Vamos a un tremendo desbarrancadero institucional con la elección judicial.
Porque implica someter a los integrantes de este Poder público a gravísimos riesgos, absolutamente insuperables, no sólo en una situación “normal” (aquella en la que el país no estuviera sometido a las gravísimas crisis de inseguridad pública y de aplicación de justicia) y en la que extensas zonas del país están bajo una intensa refriega entre las fuerzas del orden y las bandas del crimen organizado.
En esas zonas no se trata solamente de las áreas territoriales, sino, también, de las instituciones y agrupaciones de la seguridad pública.
En disputa se encuentran, además, de las rutas del tráfico de drogas; dinero, sustancias precursoras; control de diversas mercancías y productos, etc., además, las policías municipales, estatales, fiscales, jueces (especialmente los del fuero común, pero no solamente) y magistrados.
El control de áreas territoriales por los criminales se evidencia en los múltiples reportes de las policías y autoridades policiacas, de todo tipo, en los que informan de que determinada banda ‘controla’ una zona de alguna ciudad, entre las cuales se encuentran no pocas capitales estatales.
Luego de casi mes y medio de campañas, tanto para los candidatos como para sus amigos, seguidores, simpatizantes, además de los integrantes de la academia y de las organizaciones derechohumanistas, -para no hablar de la que ahora se le denomina, peyorativamente, comentocracia- es evidente el enorme error que cometeremos como sociedad.
No solo se sometió al Poder Judicial a una situación contraria a su viabilidad, sino también al ejercicio libre de su actividad, lo que se traducirá en graves quebrantos a la aplicación de justicia pues no solamente accederán -muchos- a esos cargos, que no estarán capacitados y a los que les hará falta, en muchos casos más, la necesaria experiencia de haber transitado largamente en la carrera judicial.
Factor central en la construcción de una democracia, liberal como es la nuestra, es el hecho de que los ciudadanos opten entre distintas propuestas, y en uno como el existente en prácticamente todas las democracias en el mundo, es a través de las propuestas partidarias, o sociales, construidas precisamente a partir de la expresión de numerosas ciudades que han optado por candidaturas ‘independientes’ o, como en otros países, a partir de la conformación de una propuesta ciudadana.
Ese es el otro gran problema de una elección como a la que iremos. Solo un ínfimo número de electores está, no solo en condiciones de acceder a la información de los candidatos, sino en el interés de buscarla para decidir por quien votar.
Y si en una elección ‘normal’ el número de participantes es bajo, en condiciones como la del 1 de junio lo será aún más.
¿Eso necesitamos para ‘fortalecer’ la aplicación de justicia en Mexico? ¿Con ello erradicaremos la corrupción?
Bueno, si para acceder y decantar la información de las candidaturas las herramientas personales de los electores son insuficientes, entonces recurrir a las que aparezcan en el firmamento, elaboradas, suponemos, por grupos de ciudadanos interesados de buena fe, en que la ciudadanía vaya a votar con la suficiente información, podría ser la alternativa.
Por lo menos en el ámbito nacional apareció una organización -el colectivo Defensorxs- quien identificó 13 candidaturas con antecedentes ligados al crimen organizado, violencia sexual, corrupción, negligencia institucional y vínculos con sectas político-religiosas.
Derivado de esa denuncia, el senador Fernández Noroña le exigió al INE cancelara las candidaturas, facultad que no posee el organismo electoral.
Hasta ahora no ha habido queja sobre la imparcialidad y profesionalismo de Defensorxs.
En el ámbito local, una organización -Observador Judicial, lanzada en días pasados por el director de Nitch Media, Alejandro Núñez Hernández- reportó que “Sólo 28 de 137 candidatos registrados para contender por una magistratura en el Poder Judicial del Estado fueron considerados como altamente calificados para desempeñar dicho cargo por la plataforma ciudadana Observador Judicial”. (Nota de Argelia Domínguez, El Diario de Juárez, 7/5/25).
