Sin lugar a dudas, el suceso más relevante en materia de seguridad en lo que va de 2026 ha sido la captura y muerte de Nemesio Oseguera "El Mencho", líder de una organización criminal con ramificaciones globales y objetivo prioritario en las listas de los más buscados en México y Estados Unidos. Las reacciones violentas inmediatas desnudaron una realidad preocupante: estas organizaciones operan bajo estructuras con altas capacidades de mando y ejecución coordinada, lo que les permite desplegar tácticas de desestabilización simétrica, de manera simultánea, en diversos puntos estratégicos del territorio nacional.
Esta capacidad de disrupción, ejecutada mediante actos de sabotaje y enfrentamientos en centros urbanos neurálgicos, genera un costo económico y de oportunidad crítico para la base productiva del país. Su impacto trasciende la parálisis del comercio local; se traduce en una pérdida sustancial de valor para empresas públicas cuya operatividad se ve comprometida por el caos, como observamos a inicios de la semana las caídas en el valor de las acciones de los grupos aeroportuarios (GAP y OMA). Es la materialización del riesgo país afectando directamente al mercado de capitales.
Bajo esta óptica, si bien Chihuahua no registró hechos violentos directamente atribuibles a estos sucesos, no podemos presumir una economía autárquica ni aislada. En nuestro estado, el efecto no se mide en vehículos quemados, sino en la silenciosa erosión de la confianza del inversionista, el incremento en las tasas de interés por riesgo y las fricciones logísticas que interrumpen las cadenas de suministro. Somos un nodo de manufactura global y, aunque el entorno local parezca normal, nuestra industria depende de la fluidez de insumos que transitan por el resto del país. Cuando existen bloqueos carreteros y parálisis en otras regiones, nuestras empresas reciben un impacto directo en sus líneas de producción y un castigo severo en sus márgenes operativos.
Más delicado aún es el mensaje que enviamos al exterior. En un momento donde México se posiciona como el destino predilecto para el nearshoring, la falta de certidumbre y la inestabilidad actúan como un potente repelente de capitales. El inversionista institucional, particularmente el extranjero, rara vez distingue fronteras estatales ante una crisis de gobernabilidad de un país; ellos evalúan el riesgo de "México" como un solo bloque. Cuando la confianza se diluye, los flujos de capital no se detienen, simplemente buscan horizontes más seguros y predecibles. Para Chihuahua, esto representa un costo de oportunidad invisible pero masivo: cada proyecto de inversión que se congela por la incertidumbre nacional es una oportunidad perdida de generar empleos de alto valor y desarrollo tecnológico en nuestra región.
Ante este panorama, el desafío para nuestro estado es blindar la economía y garantizar la continuidad del negocio por encima de coyunturas políticas o sociales momentáneas. La estabilidad de Chihuahua no puede ser solo una feliz coincidencia geográfica; debe ser una ventaja competitiva institucionalizada y protegida de las tormentas exteriores. Destacar dentro de México como un puerto seguro de inversión, donde el Estado de derecho sea el principal activo, es la única vía para que el estado deje de ser un rehén de la volatilidad nacional y se convierta en un motor con autonomía propia. Nuestra característica resiliencia debe traducirse en construir una economía lo suficientemente sólida como para que el "efecto onda" de la violencia no alcance a frenar nuestro crecimiento.