¿Sería el poder e influencia en Estados Unidos de la gobernadora Maru Campos, lo que llevó a la Agencia Antidrogas (DEA) a destapar una seria acusación contra el gobernador del vecino Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve de sus cercanos por narcotráfico, para desviar la atención del incendio en Chihuahua?
¿Sería el presidente Donald Trump el que lo hizo, molesto porque quedó en evidencia la intervención secreta de su Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua (como básicamente ocurre en varias partes de México), tras el operativo para desmantelar el narcolaboratorio del municipio de Morelos?
¿O sería el testimonio central de Ismael “El Mayo” Zambada y otros operadores del Cártel de Sinaloa, ahora presos en Estados Unidos, los que movieron a la justicia norteamericana a ir por un figurón de la 4T, cobijado por el poder político mexicano con el pretexto de defender la soberanía y rechazar la injerencia extranjera?
La mandataria estatal seguramente tiene más alcances de los que hace públicos, pero de eso a mover a la DEA para quitarse de encima señalamientos de una supuesta alianza con el extranjero, hay mucho trecho.
La política y la justicia estadounidense, por otra parte, tienden al expansionismo y al intervencionismo, pero irse al cuello de la 4T sólo para desestabilizar una relación que puede ser más fructífera en las vías diplomáticas, tampoco hace mucho sentido. A menos, desde luego, que también tengan interés especial en jugar en las elecciones de medio término, las de 2027, de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Pero ahora que toda la maquinaria morenista hizo una defensa inicial de Rocha Moya, con el argumento de que no había pruebas, y luego relevó al gobernador con una licencia de la que difícilmente podrá volver, vale la pena recordar desde cuándo figura el sinaloense en los registros de las agencias norteamericanas.
En julio de 2024, Zambada -dicho por él mismo en una carta pública- iba a reunirse con Rocha Moya y el entonces rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuén, en un rancho cercano a Culiacán, para mediar en el pleito entre “los dos líderes políticos del estado”.
“El Mayo” acabó secuestrado por uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, en una negociación con Estados Unidos para entregarlo en El Paso, Texas, en un vuelo totalmente irregular; Cuén fue ejecutado en ese rancho, aunque la Fiscalía de Rocha Moya hizo un montaje para dejar el cadáver en otro lado y simular un asalto, hecho comprobado por la Fiscalía General de la República (FGR), aunque jamás procedió contra alguien por el crimen.
Así, ni los análisis más cercanos a la 4T -jurídicos, de inteligencia, geopolíticos y prospectivos- le restan peso al golpe que da EU a México a través de “Los Chapitos” de Sinaloa.
Por el contrario, los escenarios planteados resultan adversos, incluso en la eventualidad de que Rocha Moya sea en verdad desprotegido y entregado a la justicia norteamericana, por la idea extendida de que el gobernador es el primero por el que la administración de Donald Trump se anima a cruzar el río, pero no sería el único.

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Si antes el mandatario estatal era simple sospechoso de nexos criminales, desde mediados de 2024 comenzó a diluirse su autoridad política funcional tras quedar descubierta su vinculación con el narco. Después siguieron testimonios vaciados por montones en videograbadoras de la DEA, que detallan la alianza con “Los Chapitos” y otros personajes del Cártel de Sinaloa. No por nada la oleada de ejecuciones y ataques que incendiaron el estado.
Decir que no hay pruebas es demasiado riesgoso si ya existe una acusación confidencial ante un gran jurado, que consideró necesario ir por Rocha Moya y otros nueve para sentarlos ante un juez.
Esto está mucho más allá de una acusación política o de un simple boletín de la DEA. La acusación (el “indictment” hecho público) es una teoría del caso completa donde Estados Unidos plantea que una parte del aparato estatal de Rocha Moya habría operado como estructura de protección de un grupo criminal.
La tesis central es más grave que las meras acusaciones a narcotraficantes de siempre. Establece que funcionarios públicos y autoridades electas -lo que suponemos, pero jamás llega a tribunales- habrían integrado una asociación criminal orientada a facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas.
En el núcleo de la acusación están el gobernador; el senador morenista Enrique Inzunza Cázares; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez y varios mandos de seguridad, fiscales y jefes policiacos. Ellos habrían recibido sobornos, filtrado operativos, liberado detenidos, protegido cargamentos y permitido el control del cártel.
Lo más explosivo podría dividirse en tres partes: en la primera, Rocha es acusado de recibir apoyo de “Los Chapitos” para ganar la elección de 2021; en la segunda, el expediente describe una penetración estructural de corporaciones policiacas estatales y municipales; y tercera, la imputación insiste varias veces en algo clave, la cooperación estadounidense dentro de México.