De acuerdo con el sitio, usaron Inteligencia Artificial «para analizar los perfiles públicos de candidatas y candidatos al Poder Judicial, tomando en cuenta la experiencia, nivel académico, vínculos familiares, y trayectoria, entre otros». (Ibídem).
“Para el Tribunal de Disciplina, ninguno de los aspirantes fue considerado altamente calificado”. (Ibídem).
Y si los números expuestos por el Observatorio Judicial son preocupantes en el caso de los aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Justicia, es decir el ámbito estatal, aún fueran desapegados a la realidad -cosa que el escribiente duda que sea así en lo general- lo son aún más en el caso de las candidaturas a jueces locales.
“… apenas 18 de 362 aspirantes a jueces de primera instancia y menores en el Distrito Judicial Morelos cumplieron con los parámetros para llegar a esa clasificación”. (Nota de redacción, El Diario, 8/5/25).
Sorprende, además, que entre los ‘no calificados’ hay “49 con militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), ocho de Morena; tres del PT; dos del PVEM una de MC y ninguno del PRI”. (Ibídem).
Igualmente sorprendente, positivamente, que ninguno de los 18 candidatos a jueces, clasificados como altamente calificados, reportó tener militancia en algún partido político.
A nivel estatal, se registraron un total de 906 aspirantes a cargos en el Poder Judicial de Chihuahua, que irán a renovar 305 puestos del Poder Judicial: 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y 270 jueces de primera instancia y menores.
En el Poder Judicial de la Federación, a Chihuahua le corresponde escoger 44 cargos: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 3 magistraturas Sala Regional Guadalajara.
En total, para esos cargos, se registraron 212 candidatos en todo el país.
Además, en Chihuahua deberá votarse entre 150 candidatos y candidatas, 72 de ellas por los cargos de magistraturas y 78 por juzgadores.
Reflejo de la falta de interés es el hecho de que “De acuerdo con datos estadísticos de búsqueda de Google, en los últimos 30 días, la elección de jueces y magistrados solamente fue tendencia el día 31 de marzo en la entidad, cuando el 35% de las búsquedas en esa plataforma solicitaban información sobre el proceso”. (Nota de Pavel Juárez / El Diario, 6/4/25).
Los datos e indicios de que la elección judicial resultará en un tremendo fiasco, antes de sus consecuencias, por sus resultados, aparecen por todos lados.
Un hecho, circunstancial, si se quiere, abona en ese sentido.
Renombrados integrantes de Morena, antiguos y persistentes militantes de la izquierda socialista de Chihuahua, preguntaron en el muro de Laura Gaytán -participante, desde las primeras horas en el colectivo de Rosario Ibarra de Piedra, en la búsqueda de los desaparecidos de la “Guerra sucia”- qué significaban las letras mayúsculas que preceden los nombres y números de las candidaturas.
Algunos de ellos afirmaron que “la presidenta de la Corte, Myrna Piña, había postulado los candidatos con las siglas PJ (las del Poder Judicial)”, sin dar a conocer la información que, supongo, conocen, o que debían conocer, por ser, como lo han sido muchos años, líderes de opinión de la izquierda en Chihuahua, que hubo un Comité de Evaluación de candidaturas en el Poder Judicial de la Federación, que no fue la ministra.
También, ninguno de los participantes de esa conversación del Facebook, anotó que el total de las candidaturas sospechosas de estar ligadas al crimen organizado, denunciadas inicialmente por Gerardo Fernández Noroña, y luego impugnadas por la dirigencia de la Cámara de Senadores, son las propuestas, precisamente de ese Poder, y que fue Noroña, en su calidad de presidente del senado, quien las avaló.
Si militantes de tanta historia, de tanta prosapia, no están suficientemente enterados de la elección judicial ¿Cómo irán a votar la mayoría de los electores, desconocedores de tantos detalles, de una elección tan compleja como la judicial?
(1). https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/controla-el-narco-hasta-35-del-territorio-en-mexico-alerta-eu/

Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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