Ciudad de Méxic.- Está más que claro que en una sociedad democrática los mandantes son los ciudadanos y los gobernantes son los mandatarios, es decir estos últimos son a los que mandan; pero todo indica que es al revés: ellos mandan y nosotros obedecemos.
Nuestros empleados, de pronto se convierten en los patos que les tiran a las escopetas y determinan que se les puede decir, cómo se les puede decir y hasta el tono en el que quieren leer o escuchar lo que se les dice.
El empleado se ha revelado y ahora intenta callarle la boca a su empleador con leyes donde censura expresiones, en un “fuera máscaras” empieza a aparecer el autoritarismo que a todos nos pega y que a nadie gusta.
Le expongo unos casos y el tratamiento que el gobierno federal le viene dando.
En este espacio ya hemos abordado el caso del periodista de Campeche, Jorge Luis González Valdez, quien fue sentenciado por un tribunal de aquella entidad a dejar de ejercer el periodismo por dos años, cerrar la edición digital del portal “Tribuna”, pagar una indemnización de dos millones de pesos y todo porque la gobernadora Layda Sansores lo demandó por calumnias y violencia política en razón de género.
También le hemos platicado lo que acontece en Puebla, allá el Congreso local aprobó una ley contra el ciberacoso, pero en ella incluyeron prohibir insultos a ciudadanos y también al gobernador de esa entidad; con esto resulta que ahora el gobierno define lo que es un insulto y con ello coarta la libertad de expresión al criminalizar las críticas que se puedan verter en su contra desde espacios periodísticos pero también por ciudadanos que se manifiesten a través de las redes sociales.
En Sonora, la ciudadana Karla Estrella fue sentenciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial por violencia política en razón de género que supuestamente ejerció en contra de la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, esto luego de que el esposo de la legisladora, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna presentara la denuncia correspondiente.
El posteo que emitió Karla Estrella más parece un señalamiento de nepotismo que un ataque político en razón de género, pero los magistrados del Tribunal fueron muy “avezados” y ellos determinaron interpretar a su muy particular modo de entender el texto, que la señora Estrella en realidad lo que quería era violentar a la diputada, que en ese entonces era candidata, cuando el post ni siquiera hacía alusión o citaba el nombre de la susodicha legisladora.
Siempre hemos señalado que la llamada violencia política en razón de género, no tiene elementos objetivos para aplicarse y todo se define en base a subjetividades de quienes interpretan la ley, eso implica que mujeres y hombres en política utilicen sus influencias para escarmentar a aquellos que los cuestionan, para ir en contra de quienes se mofan de las estupideces que proponen desde los cargos públicos que ostentan y todo eso termina en injusticias y en una libertad de expresión que termina siendo violentada por la censura institucionalizada.
Pero como si no faltaran casos, ahora resulta que el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera compró boleto para ser considerado uno de los censores más intimidantes de México.
Resulta que el martes pasado, en el Museo del tequila, ubicado en la
zona urbana de Tequila, Jalisco se estaba llevando a cabo un operativo de seguridad pública donde participaban diversas corporaciones policiacas, estaban en la vía pública, sin delimitar con cintas amarillas el espacio que se debía reservar como zona de operaciones y mucha gente grababa las escenas con las cámaras de sus celulares.
Justo en ese momento llegó el camarógrafo Jorge Alberto García Rodríguez, trabajador de la empresa Televisa, quien se dispuso a tomar las imágenes con su equipo profesional, pero policías municipales se le fueron encima, le taparon la lente de su cámara, los esposaron y lo llevaron detenido a las celdas de seguridad pública donde fue “fichado”.
Lo tuvieron detenido por 90 minutos para finalmente ser liberado.
La detención del camarógrafo Jorge Alberto García Rodríguez no fue casual, ni tampoco tiene que ver con el operativo, lo que sucede es que Diego Rivera Navarro, el presidente Municipal de aquella población Jalisciense decidió convertir el Museo Nacional del Tequila en su residencia particular.
Si el presidente López Obrador vivía en un palacio, el alcalde de Tequila bien puede vivir en un museo y desde ahí despachar.
Justamente de eso trataba el operativo: la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Guardia Nacional realizaban un cateo en torno al museo, el cual fue cerrado arbitrariamente por el alcalde Morenista, Diego Rivera Navarro y desde octubre pasado está sin abrir bajo el argumento de que se está remodelando.
Lo que Diego Rivera quería evitar era que el camarógrafo tomara las imágenes que ilustrarían el cateo y los eventuales bienes que pudieran ser encontrados al interior del inmueble, lo cual documentaría la forma como el alcalde se apoderó de las instalaciones del Museo Nacional del Tequila.
Luego de ese desaguisado, Diego Riviera Navarro está metido en un tremendo problema: trae problemas internos con Morena, es investigado por la FGR y es un censor que mete a la cárcel a los camarógrafos y para colmo de males también es un “mirrey” autoritario, tanto como lo son; el diputado Sergio Gutiérrez Luna, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
A todo esto, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo atendió el tema de manera trivial y minimizándolo, de entrada y sin atender estos casos, dijo que en México se respeta la libertad de expresión al mismo tiempo que calificó el clamor en contra de la censura institucional como un tema de moda que se utiliza para golpear a su gobierno.
Al parecer desde la tribuna de las conferencias mañaneras no se alcanza a percibir que no se están inventando quejas, que los hechos están hablando por si mismo y que las acciones de algunos gobernantes son un mal ejemplo que paulatinamente se va extendiendo; pero lo más grave es que todos los actores tienen como elemento en común que forman parte de la Cuarta Trasformación.
Pero a pesar de lo evidente, todos dicen ser respetuosos de la libertad de expresión.