La discusión sobre la informalidad económica suele verse enturbiada por la confusión entre categorías distintas. Por ello resulta útil recurrir a las definiciones empleadas por el INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), principal fuente estadística sobre el mercado laboral mexicano.
De acuerdo con el INEGI, el sector informal está constituido por unidades económicas que operan en pequeña escala, pertenecen a los hogares y no cuentan con los registros básicos exigidos por la legislación para desarrollar actividades productivas. Se trata, en esencia, de negocios que no están constituidos formalmente como empresas y carecen de una contabilidad y registros que permitan distinguir plenamente las actividades productivas de las actividades domésticas de sus propietarios. El comercio ambulante constituye el ejemplo paradigmático de este sector.
Sin embargo, la informalidad laboral es un concepto más amplio. Además de quienes trabajan en el sector informal, comprende a personas ocupadas en actividades agropecuarias de subsistencia, trabajadores domésticos sin protección laboral y, de manera particularmente relevante, asalariados que laboran en empresas formalmente constituidas pero que carecen de acceso a la seguridad social y a otros derechos laborales. En consecuencia, puede existir empleo informal incluso dentro de establecimientos plenamente registrados ante las autoridades fiscales.
La distinción resulta fundamental para evaluar la relación entre informalidad y legalidad. Desde la perspectiva penal, buena parte de las actividades económicas desarrolladas en el sector informal no constituyen delitos. No obstante, ello no implica que operen dentro de un marco de plena legalidad. Cuando un establecimiento emplea trabajadores sin cumplir las obligaciones previstas en la legislación laboral y de seguridad social, incurre en incumplimientos que afectan derechos reconocidos por el propio Estado mexicano.
La situación se vuelve más evidente cuando determinados segmentos de la economía informal participan en la comercialización de mercancías de contrabando, productos falsificados o bienes cuya circulación evade las obligaciones tributarias correspondientes. En esos casos, la informalidad deja de ser únicamente una condición estadística o administrativa para ubicarse directamente en el terreno de la ilegalidad.
Durante décadas prevaleció el argumento de que los costes de incorporar fiscalmente a estos agentes económicos superaban los posibles ingresos obtenidos por esa vía. Tal razonamiento pudo haber tenido cierta lógica cuando la informalidad constituía una porción relativamente reducida de la actividad económica. Sin embargo, hoy involucra a alrededor del 55 por ciento de la población ocupada del país, circunstancia que la convierte en un fenómeno estructural y no en una anomalía marginal.
Las implicaciones van mucho más allá de la mera recaudación. La tolerancia institucional frente a la informalidad supone una contradicción profunda: el Estado reconoce el derecho a la seguridad social como un derecho humano, pero admite en los hechos que millones de trabajadores permanezcan excluidos de él. Del mismo modo, reconoce obligaciones patronales precisas en materia laboral, aunque una parte muy significativa de las relaciones de trabajo se desarrolla fuera de los mecanismos de supervisión y cumplimiento.
A ello debe añadirse otra dimensión frecuentemente ignorada. Una proporción importante de los recursos recaudados a los contribuyentes registrados regresa a sectores que permanecen fuera de los mecanismos ordinarios de tributación mediante diversas modalidades de transferencias públicas. Desde esta perspectiva, la informalidad no sólo representa una pérdida de ingresos fiscales; también constituye un mecanismo indirecto de redistribución cuyos costes son absorbidos por quienes sí cumplen las obligaciones tributarias y de seguridad social.
La cuestión de fondo es que la informalidad no puede seguir interpretándose únicamente como el resultado de decisiones individuales orientadas a evadir obligaciones fiscales o regulatorias. Su persistencia y magnitud revelan, más bien, la existencia de una estructura económica e institucional incapaz de incorporar plenamente a millones de personas a los circuitos formales de producción, empleo y protección social.
Cuando más de la mitad de la población ocupada desarrolla su actividad al margen de alguno de los componentes esenciales de la formalidad económica, el problema deja de ser estrictamente laboral o tributario para adquirir una dimensión sistémica. La informalidad se convierte entonces en un indicador de la distancia existente entre el marco normativo del Estado y las condiciones reales bajo las cuales opera una parte sustancial de la sociedad.
Por ello, el debate no debería centrarse exclusivamente en cuánto deja de recaudar el fisco ni en cuántos trabajadores carecen de seguridad social. La pregunta más relevante es otra: ¿qué significa para un Estado que más de la mitad de su fuerza laboral permanezca fuera de alguno de los mecanismos formales que sostienen los derechos, las contribuciones y las instituciones?
Vista desde esta perspectiva, la informalidad aparece menos como una anomalía económica que como una característica estructural del modelo de desarrollo mexicano. Constituye, al mismo tiempo, una estrategia de supervivencia para millones de hogares, una fuente de vulnerabilidad laboral, un desafío para las finanzas públicas y una expresión de las limitaciones del propio Estado para hacer efectivas las normas que proclama. Mientras esa contradicción persista, la informalidad seguirá siendo mucho más que una categoría estadística: será uno de los principales indicadores de la distancia que separa al México legal del México real.
