre los legisladores que, por cierto, hoy deben integrar la terna para la CEDH que habrá de votarse la siguiente semana.

***

Por un momento pareció que el asunto tratado en la Segunda Sala de la Suprema Corte en la ponencia de Alberto Pérez Dayán, era el punto final a la controversia interpuesta por Presidencia de la República en contra de las acciones adoptadas en Chihuahua para prevención del gusano barrenador.
Nada más lejano que la realidad, ya que la determinación sólo fue reiterar la negación otorgar la suspensión, en los mismos términos en que fue decretada por el ministro instructor de la controversia constitucional firmada por Ernestina Godoy, la asesora jurídica de Presidencia de la República.
Confirmaron los ministros integrantes de esta sala que su colega, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, estuvo en lo correcto al momento de negar la suspensión solicitada en dicha controversia.
Quería el gobierno de la República que las medidas preventivas para proteger el ganado chihuahuense dejaran de aplicarse de inmediato, y que fueran suspendidas, permitiendo entrar a la entidad ganado sospechoso del peligroso gusano barrenador.
Esa petición del gobierno federal es por lo menos ruin, toda vez que al territorio nacional ingresó el gusano barrenador por malas prácticas de entidades sureñas y de la misma Federación.
Lamentable sería impedir a Chihuahua protegerse de ese dañino gusano, que provocó en diciembre el cierre de la frontera a la exportación de ganado en pie y que aún no logra restablecerse a la condición anterior, porque el gobierno norteamericano impuso medidas más severas que han ralentizado la exportación.
Lejos estamos aún de llegar a los niveles de exportación diarios de ganado, para lo cual han estado trabajando la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y el Gobierno del Estado, junto con el gobierno del otro lado del charco.

***

El morenista, Genaro García Martínez, funcionario del Instituto Estatal Electoral, asignado directamente a la presidencia del órgano electoral, será integrante de la comisión de selección que deberá elegir a los próximos integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Increíble, pero la versión que nos llega es que Genaro fue precisamente cuota de Morena, en los espacios que pidieron al interior de la comisión de selección.
Hizo honor a la imagen que publicamos hace unos días, donde departía alegremente con sus amigos guindas.
Es un cargo honorario en el que durará tres años y será encargado -junto con otras personas- de evaluar y elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
Son nueve personas quienes conforman la Comisión de Selección, y como en todo, hubo repartición entre el PAN, PRI y Morena.
Quedaron integrados a la Comisión Viviana Márquez Corral, Carlos Murillo Martínez, Jorge Antonio Breceda Pérez, Irvin Gustavo Arriola Corral, Genaro Alonso García Martínez, Antonio Ríos Ramírez, Ivonne Juárez Barco, César Ramos Medrano y Gloria Eloísa Limas Balderrama.
La convocatoria para inscribirse en el concurso ya fue publicada y están corriendo los tiempos. De hecho, ayer cerró el plazo de inscripción de 20 días hábiles a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.