Cuando un gobierno impulsa una política pública debería hacerlo con un argumento sencillo y responder a una necesidad real de la sociedad. Así ocurre con la seguridad, la salud, la educación o el transporte, es decir, existe un problema identificado y se plantea una solución.

Con los nuevos lineamientos sobre los llamados derechos de las audiencias, la pregunta parece inevitable.

¿Son realmente una necesidad estas audiencias con los ciudadanos; con las que el Estado obtenga mayores facultades para decidir sobre lo que escuchan o ven en los medios de comunicación?

Por eso vale la pena detenerse un momento en una palabra que estos días se ha repetido hasta el cansancio: audiencias.

Puede parecer un concepto técnico, pero las audiencias somos todos los humanos que las hacemos posibles: quien escucha la radio mientras conduce al trabajo; quien ve un noticiero al terminar la jornada; quien sigue un programa de análisis o una entrevista. En otras palabras, las audiencias son los ciudadanos.

Y justamente por eso surge otra pregunta: ¿Quién les preguntó qué opinaban?

Hasta ahora el debate ha ocurrido entre autoridades, legisladores, organismos reguladores, concesionarios de radio y televisión, especialistas y organizaciones empresariales. Todos han fijado una postura, pero las audiencias, curiosamente no.

De hecho, cuesta trabajo encontrar una encuesta que revele que los mexicanos consideran urgente que una autoridad determine cuándo una información es suficientemente "veraz" o cuándo un contenido está "descontextualizado". Las preocupaciones que aparecen una y otra vez en los estudios de opinión siempre son las mismas: la inseguridad, el costo de la vida, la salud, el empleo, la educación o la falta de agua. Nadie puede reprocharles eso.

Lo preocupante es que las decisiones que parecen menos urgentes suelen ser las que producen los cambios más profundos.

El ciudadano no es ingenuo. Ve las noticias, escucha al gobierno, escucha a la oposición y forma su propio criterio a partir de la información que tiene a su alcance y de la realidad que vive todos los días. Lo que pocas veces tiene oportunidad de hacer es detenerse a pensar en las consecuencias que ciertas decisiones institucionales pueden tener dentro de diez o veinte años. Ésa es una de las funciones del periodismo y de los espacios de opinión: intentar mirar un poco más allá de la coyuntura.

El gobierno sostiene que estos lineamientos buscan proteger a las audiencias. Nadie discute derechos como distinguir claramente la publicidad de la información, garantizar el derecho de réplica o mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad. Esos principios existen desde hace años y fortalecen el derecho a la información.

La discusión comienza en otro punto.

¿Qué sucede cuando el Estado también adquiere la facultad de decidir qué información es verdadera y cuál no?

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido durante años que los Estados deben ser especialmente cuidadosos con este tipo de conceptos. El riesgo aparece cuando una autoridad pública termina convirtiéndose en árbitro de aquello que los ciudadanos pueden conocer o de la manera en que los medios informativos presentan los hechos.

La historia ofrece ejemplos que vale la pena observar con serenidad. En Venezuela, el fortalecimiento gradual de las facultades del organismo regulador y decisiones como la no renovación de la concesión de RCTV, marcaron un cambio profundo en la relación entre el poder y los medios. En años recientes, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Freedom House, también han documentado procesos similares de concentración de poder sobre los medios en países como Hungría y Nicaragua. Ningún caso es idéntico a otro, pero todos dejan una misma enseñanza: las libertades rara vez se restringen de un día para otro.

México no es ninguno de esos países, pero precisamente por eso conviene discutir estas decisiones antes de que produzcan efectos y no cuando ya sea demasiado tarde para corregirlas.

Las instituciones no deben construirse pensando únicamente en el gobierno actual. Deben diseñarse imaginando quién ejercerá esas mismas facultades dentro de diez o veinte años.

La mejor forma de proteger a las audiencias no consiste en decidir por ellas qué deben escuchar o qué deberían considerar como verdadero.

El mayor respeto que puede tenerse por los ciudadanos es reconocer que poseen la capacidad de escuchar distintas versiones, contrastarlas y construir libremente su propio juicio.

Ningún gobierno debería tener la facultad de decidir qué es verdad y qué no. Esa responsabilidad pertenece a una sociedad libre, capaz de contrastar información, cuestionar versiones y formar su propio criterio. El Estado puede y debe garantizar ese derecho; lo que no debería hacer es sustituir el juicio de los ciudadanos por el suyo.

El día que aceptemos que un gobierno decida qué es verdad y qué no, la discusión dejará de ser sobre los derechos de las audiencias. En realidad, se convertiría en una discusión sobre la libertad de todos.