“Nadie que hubiese caído en las manos de la Policía del Pensamiento podía escapar al final”
George Orwell, 1984

Ciudad De México.- "El gobierno ni espía ni censura", dijo ayer José Antonio Peña Merino, Pepe Merino, director de la Agencia de Transformación Digital. El artículo 183 de la nueva Ley de Telecomunicaciones, explicó, es igual al 190 de la legislación aprobada en 2014 por el PRI y el PAN. Olvidó comentar que la izquierda votó en contra.
La entonces diputada Luisa María Alcalde afirmó en 2014 que, con la iniciativa de Peña Nieto, "cualquier instancia de seguridad y procuración de justicia. pudiera brincarse la Constitución y ordenar la geolocalización en tiempo real, el bloqueo de señales y el almacenamiento de datos personales sin mediar investigación previa ni requerir la autorización de un juez". Gobierno y PAN prometieron echarse para atrás, pero "en un insulto a la inteligencia ciudadana maquillaron lo evidente y dejaron todas estas figuras en los artículos 189 y 190". También los diputados Loretta Ortiz y Ricardo Monreal se opusieron a esa ley.
El cuestionado artículo 190 sobrevive en el 183 de Merino, que obliga a los concesionarios de servicios de telecomunicación a "colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes". No se menciona ninguna una orden judicial. Otras leyes están siendo modificadas para facilitar que los organismos del Estado tengan acceso en tiempo real a datos y ubicación de cualquier persona.
La Ley de Telecomunicaciones obligará a las empresas de telefonía a recabar los datos biométricos de quien contrate una línea; la Ley de Población ordenará a los gobernados obtener una CURP con datos biométricos para realizar cualquier trámite; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional darán a esta institución la facultad de intervenir comunicaciones privadas y realizar operaciones encubiertas, no en una averiguación judicial, sino en una investigación preventiva.
Ya la Unidad de Inteligencia Financiera registra y analiza las transacciones financieras sin respeto al secreto bancario y sin orden judicial, y el gobierno ha utilizado la información para propósitos políticos. La senadora Malú Micher argumentó el 28 de junio que es "un cinismo" decir que un gobierno de Morena podría espiar: "Se están equivocando de sexenio, ¿eh? No somos iguales". Pero López Obrador divulgó con cinismo información personal de periodistas críticos, como Carlos Loret de Mola, y la información de la UIF sirvió para forzar la renuncia del ministro Manuel Medina Mora.
El gobierno ni siquiera está protegiendo bien los datos que tiene a resguardo. En enero de 2024 se filtró información personal de los periodistas y propagandistas que se registran para la mañanera. En 2022 fueron hackeados seis terabytes de archivos digitales de la Secretaría de la Defensa.
Independientemente del espionaje, la nueva Ley de Telecomunicaciones tiene medidas de censura, como ordenar a los periodistas a distinguir entre "información" y "opinión", lo cual puede ser imposible y además se aplicará de forma distinta a comunicadores independientes y oficialistas. Permite también cancelar concesiones tras un apercibimiento o por razones de interés público.
La iniciativa de telecomunicaciones eliminó medidas intolerables, pero sigue representando, junto con otras leyes aprobadas al vapor, riesgos de espionaje, violación a la privacidad y censura. Si este gobierno ni espía ni censura, ¿por qué construyó un sistema de leyes amenazantes en albazos, sin permitir a los legisladores leer y analizar las leyes?
Dólar
El peso se fortaleció 10 por ciento frente al dólar en el primer semestre de 2025. No hay que olvidar, sin embargo, que el dólar se depreció 10.8 por ciento frente a las principales divisas.

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