No lo muestra de inicio, pero además flota en el ambiente que el gobernador, como remedo de gran padrino, traicionó a una facción y luego trató de pactar, a través de gente como “El Chapo Isidro” (Meza Flores), personero de “El Mayo”; y los hijos de “El Chapo” Guzmán, un acuerdo dentro de la organización, después de su fragmentación de 2024. Ya estaba instalado en el poder y sacándole mucho jugo a la gubernatura.
La acusación, además, asienta operativos respaldados por agencias de Estados Unidos, filtraciones de información sobre laboratorios y seguimiento de objetivos.
Ahí está la lectura más delicada para Chihuahua (donde fue desmantelado el narcolaboratorio, atribuido precisamente a “El Chapo Isidro”) y para el artificioso debate reciente sobre soberanía, frente un Departamento de Justicia de EU que da como natural su extraterritorialidad y el uso político de su sistema judicial federal.

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Si la acusación es auténticamente sostenida en pruebas -testigos, intercepciones telefónicas, listas de pagos, decomisos y cooperación internacional- entonces se entiende mucho mejor por qué agencias estadounidenses operan con un nivel creciente de involucramiento en territorio mexicano.
No es solamente persecución de narcotraficantes, más bien parece que Washington ya parte de la premisa de que ciertas estructuras institucionales mexicanas están comprometidas y eso pega directamente a los intereses de EU.
Y el asunto aquí puede moverse de la DEA a la CIA. La primera es antidrogas exclusivamente, la segunda tiene “Misiones para las Américas y la Lucha contra el Narcotráfico”, “Centro de Inteligencia Cibernética”, “Centro de Misiones de Contrainteligencia” y “Centro de Misiones Antiterroristas”.
¿En cuál división de la CIA puede ser incluido el añejo narcotráfico mexicano y la persistente narcopolítica tan evidenciada no sólo en Sinaloa, sino en Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Guerrero, Tabasco, la Secretaría de Marina, el Ejército, las fiscalías de los estados, la Guardia Nacional y demás instituciones?
Sobran los ejemplos de estos tiempos para encuadrar y expandir el cuestionamiento anterior: el senador Adán Augusto López y “La Barredora”; Américo Villarreal y el huachicol; Marina del Pilar Ávila, sin visa junto con su exmarido, Carlos Torres, ligado al crimen organizado, y otros más pertenecientes al gobernante Morena.
En este punto, vale la pena recordar una de las decisiones del presidente Trump, para designar como terroristas a los cárteles mexicanos y a quienes colaboren con ellos.
Nadie puede hacerse el sorprendido si tiene Trump más de un año dando señales a México de los nuevos alcances antiterroristas de su política exterior, mientras aquí reinaba primero el discurso de “abrazos, no balazos” y luego el de “colaboración, no sumisión”, pero sin resultados de fondo.
Ahora bien, también sobran cuestionamientos a lo ocurrido en estas dos últimas semanas en medio de una tirante relación bilateral.
¿Esto es un ataque político abierto a la 4T de México por parte de Estados Unidos para extender su dominio económico? Por supuesto que sí, pero desde hace mucho advirtió cómo veía a la política nacional, como cómplice de los criminales, terroristas en su concepción particular.
¿Hay un interés oculto de EU para operar a través de la CIA y la DEA en Chihuahua y Sinaloa? Desde luego, hasta el más ingenuo lo puede intuir. Pero México y la 4T no pueden escudarse en eso para no procesar los casos penales graves que les pone enfrente un gobierno extranjero.
¿Hay una extraterritorialidad expansiva del poderoso vecino? Sí, como desde hace dos siglos lo planteó la doctrina Monroe (Donroe, le dicen ahora). Pero nadie puede negar que el más eficiente tribunal contra la narcopolítica mexicana está en Manhattan, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York; aquí en México no.
Por eso el tema rebasa por mucho a Sinaloa y va más allá de la estocada a “Los Chapitos”, que llega sumarse a una serie de golpes previos al grupo que heredó “El Chapo”. Toca directamente el debate sobre soberanía, infiltración criminal de las instituciones y el disminuido margen real del Estado para recuperar el control.
Ante ello, los escenarios que se abren para la 4T son críticos: si entrega al de Sinaloa, fractura a Morena, pero complace a EU y con ello muestra su gran debilidad; si ignora el reclamo de la justicia norteamericana, queda como defensora de la narcopolítica, con el argumento de una endeble y simulada defensa de la soberanía.
Ha optado ahora por separar provisionalmente a Rocha Moya para ser investigado y, eso y lo que siga, tendrá sus repercusiones electorales el año próximo, cuando serán electos los gobiernos de 17 estados del país y las 500 diputaciones federales, en las que ahora el movimiento encabezado por Morena tiene mayoría indiscutible.