Hay noticias que uno recibe con alivio, no con festejo. El cierre del programa que permitió regularizar casi tres millones de “autos chocolate” en México — abrogado el 31 de diciembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum — es una de ellas. No es momento de celebrar. Es momento de reflexionar con honestidad sobre lo que ocurrió, sus consecuencias y lo que este cierre significa para quienes llevamos años construyendo una industria formal en este estado.

El programa estuvo vigente de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025. El mecanismo era simple: el propietario agendaba una cita en el REPUVE, presentaba documentación básica y pagaba $2,500 pesos al SAT. Multiplicado por casi 3 millones de trámites, eso generó más de 7,302 millones de pesos a nivel nacional. Supuestamente esos recursos no se quedaron en la Federación. Entre más regularizados había en tu estado, más recursos se recibirían para invertir. Tamaulipas, Chihuahua y Baja California encabezaron el ranking, concentrando el 51% de la recaudación total. Solo en Chihuahua se regularizaron más de 500,000 vehículos a lo largo del programa, generando más de 1,000 millones de pesos.

Sería deshonesto no reconocerlo: el programa sí ayudó a muchas familias. Cientos de miles de mexicanos — muchos con un familiar trabajando al otro lado — pudieron legalizar un vehículo que ya usaban como herramienta de trabajo y de vida. Hablando de Chihuahua, el vehículo no es un lujo. Es una necesidad que nace de la precariedad del transporte público, un problema estructural que lleva décadas sin resolverse y sobre el que, siendo francos, tampoco se ve solución cercana.

Este es quizás el impacto menos visible, pero uno de los más concretos para miles de mexicanos. En Chihuahua, incorporar más de 500,000 vehículos al mercado estatal en menos de cuatro años — muchos con aranceles no pagados, con historial de accidente reparado sin estándares certificados, o con odómetros alterados para ocultar el kilometraje real — inevitablemente derrumba los valores de reventa. Un auto que en el papel luce accesible puede esconder una historia muy distinta, y aun así compite en precio contra el inventario formal. Datos de la AMDA muestran caídas de hasta 20% o más en el valor de vehículos usados nacionales del mismo año-modelo. En términos simples: el auto que una familia compró en una agencia o negocio formal en 2021 o 2022 perdió valor aceleradamente — no por su condición ni sus kilómetros, sino por la sobreoferta de unidades con pasado incierto. Y eso tiene efecto en cadena: quien no puede vender bien su seminuevo no compra uno nuevo, y quien no compra nuevo no libera el usado. Todo el ciclo de renovación vehicular se frena.

El siguiente punto es, desde mi perspectiva, el más serio. Una parte importante de estos vehículos proviene de subastas de seguros en Estados Unidos — los llamados “salvage title” — unidades declaradas pérdida total por accidente severo, inundación o daño estructural, reparadas sin ningún estándar certificado, que aquí circularon como si estuvieran en condiciones normales. A eso se suma: odómetros alterados, historiales de accidente borrados y ausencia casi generalizada de seguro vehicular. Pero el riesgo más grave no es mecánico — es de seguridad pública. Miles de estas unidades circularon sin placa correctamente registrada, sin trazabilidad, sin propietario identificable. Esa opacidad no es inocente. Regularizar masivamente sin controles adecuados no solo puso autos en regla — también le dio cobertura documental a unidades cuyo origen y uso real nunca fueron verificados. No es un argumento gremial. Es un asunto de seguridad pública que merece nombrarse con claridad.

Y luego está la conversación que nos debemos como sector. Quienes operamos negocios automotrices formales en Chihuahua conlleva mucha carga administrativa, legal y fiscal; pagamos ISR, IVA, IMSS, INFONAVIT. Generamos empleos con prestaciones, capacitamos a nuestra gente, invertimos en instalaciones y respondemos ante el consumidor con garantías reales. Durante casi cuatro años competimos contra un esquema que comercializaba vehículos sin ninguna de esas cargas. No es una queja — es la descripción de una asimetría profunda e injusta para quienes apostamos por construir en regla y generar patrimonio en este estado. Cada peso que se fue al mercado informal es un peso que no llegó a la nómina de un trabajador formal, no se convirtió en impuesto para financiar servicios públicos y no fortaleció la economía local de manera sostenible.

El decreto terminó, pero el mercado no se reordena solo. Este no es momento de cruzarse de brazos — es momento de demostrar que el sector formal tiene respuestas reales para necesidades reales. Si el consumidor que antes solo recurría al “chocolate” ahora voltea al mercado formal. Contamos con mejores esquemas de financiamiento, seminuevos con precios competitivos, transparencia total en el historial de cada unidad y un servicio de posventa que justifica.