Ciudad de México.- Luego de que la oposición, junto con verdes y petistas, descarrilaron la reforma electoral de la presidente Claudia Sheinbaum, desde el Ejecutivo federal vuelven a las andadas y ahora anuncian que irán por el llamado Plan B.

La nueva propuesta busca reducir el número de diputados estatales y de los integrantes de los cabildos en los Ayuntamiento; igualmente plantea que el costo del Senado de la República se abarate y con este nuevo proyecto lo que queda en medio de la polémica es si los estados que integran la república mexicana pueden considerarse libres y soberanos.

Pero no solamente eso, también se va en contra de la integración de los Ayuntamientos, que viene a ser la primera autoridad que responde a las demandas de los ciudadanos y que en buena medida están sometidos a un centralismo que los ahoga; ahora no solamente se tiene la pretensión de someterlos presupuestalmente, también existe la intención de reducir la representación política con la única idea de reducir su costo.

La tonada del Plan B no cambió, en el fondo todo se reduce a una consideración de pesos y centavos. No importa la representación democrática de pueblos originarios, o de grupos vulnerables, ni de mujeres o jóvenes; lo importante y que destaca es la necesidad de reducir lo que esos cabildos cuestan.

Pero más allá de lo bien intencionado o lo perverso que pueda resultar el Plan B, no se puede considerar que se trata de simples reformas secundarias a las leyes; subyace una nueva reforma constitucional que, de entrada, tiene el rechazo de un partido aliando: el Partido del Trabajo.

La nueva propuesta contenida en el llamado Plan B no genera el temor que la iniciativa original, de entrada, se diluye el temor de que desaparezca el INE y los Oples, eso determina que permanezca el Programa de Resultados Preliminares (PREP); pero eso no implica erradicar la constante insistencia, o necedad, de que consejeros o magistrados electorales deban de ser sufragados y por tanto que su llegado a esos cargos se determine por el método de la elección popular.

Si el Plan A decía ahorrar 15 mil millones de pesos al año, el Plan B solamente genera ahorros por 4 mil millones de pesos, es una bicoca si se considera que para este 2026 lo presupuestado ronda los 10 billones de pesos.

Pero ya se sabe que tratándose de “austeridad republicana” el gobierno de la 4T siempre recurrirá a esa narrativa para justificar sus intenciones.

Pero más allá del debate en torno al costo presupuestal, lo que realmente se pone en la mesa de la discusión es la soberanía de los estados y los ayuntamientos, porque sobre ese par de figuras es donde descansa una buena parte de lo que es el eje central de la República: el federalismo.

Considerar que la formación e integración de Congresos y Ayuntamientos deriva solamente de un mero proceso administrativo que se puede abaratar con la reducción de sus integrantes, va más allá de una cuestión que se limita a la parte electoral, tiene implicaciones políticas de mucha trascendencia que además van en relación directa con afectaciones de tipo hacendarias.

Por eso es que el Plan B ya no solamente se trata de una tema que se circunscribe exclusivamente a lo electoral, ahora también se mezcla con la integración local de cabildos y congresos, esa acción se le llama intromisión y la enfermedad que lo genera es el centralismo que termina por infectar a estados y municipios.

Se entiende que en los gobiernos estatales de Morena, una propuesta de esa naturaleza debe transitar de inmediato; los gobernadores de ese partido no se caracterizan por ser rebeldes a las decisiones presidenciales; pero más allá de que pueda tener la aprobación, también resulta evidente que una discusión nacional pasará a ser tema de controversia hacia los estados.

Pero más allá de lo que contiene el Plan B, lo que determina su intención no es el contenido sino de lo que adolece.

Otra vez se olvidan de atender el tema de la sobrerrepresentación; de nueva cuenta no hay mecanismos para que los partidos limiten al máximo la presencia de grupos criminales en procesos electorales.

Se vuelve a quedar corto cuando se habla del financiamiento ilícito o proveniente del crimen organizado; no hay garantías de que el INE y los organismos electorales locales, realmente dejen de ser comparsa del gobierno en turno y que su independencia en la organización de procesos electorales sea autónoma en lo presupuestal y en lo político.

Hay que ser muy precisos en determinar lo que realmente representa el Plan B, porque aunque se plantea como una reforma electoral secundaria, sus implicaciones van mucho más allá y llegan hasta la pretensión de reformar el llamado pacto federal.

Esos detalles no han pasado inadvertidos para el resto de los partidos políticos y aunque el PAN fue el primero en decir que no lo apoyará, de inmediato al rechazo se sumó el Partido del Trabajo y seguramente lo harán también Movimiento Ciudadano y el PRI.

El destino del Plan B, al igual que sucedió con el Plan A, va caminando a otra derrota legislativa y esto se debe a que las propuestas surgen desde la soberbia que genera ocurrencias que terminan por no medir los alcances de lo que se propone y que se sacan de debajo de la manga, sin que previamente se socializarán y discutieran ampliamente.

Es una propuesta sin razonarse por quien la presenta y sin socializarse en discusiones que permitan delimitar sus alcances, como no hay diálogo lo que consiguen es un rechazo casi automático.