El vacío que el PAN estatal y nacional le hicieron a la gobernadora, al abandonarla a su suerte frente a la embestida del régimen para desaforarla por la supuesta violación a la Ley Federal de Seguridad, lo llenó la dirigente nacional de Morena.
A casi un mes del desmantelamiento del narcolaboratorio en el municipio de Morelos, y tras un intenso intercambio de acusaciones entre la federación y el estado, la retórica presidencial parece imponerse sobre la verdad histórica.
Pese al éxito de la operación para asestar un soberano golpe al crimen organizado —en la que participaron fuerzas federales y agentes de la CIA—, la gobernadora de Chihuahua podría ser quien pague los platos rotos.
La lógica y la razón, en un país democrático y con vigencia del Estado de derecho, reconocerían la labor de las fuerzas del orden y la cooperación bilateral con el mayor socio comercial de México en el combate al narcotráfico.
Pero en México, donde se impone la narrativa de un régimen autoritario y embarrado hasta las manitas con “organizaciones terroristas”, denominadas así por la justicia norteamericana, se castiga el éxito y se sataniza a quien osa romper el pacto de impunidad entre la federación y el crimen organizado.
El partido oficialista no se arredró ante las graves acusaciones de jueces federales de Nueva York y Texas contra el gobernador morenista de Sinaloa, un senador, el alcalde de Culiacán y otros funcionarios ligados al clan de Rubén Rocha Moya.
Más que amilanarse, el régimen que encabeza Claudia Sheinbaum se reordenó y parece salirse con la suya para amortiguar el doble golpe a su credibilidad.
Después de tres semanas bajo fuego por las acusaciones de presuntas relaciones con el crimen organizado, la 4T parece crecerse frente al castigo y retoma el linchamiento político contra la gobernadora María Eugenia Campos.
Para azoro de propios y extraños, Morena aprovechó la inacción de las cúpulas panistas y llenó el vacío en las propias narices del gobierno estatal.
Sin perder más tiempo, la recién entronizada dirigente nacional, Ariadna Montiel, vino a Chihuahua y, escoltada por la senadora con licencia Andrea Chávez y el todavía alcalde en funciones de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, anunció este martes por la mañana movilizaciones para impulsar el desafuero de Campos Galván.
Los morenos quieren venganza y buscan quién se las pague. En vez de quedarse quietos a esperar el desastre electoral, pusieron manos a la obra y se apoderaron del escenario político en Chihuahua.
La culpa no es de ellos, porque simple y llanamente entienden las circunstancias y saben aprovechar los momentos.
La dirigente nacional de Morena está haciendo la tarea que Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, y la plana mayor del partido no hicieron al abandonar a su suerte a la gobernadora de Chihuahua.
Independientemente del éxito de las movilizaciones partidistas para pedir el desafuero de Maru Campos o la desaparición de poderes en el estado, ello no extingue el éxito del desmantelamiento del narcolaboratorio ni garantiza que Morena vaya a conseguir sus pretensiones.
Lo que sí queda claro es el abandono del partido a Maru Campos, y eso tiene tufo a capitulación del PAN en Chihuahua, por razones que solo el novel dirigente panista conoce.
Lo que parecía una victoria política y moral para el gobierno estatal puede convertirse en la puntilla para Acción Nacional y su casta de mercenarios enquistados en sus cúpulas.
Es cuanto.