Ciudad de México.- Ahora que estamos en pleno proceso electoral para seleccionar a los jueces y magistrados que van a integrar el Poder Judicial, es bueno reflexionar sobre dos sucesos que marcan el uso del aparato de procuración de justicia para atender un crimen cercano al poder, por un lado; y por otro, el abuso de poder disfrazado de acto de justicia.
En el primer caso nos referimos al asesinato de los dos funcionarios del gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México, su secretaria particular, Ximena Guzmán y a uno de sus asesores, José Muñoz.
No se puede festinar un crimen de esa naturaleza y menos utilizarlo para sacar raja política; pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo, menos en un país donde son asesinados de manera violenta y dolosa un promedio diario de 90 personas y la mayoría son casos que no se resuelven y menos se investigan a profundidad.
Pero lo que hemos visto en el crimen de Ximena y José es la movilización de todo el aparato de procuración de justicia para construir un caso y poder encontrar a los responsables, materiales e intelectuales.
En una acción relampagueante las agencias policíacas encontraron cuatro vehículos ligados con el crimen, reconstruyeron el suceso desde semanas antes y mostraron como el asesino montó una paciente vigilancia en el lugar de los hechos que duró varios días, incluso semanas.
Las periciales realizadas dan cuenta de criminales que no son nuevos: no dejaron huellas en los vehículos lo cual indica usaron guantes; utilizaron silenciador en la pistola utilizada para cometer el doble asesinato, todos los vehículos tienen reporte de robo y el asesino material en todo momento mantuvo la cara oculta con un casco de motociclista para evitar ser identificado.
La investigación, más allá de que no han encontrado a los responsables, no es la que suelen hacer los cuerpos policiacos en otros casos; por lo general los levantamientos forenses son lentos y tardados, las evidencias se ocultan y los crímenes terminan archivados, esperando un “suertazo” para dar con los responsables o bien, en el peor de los casos, se lo achacan a algún criminal que es ultimado en algún enfrentamiento.
Pero en este caso no solamente sorprende la agilidad y la premura con la cual se llevan a cabo las investigaciones y eso precisamente es lo que se esperaría en todos los casos; la diferencia es que Ximena y José formaban parte de un grupo gobernante que de inmediato se movilizó para procurarles justicia.
Nadie se queja de que ellos tengan ese privilegio, lo que se critica es que no todos lo tenemos.
El otro caso, el abuso de poder disfrazado de justicia, corresponde al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña quien obligó al abogado Carlos Velázquez de León Obregón a que le ofreciera un disculpa pública en el propio Senado de la República luego de que ambos tuvieran un altercado en la zona VIP de Aeroméxico en el aeropuerto internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México.
El Senado de la República, por presiones de Gerardo Fernández Noroña presentó una demanda por el altercado y acuso al ciudadano de faltarle al respeto e injuriar al Senador y los jueces encargados de llevar el proceso vieron como “solución salomónica” darle la razón a Fernández Noroña y “buena ondita” que son le dijeron al ciudadano que para evitar la cárcel le proponían que ofreciera la disculpa pública.
La justicia en este caso se aplicó no solamente de manera facciosa, también fue evidente el abuso de poder al humillar al ciudadano a leer el texto con el cual se disculpaba en el pleno de la Cámara Alta, con una alta exposición mediática y casi, casi con trasmisión en cadena nacional.
Esto también demuestra que más allá de las críticas, la justicia termina por agachar la cabeza ante el poderoso, que convierte un incidente menor entre un ciudadano y un funcionario público en un acto de desagravio nacional, que se sale de proporción y genera un oprobio para la persona obligada a ser exhibida públicamente.
Es la fórmula de como la justicia, muy selectiva y aplicada acorde a la estirpe política de quien la solicita, también se convierte en un abuso de poder y lacera la dignidad de un supuesto victimario que en realidad es víctima.
No les importó que el ciudadano solamente hizo uso de su derecho de libertad de expresión; no importa la nimiedad del incidente, no importa que Fernández Noroña sea el sensei del denuesto y la descalificación de personas; lo único que importó fue que una figura política, que accidentalmente preside el Senado de la República fue increpado por un ciudadano y le dijo dos o tres verdades porque tuvo acceso a él y jamás consideró la posibilidad de que la justicia se torciera tanto para favorecer a Fernández Noroña.
Es la justicia que tenemos y se va a agravar cuando quienes accedan al Poder Judicial deban responder solamente a los intereses de quienes los pusieron ahí, olvidándose del compromiso de que la justicia es ciega y se debe aplicar pareja para todos.