Hoy que se discute el famoso plan “B”, luego de que los mismos aliados frenaran la tan ansiada Reforma Electoral que para el régimen de la llamada Cuarta Transformación era un punto crucial para su “movimiento”, y que recuerda que han sido dos modificaciones constitucionales en las que simplemente no han podido avanzar.

Lo que puedan lograr en los próximos días quedará muy lejos del plan original marcado desde siete años cuando arribaron al poder, y que demuestra que los duros del sistema no pudieron avanzar, y no por ganas, sino por presiones que se antojan fuera de su alcance.

Este fracaso de reforma constitucional se asemeja a la imposibilidad de Andrés Manuel López Manuel Obrador (AMLO) para reformar la ley energética a nivel constitucional, y que en su momento se manejó como un bloqueo legislativo y judicial y aunque su administración logró cambios administrativos, el núcleo de su reforma buscaba revertir la apertura de 2013.

Dos reformas que no pasaron, pero que sin duda tenía implicaciones de gran peso no sólo en el ámbito nacional, sino internacional y de entendimiento con otros países, principalmente los Estados Unidos en el acuerdo comercial que hoy se discute si continúa, y que difícilmente se puede dejar al margen.

Pero en el análisis de lo que hoy se discute, el denominado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum se centra en recortes de gasto y ajustes a la revocación de mandato, sin tocar el sistema de elección de diputados plurinominales, financiamiento a partidos ni senadurías de representación proporcional.

Una reforma que se centra sólo en la austeridad y mayor participación ciudadana, pero genera fuertes cuestionamientos por sus implicaciones en la equidad electoral de 2027.

Y es que dicha austeridad se ve muy corta: tratar de limitar los cabildos municipales de 7 a 15 regidores y una sola sindicatura; tope presupuestal a congresos locales al 0.7% del presupuesto estatal, sin ampliaciones; sueldos de consejeros del INE, magistrados electorales y funcionarios de OPLES no superiores al de la presidenta, eliminando bonos, seguros médicos mayores y otras prestaciones; reducción progresiva del 15% en el presupuesto del Senado en cuatro años.

Según la misma reforma estima un ahorro de unos 4,000 millones de pesos, una estimación que no se entiende si será de los recursos municipales, estatales o federales.

No se puede entender cómo se busca reducción presupuestal, si en la próxima elección además se contempla la famosa elección judicial, que se mantiene en 2027 en su segunda etapa federal con 850 cargos federales pendientes, más locales en 19 entidades.

Con ello, la reforma convertiría los comicios intermedios de junio 2027 en la “megaelección” más grande de la historia mexicana: renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales, más de mil ayuntamientos en 30 entidades, elección judicial federal/local pendiente y, potencialmente, la revocación de mandato presidencial.

Así el “Plan B” se antoja como una reforma cosmética pero su núcleo como la revocación adelantada con permiso de campaña presidencial, constituye un retroceso en equidad democrática, ya que en la realidad otorga a la presidenta Sheinbaum una herramienta de movilización y legitimidad en las intermedias de 2027, cuando Morena buscará mantener mayoría en diputados y gubernaturas clave.

Esto no fortalece la democracia, sino que la personaliza y la hace dependiente de la popularidad presidencial.

Los riesgos son altos: complejidad de la megajornada 2027 puede generar caos logístico y deslegitimación; la inequidad favorece al oficialismo y erosiona confianza en instituciones; las reacciones partidistas confirman polarización extrema. En el plano internacional, aunque las presiones aún son incipientes, violan estándares de neutralidad que organismos globales vigilan estrictamente.

En balance, el Plan B prioriza ventaja política coyuntural sobre principios democráticos universales. Si se aprueba sin correcciones, México arriesga un retroceso en calidad democrática medible en índices internacionales.