-Lealtad de Jáuregui con Maru
-Alista DIF arranque de obra emblemática
-Temen vecinos a irregularidades de gasera

La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República tiene 13 legisladores de Morena y aliados, pero sólo tres del PAN, dos del PRI y uno de Movimiento Ciudadano, por lo que a simple vista está demasiado sesgado el balance de fuerzas políticas que invitaron a la gobernadora, Maru Campos, a debatir este día.
Sobre la mesa esa realidad aritmética que se repite en la Cámara Alta, dicen que la mandataria, sopesó los escenarios de una muy previsible emboscada política, articulada por los otros dos senadores de Chihuahua, el morenista Juan Carlos Loera y Javier Corral, el expanista antecesor de Maru.
Una de las opciones era la de acudir acompañada del otro “invitado” de los senadores -el fiscal César Jáuregui. Podría usar el foro para defender la estrategia de seguridad estatal, con la Torre Centinela como emblema; sería ir, pues, a trasmitir un mensaje, más que a responder preguntas dolosas.
En ese supuesto, Maru y Jáuregui podrían defender que no hubo violación a la soberanía, a la vez de evidenciar la falta de apoyo federal, exhibida en la andanada de ataques recibidos desde el desmantelamiento del narcolaboratorio de Morelos y la muerte de cuatro elementos, dos de ellos de la CIA de Estados Unidos, en circunstancias que siguen sin quedar claras y ahora están bajo investigación por la misma autoridad estatal.
Para esto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, había acordado con los senadores panistas, al menos con Verónica Rodríguez, Mario Vázquez y Ricardo Anaya, echar toda la carne al asador en defensa de Maru; de ahí que el líder albiazul durara días, hasta ayer en la mañana, con la apuesta de que la chihuahuense sí acudiría.
La otra posibilidad era la de alegar compromisos de agenda, investigaciones en curso que no pueden hacerse públicas o falta de competencia del Senado, por ser, en realidad, un asunto que claramente buscaba, por parte de los morenistas, documentar imprecisiones y datos complejos, a fin de tratar de extender el escándalo, con vaciladas de un juicio político o la desaparición de poderes estatales ordenada por la 4T.
El respaldo para no acudir lo tendría en los argumentos de un senador que ni siquiera es del PAN, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, quien desde el debate de la semana pasada defendió que quien podía llamar a cuentas a un gobernador era el Congreso del Estado, no el Senado de la República.
En fin, hasta ayer al mediodía, parecía imponerse la negativa de acudir al llamado a misa de los senadores. La misma Campos, en banquetera al arribar a Palacio de Gobierno, dijo que no podía hablar del tema por estar bajo investigación, lo que descartaba, por lógica, acudir a una reunión pública con los legisladores.
La unidad investigadora en la que Campos Galván puso a la fiscal Wendy Chávez será, por lo tanto, la que marque el ritmo para la mandataria, en medio de una crisis sobre dimensionada y maximizada con intereses político-electorales, cariz que adquiere cualquier debate en este 2027 adelantado, lamentablemente.
El asunto, así, seguirá con vida en tanto le sigan echando gasolina los senadores morenistas y sus aliados, aunque en realidad será dirimido en las instancias de seguridad federales, donde, aseguran algunos, está concentrada la operación política de la gobernadora.
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En medio de la tormenta, César Jáuregui Moreno presentó su renuncia al cargo de fiscal general del Estado, en una última demostración de lealtad a la gobernadora Maru Campos.
Con su dimisión, se dio por sentado que también dejó sus aspiraciones para candidato a la Presidencia Municipal por el PAN, proyecto con el que no estaba casado, pero sí representaba la oportunidad de mantenerse vigente en la actividad política y en la vida profesional.
Con ello, Jáuregui asumió por completo las fallas y errores que opacaron la destrucción del gran narcolaboratorio de Morelos, lo que no cualquiera hace en estos tiempos en que los políticos ya no son profesionales ni leales, menos asumen responsabilidades porque toman la vía facilona de culpar a los demás.

