En entregas pasadas hemos hablado de los abusos que a diario cometen agentes de Vialidad en contra de conductores que no cometen infracciones viales. Estos abusos consisten no sólo en multas por faltas inexistentes, sino también en acoso y sanciones que los conductores ni siquiera se dan cuenta de que les fueron impuestas de manera digital.

También está la extorsión para pagar multas por una supuesta acumulación, bajo la amenaza de retirarles el vehículo si no pagan, además de la famosa “mordida”.

Estos abusos han contribuido a que Chihuahua ocupe el cuarto lugar nacional en corrupción gubernamental, donde uno de cada cinco chihuahuenses ha sufrido uno o más actos de corrupción, siendo los juarenses quienes se muestran más hartos de este tipo de abusos, que se intensifican durante las noches de los fines de semana.

El descontento se ha manifestado durante las últimas semanas en redes sociales y a través de distintos líderes sociales y restauranteros. Los primeros han denunciado haber sufrido estos abusos, mientras que los segundos han señalado que sus clientes son víctimas de ellos, situación que ha terminado impactando sus ventas.

Por eso surge una pregunta recurrente entre la ciudadanía: ¿es posible combatir la corrupción en Vialidad y en las diferentes oficinas municipales?

La respuesta es sí. Es posible, y esto ya se comprobó en Chihuahua en dos de las funciones consideradas durante años como de las más corruptas: la procuración y la administración de justicia penal.

¿Cómo se puede combatir entonces la corrupción en las oficinas municipales y en Vialidad? Con transparencia en la función pública y con la disponibilidad obligatoria de la información.

La corrupción impera donde el servidor público se sabe impune o considera que nadie se va a enterar de lo que hace. Pero cuando se ve descubierto o expuesto, deja de hacerlo o, por lo menos, se inhibe, porque sabe el repudio que generará y que su conducta puede impactar a toda la oficina, dejando mal parada o señalada como corrupta a toda la administración municipal.

Así funciona en la Fiscalía de Chihuahua y con los jueces penales, donde sus actuaciones son videograbadas durante audiencias públicas y quedan expuestas no sólo sus capacidades y competencias, sino también la transparencia y honestidad de sus actuaciones. Esto ha contribuido a que no se hayan presentado, desde 2008, grandes escándalos de corrupción relacionados con ministerios públicos y jueces; si acaso, casos de incompetencia. Esto demuestra que es necesario seguir profesionalizando la función pública y, sobre todo, supervisarla.

Por eso, el antídoto contra la corrupción es la transparencia en la función pública, la información obligatoria y accesible sobre el trabajo que realizan los servidores públicos y una supervisión ciudadana permanente.

También es indispensable que los órganos de fiscalización, como la Contraloría, la Auditoría y la Sindicatura, funcionen y cumplan con las responsabilidades que les corresponden.

En el caso de los municipios de Chihuahua, el Código Municipal establece la figura de la Sindicatura como la encargada de supervisar la función municipal y evitar abusos y actos de corrupción. Algo que, evidentemente, no hacen como deberían, pues vemos cómo algunas sindicaturas terminan convertidas en porristas del presidente municipal, confundiendo su función con la de un empleado municipal cualquiera y viendo al alcalde como su jefe.

La Sindicatura tendría que transparentar la información y supervisar la función municipal, incluyendo un desglose del gasto público, acompañado de visitas de comprobación y supervisión del ejercicio de los recursos. Para eso cuenta con facultades y recursos.

Por ello, el próximo síndico debería publicar en su página de internet todo el gasto que realiza el municipio de manera mensual, así como la evidencia de las visitas de supervisión efectuadas sobre las compras, contratos y funciones municipales. También debería invitar a la sociedad civil a participar y coadyuvar en estas tareas.

En el caso de los agentes de Vialidad, una manera de supervisar su trabajo y evitar abusos sería hacer obligatorio el uso de las cámaras que fueron adquiridas precisamente para ese propósito, además de realizar visitas periódicas a las oficinas de Vialidad y establecer mecanismos de supervisión aleatoria.

Insisto: en todo esto es necesaria la participación de la sociedad civil. Los ciudadanos deben poder coadyuvar en la supervisión de las oficinas municipales y de los agentes viales, así como tener acceso a la información financiera y contable y a la evidencia del ejercicio del gasto público.

Sólo haciendo visible la función municipal y estableciendo mecanismos efectivos de supervisión será posible inhibir y, en su caso, castigar los actos de corrupción.

Esa es la fórmula para construir un servicio público honesto, transparente y profesional, que es lo que merecemos los chihuahuenses y lo que necesitamos para dejar de ser señalados como ejemplo de corrupción gubernamental a nivel nacional, como lo refleja el último censo del INEGI de 2025.