México: suelo de tumbas clandestinas y desapariciones forzadas

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una señal excepcional: cuando las desapariciones dejan de ser hechos aislados y se vuelven un patrón. En México, esa advertencia ya no es una hipótesis académica: es una fotografía del país.

El Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, en diferentes momentos y en distintas partes del país.

Esta conclusión se basa en información obtenida mediante entrevistas con la sociedad civil, en respuestas del Estado mexicano, así como en la información acumulada desde 2012, incluyendo la visita de 2021 y solicitudes de acción urgente.

Imaginemos —aunque en realidad no hace falta imaginar— un país con más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas. Un país donde, en los últimos dos años, más de 28 mil personas se han sumado a esa lista: alrededor de 40 cada día. Y donde la tragedia no termina en el delito, sino en el abandono: una crisis forense con decenas de miles de restos sin identificar y una impunidad que convierte el expediente en trámite.

Conviene empezar por lo básico. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) no es una tribuna política ni un “organismo de opinión”. Es un órgano de tratado creado por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que México ratificó y, por tanto, aceptó someterse a sus procedimientos.

En esa Convención hay un artículo que rara vez se menciona fuera de círculos especializados: el artículo 34. ¿Qué permite? Que, ante indicios de que las desapariciones forzadas sean generalizadas o sistemáticas, el Comité eleve el asunto a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, cuando el fenómeno rebasa la capacidad de respuesta ordinaria, el propio sistema internacional enciende una luz roja.

Aquí vale una precisión jurídica que suele perderse en la conversación pública: la desaparición forzada, en sentido estricto, implica participación estatal directa o aquiescencia (tolerancia, encubrimiento u omisión deliberada), que permite que la privación de la libertad y el ocultamiento del paradero coloquen a la víctima fuera de la protección de la ley. Por eso, el tema no se agota en señalar al crimen organizado. El crimen organizado ejecuta; el Estado, cuando no previene, no investiga o no sanciona con seriedad, termina por permitir que el mecanismo opere.

El horror contemporáneo tiene formas nuevas y, al mismo tiempo, viejos guiones. En distintos puntos del país se han documentado esquemas de reclutamiento de jóvenes que buscan empleo, el control territorial de comunidades completas y, en casos que han sido reportados públicamente —como el del llamado rancho Izaguirre—, la existencia de espacios asociados a la privación de la libertad, violencia extrema y ocultamiento de cuerpos. Lo que importa no es el nombre del sitio: es el patrón. Cuando una región queda bajo dominio criminal, la desaparición deja de ser excepción y se vuelve método.

Los números, aun con sus variaciones según fuente y corte, son una sentencia moral. La desaparición masiva convive con una crisis forense que mantiene decenas de miles de restos sin identificar y con una impunidad estructural: muy pocos casos llegan a juicio y menos aún concluyen con sentencia. Por eso el lenguaje del CED es tan relevante: cuando un órgano de tratado habla de desapariciones generalizadas o sistemáticas, está describiendo un fenómeno que, de sostenerse, puede encajar en categorías del derecho internacional reservadas para las peores tragedias.

En ese vacío han emergido las buscadoras y los colectivos: familias que aprendieron a leer el terreno, a insistir donde se cierra la puerta, a hacer preguntas que la autoridad debería formular primero. Han localizado fosas, han recuperado restos, han reconstruido rutas y patrones. Y, aun así, con frecuencia reciben a cambio silencio, estigmatización o revictimización. Que la ONU intervenga también es consecuencia de esa persistencia: cuando el Estado no llega, las víctimas empujan la verdad hasta las instancias internacionales.

Los términos que nacieron en los Juicios de Núremberg para nombrar lo innombrable —los crímenes de lesa humanidad— no fueron pensados para el debate cotidiano de un país “en paz”. Pero hoy, en muchas zonas del territorio, caminamos sobre un suelo de panteón: fosas como colmenas, silencios como regla y una normalización de la barbarie que ya no distingue fronteras municipales ni colores partidistas.

En Chihuahua, la discusión no es teórica. En diversas regiones operan grupos criminales que disputan rutas, comunidades y economías enteras. A pocos kilómetros de la capital, por ejemplo, en la zona de Aldama y hacia el corredor que conduce a Ojinaga, se han reportado episodios de violencia vinculados a esa lucha por el control territorial. Ahí, como en otras partes del estado, el riesgo más grave no es solo el enfrentamiento, sino lo que ocurre después: cuando una persona desaparece y el expediente se vuelve estadística.

Y hay datos que, por sí solos, obligan a abandonar cualquier autoengaño. En la región de Nuevo Casas Grandes se ha reportado el hallazgo de una tumba colectiva —identificada en notas públicas como el predio “El Willy”— con más de 100 cuerpos. Más allá de los detalles que confirmen las autoridades y los peritajes, el mensaje es brutal: la crisis no es una nota roja; es una crisis humanitaria y forense instalada en el territorio.

Frente a esa magnitud, sería injusto negar que, en el estado, se han obtenido detenciones y resultados operativos, y que existe una línea de trabajo institucional que presume herramientas, estrategias y capacidad de reacción. Pero también sería ingenuo ignorar el problema central: cuando la violencia y la desaparición se instalan como rutina, los esfuerzos aislados no bastan. Y cuando la seguridad se vuelve tema de propaganda —por cualquier actor o partido—, la prioridad se desplaza: de encontrar a las personas a administrar la narrativa.

¿Qué sigue? El artículo 34 abre la puerta a que la Asamblea General conozca el caso, emita pronunciamientos y exija medidas urgentes. Pero, más allá de lo que ocurra en Nueva York, el verdadero parteaguas está aquí: investigar sin simulación, buscar sin pretextos, sancionar sin excepciones y cortar la cadena —visible o invisible— que une al crimen organizado con la tolerancia institucional.

Porque no es normal que un país sin guerra declarada acumule víctimas como si viviera una ocupación permanente. No es normal que la ausencia tenga más registros que la presencia. Y no es normal que, ante un México que insiste en llamarse “en paz”, la comunidad internacional tenga que recordarnos —con el lenguaje severo de los tratados— que las desapariciones, cuando se vuelven patrón, dejan de ser un problema de seguridad: se convierten en una herida contra la humanidad.