“El presidente concentra el poder en su persona. Les deja poco a los gobernadores. Silencia a la oposición parlamentaria. Reduce al mínimo el debate de índole política… estará en todos los frentes dando órdenes y recibiendo obediencia… será el poder sin más, la autoridad indiscutida, la última palabra, el cállese, obedezca y no replique… El Congreso se convirtió en un museo… las leyes llegaban hechecitas, sólo había que ponerse de pie y decir “sí”. Ninguno de los poderes de la federación retuvo poder” (Luis González, El Liberalismo Triunfante).
Durante décadas, México vivió bajo un sistema político donde el poder se concentraba en una sola figura y donde los estados existían, sí, pero bajo una condición implícita: obedecer. Los gobernadores conservaban margen de maniobra mientras no incomodaran al centro. Las instituciones de justicia funcionaban con frecuencia más como instrumentos de control político que como auténticos árbitros imparciales. La legalidad era utilizada para justificar decisiones previamente tomadas desde el poder, y cualquier diferencia política podía ser interpretada como desafío, deslealtad o amenaza para la estabilidad nacional.
Y sí: todo eso ocurrió durante la dictadura porfirista.
Lo en verdad inquietante es que, leído hoy, suena demasiado actual.
En las últimas semanas hemos visto cómo desde el oficialismo se han impulsado acusaciones de “traición a la patria” contra la gobernadora de Chihuahua a partir del operativo donde participaron agentes estadounidenses autorizados por el propio gobierno federal. Después vinieron los citatorios de la FGR, la construcción de una narrativa de “injerencia extranjera” y, casi al mismo tiempo, la iniciativa de reforma para establecer como causal de nulidad electoral la intervención extranjera en procesos democráticos. Mientras tanto, quienes fustigan a un gobierno estatal que destruyó un narcolaboratorio son los mismos que defienden a funcionarios -de su movimiento- acusados de colusión con el crimen organizado.
Nada de eso es casual.
Estamos viendo a un partido y a un gobierno que utilizan la justicia, las instituciones y las leyes para ampliar su control político y reducir espacios de libertad. Lo preocupante no es sólo el caso Chihuahua. Lo preocupante es el patrón.
Porque cuando el poder comienza a etiquetar a sus adversarios como enemigos de la patria, la libertad empieza a estar en riesgo.
Nadie discute que México debe proteger su soberanía. Nadie puede estar a favor de financiamiento ilegal extranjero, ciberataques o manipulación internacional de elecciones. El problema aparece cuando conceptos tan delicados como “intervención extranjera” se vuelven ambiguos y políticamente utilizables. Entonces cualquier crítica incómoda puede ser señalada como amenaza; cualquier diferencia puede convertirse en sospecha; cualquier opositor puede ser presentado como enemigo nacional.
Y eso es lo que estamos empezando a ver.
La iniciativa de Morena no sólo abre la puerta a una enorme discrecionalidad política y judicial. También revela algo más profundo: el miedo del régimen a perder el control y el poder. Por eso necesita fabricar enemigos externos, alimentar confrontaciones patrióticas y desplazar la conversación nacional hacia otros temas mientras el país enfrenta problemas mucho más graves.
Porque mientras el oficialismo habla de soberanía, México sigue atrapado por la violencia, la corrupción y los vínculos cada vez más preocupantes entre poder político y crimen organizado. Mientras se intenta colocar bajo sospecha a gobiernos opositores, millones de mexicanos viven con miedo, sin seguridad y sin justicia.
El problema de fondo es que Morena -despojada de su máscara- ha comenzado a utilizar las herramientas propias de las dictaduras que, lentamente, van reduciendo libertades: primero desacreditan; después intimidan; luego normalizan el uso político de fiscalías, tribunales y leyes. Todo bajo un discurso con apariencia de patriótico.
La historia demuestra que la libertad rara vez desaparece de golpe. Se erosiona poco a poco. Un citatorio injustificado hoy. Una reforma ambigua mañana. Una acusación de traición después. Y cuando la sociedad reacciona, el poder ya acumuló demasiadas herramientas para castigar a quien piensa distinto.
Por eso lo que ocurre en Chihuahua no debería preocupar sólo a los chihuahuenses.
Porque hoy el objetivo es una gobernadora opositora. Mañana será cualquier periodista, empresario, ciudadano, medio de comunicación o estado que decida no alinearse con el poder central.
Y ahí está el verdadero peligro.
Chihuahua históricamente ha sido tierra de carácter, independencia y resistencia frente al centralismo. Quizá por eso incomoda tanto. Porque representa algo que las dictaduras siempre buscan reducir: la capacidad de disentir.
Defender a Chihuahua no es defender a una persona ni a un partido. Es defender algo mucho más importante: nuestra libertad.
Porque cuando el poder utiliza las leyes para intimidar opositores y castigar diferencias políticas, el problema deja de ser electoral o partidista. El problema empieza a ser el derecho de los mexicanos a vivir en un país donde todavía sea posible pensar, disentir y hablar sin miedo.
