Morena y su narrativa populista han mencionado de manera constante que son los defensores de la soberanía nacional. Si se habla de energía, hablan de ‘soberanía energética’, por eso quieren producir gasolina en Tres Bocas, aunque no sea viable. Si hablan de alimentos, hablan de ‘soberanía alimentaria’ aunque eso implique otorgar subsidios al campo que no están dispuestos a dar. Si se habla de soberanía en general, inmediatamente lo relacionan con evitar colaboraciones con países con los cuales ha habido colaboración institucional por décadas.

A partir de las acusaciones formuladas por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en contra del Gobernador Rubén Rocha Moya y del Senador Enrique Inzunza, el gobierno de Morena se ha envuelto en un falso discurso de soberanía, que en realidad es una defensa de la complicidad que tienen con el crimen organizado.

Cuando el gobierno norteamericano detuvo a Genaro García Luna, para procesarlo y condenarlo en Estados Unidos por vínculos con el Cartel de Sinaloa, quienes más celebraron esa detención fueron los partidarios de Morena. Para ellos, el hecho de que una fiscalía norteamericana acusara al exsecretario de Seguridad Pública en épocas de Felipe Calderón, era prueba suficiente para acreditar su culpabilidad. Es decir, ni siquiera se esperaron a que fuera condenado, pues desde el momento de su detención, los morenistas ya lo habían condenado.

En el mismo sentido, cuando el gobierno norteamericano detuvo al General Salvador Cienfuegos por acusaciones similares, los partidarios de Morena celebraron con el mismo ímpetu.

Sin embargo, cuando la fiscalía norteamericana señala a Rocha y a Inzunza, a los feligreses del oficialismo les incomoda, señalan intervencionismo, e incluso se atreven a decir que son acciones injerencistas para desestabilizar a este gobierno. Son unos fariseos.

Los presuntos vínculos entre Rocha y el crimen organizado llevan años señalándose. Si de verdad no tienen nada que esconder, bien podrían presentarse a declarar para aclarar los hechos que se les imputan. Si no acuden es precisamente porque saben la enorme cola que arrastran.

Previo a las acusaciones que se le formularon a Rocha y a Inzunza, el gobierno federal estaba golpeando de manera constante a la gobernadora María Eugenia Campos por actividades que la CIA habría estado realizando en la Sierra de Chihuahua. Primeramente, resulta un tanto irresponsable señalar a Campos de esas acciones cuando las aduanas, las autoridades migratorias, y las autoridades castrenses (que participan en esos operativos) son autoridades de nivel federal. Es decir, esas autoridades tendrían que haber estado enteradas de todo. De hecho, el ejército lo estuvo, pero prefirieron echarle la culpa al gobierno local para sacar raja política de ello.

A partir de esta postura, se envolvieron en el discurso de la defensa de la soberanía, señalando a la gobernadora como una traidora a la patria. Le abrieron carpetas de investigación e incluso amagaron con el inicio de un juicio político.

Esas acusaciones son absurdas. Es más traidor a la soberanía y a la patria quien le entrega el control territorial al crimen organizado que quien decide colaborar conjuntamente con un gobierno, máxime que la CIA no encabezó el operativo, sino que solo proporcionó información de inteligencia.

En este orden de cosas, ya pasaron casi tres meses desde que el gobierno norteamericano solicitó la detención de Rocha y de Inzunza, sin que a la fecha el gobierno haya hecho nada. Incluso se especula que Rocha estaría por reasumir la gubernatura de Sinaloa, lo que sería crítico en la relación bilateral con nuestro principal socio comercial.

Esos que se rasgan las vestiduras con discursos soberanistas, son los primeros en actuar en contra de su propio discurso. Según trascendió hace unos días en el New York Times, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño estaría colaborando con autoridades norteamericanas declarando respecto a la colusión de Morena-Gobierno con el crimen organizado. Esto estaría formando parte de una investigación emprendida por el gobierno norteamericano en donde el actual gobernador de Sonora estaría participando como testigo. Se especula que quizá el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, estaría también participando en un esquema similar. ¿No que muy soberanistas?

En días recientes, el periodista Héctor de Mauleón publicó un artículo y se difundieron audios de conversaciones entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y un supuesto enlace del gobierno norteamericano.

Según dichas conversaciones, la gobernadora estaría dispuesta a colaborar con las autoridades norteamericanas en diversas investigaciones que estas estarían llevando a cabo. Y es que debemos recordar que a Marina del Pilar y a su (ex) esposo Carlos Torres, les retiraron la visa hace algunos meses por supuestas conductas de carácter ilícito. En este orden de cosas, Marina del Pilar no está dispuesta a sufrir la misma embestida que Rocha, por lo que diligente acepta reunirse con las autoridades norteamericanas.

El tema resulta interesante, pues se especula que pudiera ser que quien dice ser un enlace del gobierno norteamericano en realidad no lo sea. Parecería que en realidad novatearon a la gobernadora con el afán de exhibirla. Sea como sea, Marina del Pilar actuó ingenuamente hablando esos temas por teléfono, cuando debería haberlos tratado en persona. Ella sabía el riesgo de ser grabada.

Esas conversaciones se han convertido en un escándalo para la 4T por diversas razones: primero, evidencian el conocimiento que tiene Marina del Pilar de actividades ilícitas, y segundo, contradicen la postura del gobierno federal en su narrativa soberanista. El gobierno federal soberanista tiene que cargar el lastre de una gobernadora que está dispuesta a declarar lo que se le pida declarar. No tiene nada de malo colaborar con autoridades, sean estas nacionales o extranjeras, lo malo es la incongruencia de quienes por un lado dicen defender la soberanía, y por otro lado hacen exactamente lo mismo que el gobierno norteamericano critica.

Ha sido tanta la crítica que ha recibido Marina del Pilar, que el gobierno federal, usando las instituciones de procuración de justicia como ariete político, decidió detener el pasado viernes a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del mismo Estado. Se le acusa a Ruffo de encabezar una banda de huachicol fiscal.

Independientemente de los señalamientos, el huachicol fiscal no pudiera estar funcionando sin la connivencia del gobierno federal, pues en ese esquema corruptor participaron la Marina, Aduanas, el SAT y otras dependencias. Solamente una persona que tuviera jerarquía por encima de ellas podría haber organizado el esquema de corrupción más grande en la historia de México. Por ello, resulta inverosímil que como principal participante de ese esquema aparezca un exgobernador de extracción panista. Se ve que estamos nuevamente ante simulación de justicia, la receta preferida de la 4T para emparejar cartones y bajarle presión a los temas que les afectan.