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En unos días, el DIF Estatal de Chihuahua inaugurará una de las obras más emblemáticas de la presente administración: el Centro de Atención Neurobiológica para Niñas, Niños y Adolescentes Tutelados por el Estado, en Ciudad Cuauhtémoc.
Esta iniciativa pionera no es sólo una obra de infraestructura, sino es una respuesta a un añejo problema ignorado por años, la salud mental de los menores bajo la tutela del estado. Este centro, ubicado por el sector del Corredor Comercial, tiene capacidad para atender a 72 chicos y chicas de 8 a 17 años, priorizando sus necesidades neurológicas y emocionales.
La presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón no quitó el dedo del renglón sobre la necesidad urgente de atender este renglón, desde que asumió su puesto honorario.
Es cosa de días, aseguran, para que el centro entre en funciones y a todo vapor. Es un paso necesario y urgente hacia la reparación social, un recordatorio de que proteger a los más frágiles no es gasto, sino inversión en el futuro.

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Policías y bomberos recibieron nuevamente estímulos económicos por su desempeño heroico en acciones de alto impacto.
En total 59 elementos de la Policía Municipal y 19 del Cuerpo de Bomberos fueron reconocidos por su labor y profesionalismo.
Llamó la atención el caso de una mujer perteneciente a Bomberos, Vanessa Torres, casi recién egresada, cuenta apenas con ocho meses de servicio y su vocación ya la llevó a obtener un merecido reconocimiento.
Torres atendió el reporte de un incendio de vehículos en un camión tipo “madrina” sobre la carretera a Juárez, llegando justo a tiempo para evitar una tragedia mayor y poniendo a salvo al conductor de la unidad.
La valentía de estos elementos es bien reconocida con bonos pero también con equipamiento.
Los administradores de la alcaldía han presumido que con Marco Bonilla al frente, ambas cuestiones han sido consideradas de manera permanente.
Justifican que no sólo es importante el reconocimiento público por su heroico trabajo, sino generar todas las condiciones para que puedan desarrollarlo de manera segura.

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No quitan el dedo del renglón los vecinos de la gasera localizada a unos metros del fraccionamiento Álamos II, en Aldama, ni lo quitarán.
Tienen mucho miedo que dicho negocio vuelva a funcionar y de nuevo vayan a tener el riesgo de vuelta a las puertas de sus casas.
Ahora están realizando un análisis pormenorizado a una nota ejecutiva a la cual tuvieron acceso y que establece riesgos y sanciones regulatorias, en materia de distribución de gas LP por medio de auto tanque.
Sostienen ellos, e insistirán ante autoridades federales y locales, que el mencionado negocio Gas Noble, y demás marcas comerciales manejadas, incumple o incumplió con varias de ellas, sin que nadie les dijera nada.
Por ejemplo, no creen que dicha gasera contara con sistema de información y monitoreo, registro de transacciones comerciales (volúmenes, calidad, precios e ingresos), sistema satelital de rastreo en tiempo real de los autotanques y bitácora electrónica de servicios, conservada mínimo por un año.
Tampoco creen que tuviera autorización de impacto social, contratación de servicio de supresión de fugas, capacitación del personal operativo o bien, que estuviera midiendo la cantidad y calidad del Gas LP desde la recepción hasta la entrega al usuario final, seguros, comprobación de procedencia licita del producto y cumplir con normas estrictas de medición y documentación.
Y no lo creen por una sencilla razón, ahorita, desde la quemazón de las siete pipas, no tienen ni vigilante en el lugar, ni han realizado el levantamiento de las unidades calcinadas, menos, consideran ellos, debieron cumplir con la normatividad exhaustiva de la NOM-EM-007-ASEA-2025 en situaciones de emergencia y las leyes aplicables.

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Cumplieron con lo anunciado y ayer cayeron los respectivos recursos jurídicos para tratar de echar abajo la resolución de la magistrada, Elizabeth Macías, que liberó de cualquier culpa al hermano incómodo, Fernando “El Chino/Chapito” Ramírez.
Los quejosos/víctimas son Héctor Villasana, Enrique Muñoz y Eloy Soto Payán, quienes acudieron al amparo, queja y juicio político, no solo para que se sancione al agresor impune hasta el momento, sino para buscar llamada de atención a quien lo benefició con medidas judiciales que ellos consideran injustificadas.
Por ese motivo, interpusieron demanda de amparo ante juzgados de distrito en contra de la resolución que eliminó la medida cautelar de prisión preventiva y dejó en libertad al presunto responsable de lesiones producidas con arma de fuego, incluso, demeritando la investigación desde el Informe Policial Homologado, pidiendo que sea tumbada la determinación de la magistrada.
Pero, además, acudieron a la oficialía de partes del Congreso del Estado y del Tribunal de Disciplina, presentando juicio político y queja respectivamente para buscar evitar lo que consideran un abuso de poder operado desde la cúpula del Legislativo.