En México viven más de 36 millones de niñas, niños y adolescentes. Esa cifra, por sí sola, debería bastar para colocar a la infancia en el centro de la agenda pública nacional. Sin embargo, la realidad demuestra que todavía persisten retos estructurales que no podemos normalizar.

Hoy, uno de cada tres menores crece en un hogar con un solo padre o madre; la violencia familiar se ha incrementado de forma alarmante durante la última década; miles de niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados por la delincuencia organizada; el ciberacoso y el abandono escolar siguen creciendo; y nuestro país enfrenta una crisis particularmente dolorosa en materia de explotación sexual infantil.

Se estima que cada año alrededor de 21 mil menores son captados con fines de explotación sexual, mientras millones han sido víctimas de abuso sexual en distintos entornos. Son cifras que obligan a actuar con seriedad, visión y coordinación institucional.

Frente a este panorama, desde 2011 existe en México un esfuerzo municipal que busca colocar a la niñez en el centro de la política pública local: la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), una alianza de municipios comprometidos con la protección, difusión y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Inspirada en el modelo internacional promovido por organismos como UNICEF y Save the Children, esta red agrupa alrededor de 200 municipios del país y se ha consolidado como un espacio de coordinación intermunicipal, intercambio de buenas prácticas y construcción de políticas públicas enfocadas en la infancia.

Actualmente tengo el honor de presidir este organismo para el periodo 2024–2026, una responsabilidad que he asumido con plena conciencia de lo que está en juego, y desde la cual fomentamos medidas y acciones para mejorar la situación de la infancia en México.

La niñez no puede seguir siendo vista como un tema sectorial o como una agenda complementaria. En realidad, es uno de los pilares más importantes del desarrollo, la seguridad y la cohesión social.

Por eso, durante los primeros meses del año hemos impulsado una ruta de trabajo estatal para Chihuahua que traduzca esa visión en acciones concretas, a través de reuniones regionales diseñadas a partir de las necesidades específicas de cada zona del estado.

La primera asamblea regional se celebró en Parral, en enero, con un enfoque centrado en la prevención de violencias desde la infancia y el fortalecimiento del entorno comunitario. De esa manera, se discutieron medidas enfocadas en la cohesión social, prevención de violencia indirecta y desintegración familiar, así como la integración de familia, escuela y comunidad como red de protección. La prevención de las violencias no comienza cuando el problema ya escaló; comienza en la infancia, en la familia y en la recuperación de espacios públicos seguros para niñas y niños.

Posteriormente, en febrero, la asamblea tuvo lugar en Creel, Bocoyna, con una temática igualmente estratégica: infancias con identidad, desarrollo con justicia. En una región serrana con fuerte presencia de población rarámuri y con brechas históricas en acceso a derechos, el eje estuvo puesto en primera infancia, salud, educación intercultural y protección de los derechos culturales y lingüísticos de la niñez indígena. La premisa de fondo fue clara: el desarrollo no puede depender del lugar donde nacimos.

La siguiente etapa de esta ruta se desarrollará este 20 de abril en Cuauhtémoc, donde el enfoque estará en la convivencia escolar, la prevención del acoso y la integración social en una región caracterizada por su diversidad cultural. La convivencia entre comunidades menonitas, mestizas y pueblos originarios convierte a esta sede en un espacio particularmente relevante para discutir cómo la educación puede convertirse en un factor de cohesión social.

Pocos días después, el 24 de abril, estaremos en Meoqui, donde la agenda girará en torno a la familia y el desarrollo comunitario. La crianza positiva, la prevención de la violencia intrafamiliar, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social serán parte central de la discusión.

Finalmente, el 28 de abril esta ruta concluirá en Ciudad Juárez, una sede simbólica estatal y nacionalmente por su condición de ciudad fronteriza y por los retos históricos que ha enfrentado. El enfoque estará centrado en la prevención de violencias, la construcción de espacios seguros y la atención psicosocial, incorporando temas como el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir sin miedo, la migración infantil, el diseño de entornos urbanos seguros y recreativos, así como mecanismos de acompañamiento posterior a contextos de violencia.

Vistas en conjunto, estas cinco asambleas no son una serie de eventos aislados. Representan una metodología de política pública regionalizada. Cada sede responde a la realidad específica de su entorno, pero todas forman parte de una misma visión: colocar a la niñez en el centro de las decisiones de gobierno.

Estoy convencido de que invertir en la infancia es la política pública más rentable que puede emprender cualquier administración. Porque cuando fortalecemos la escuela, la familia, la comunidad y los derechos de la niñez, no sólo protegemos a niñas, niños y adolescentes: construimos condiciones más sólidas para el futuro del estado y del país.

En Chihuahua nuestra convicción es clara: la niñez no está sola.

No está sola porque existe una red de municipios comprometidos.

No está sola porque hay una agenda pública que entiende que proteger a la infancia es construir desarrollo de largo plazo.

Y, sobre todo, no está sola porque hoy más que nunca sabemos que el futuro de México comienza precisamente ahí.