¿Alguien cree que la presidenta después del affaire de agentes de la CIA en El Pinal hubiera autorizado el uso de placas de Texas en un operativo encubierto en Ciudad Juárez, dirigido al combate de tráfico de armas y/o personas migrantes, como ya quedó demostrado periodísticamente?

La respuesta es evidente, ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ni el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, podrían autorizar tal despropósito, que pone en entredicho la argumentación de defensa de la soberanía en que han gastado ríos de tinta y labia en las últimas semanas.

Ni el jefe policiaco federal ni la presidenta Sheinbaum podría ser directamente responsables de lo que hacen sus policías en la calle minuto a minuto.

Las decisiones de último momento en el terreno operativo son tomadas por los mandos, arrastrados por la inercia del momento, por la urgencia del resultado, o por alianzas opacas e inconfesables con autoridades de otros gobiernos, estatales, municipales - ¿extranjeros? -, incluso grupos criminales.

Esta premisa obliga a revisar con rigor el trasfondo político y penal del escándalo que sacude a Chihuahua, que tiene en la cárcel de máxima seguridad al exfiscal César Jáuregui y seguramente en calidad de testigo protegido a Arturo Zuany, el exresponsable de operaciones Estratégicas de la Fiscalía chihuahuense.

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La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido desde las conferencias matutinas en Palacio Nacional, que la soberanía del país no está sujeta a negociación ni a tolerancias operativas al margen de la Constitución.

Desde la conferencia mañanera del 22 de abril de 2026, tras salir a la luz el fatídico accidente que reveló la presencia no autorizada de agentes extranjeros en la Sierra de Chihuahua, la mandataria fue enfática.

En México "somos muy estrictos en cuidar la soberanía nacional" y advirtió con firmeza que "no puede haber algo que esté fuera de la ley".

En la mañanera del 27 de mayo de 2026, precisó que los dos agentes sobrevivientes de la CIA se retiraron del país en acuerdo con la embajada norteamericana.

“Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un procedimiento, un protocolo, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad se apruebe su licencia, o su estadía para hacer labores de inteligencia”.

Esta postura cobró mayor fuerza hace unos días, cuando The New York Times destapó los mensajes de texto enviados por Zuany desde la clandestinidad.

El 11 de noviembre pasado, la presidenta fijó una posición contundente: "Cualquier agente de una agencia estadounidense en México tiene que cumplir necesariamente con la Ley de Seguridad Nacional. En este caso no se cumplió y por esa razón está detenido el fiscal".

"Cualquier colaboración -insistió- tiene que garantizar el respeto a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional".

En la mañanera del 13 de noviembre de 2026, ante las versiones de que el exvicefiscal Zuany se encontraba bajo resguardo de autoridades estadounidenses, Sheinbaum exigió transparencia y solicitó formalmente un informe detallado al Gabinete de Seguridad.

"Es muy relevante de cómo es que esta persona que llegó a ser vicefiscal de la Fiscalía del Estado de Chihuahua colabora con las agencias de Estados Unidos... es muy relevante cómo es que esta persona vinculada en su momento con actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada después se acerca a las agencias de Estados Unidos".

“Cualquier persona del gobierno de Estados Unidos que realiza actividades de seguridad en México tiene que cumplir necesariamente con la Constitución mexicana y con la Ley Nacional de Seguridad”, apuntó.

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En este contexto, el pasado miércoles un grupo especial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), procedente de la Ciudad de México y bajo el mando del comandante Christian Pineda Vázquez —dependiente de la secretaría que encabeza Omar García Harfuch—, desplegó un aparatoso operativo encubierto en el estacionamiento del centro comercial Plaza Monumental, sobre el Paseo Triunfo de la República en Juárez.

La intervención contra presuntos traficantes de personas derivó en un tiroteo que sembró el pánico entre las familias que realizaban sus compras, con saldo de varios lesionados.

La unidad "encubierta" que tripulaban los federales era un automóvil Nissan Sentra gris que portaba placas de circulación del estado de Texas matrícula TKP 9364 sobrepuestas en un vehículo presuntamente mexicano.

Después del tiroteo, los agentes federales respondieron con agresiones verbales e insultos, cuando una oficial de la policía estatal abordó a los hombres armados en vestimenta civil para identificarlos.

Durante más de una hora, la vía pública se convirtió en escenario de enfrentamiento verbal e intimidación hacia los reporteros gráficos que cubrían la nota.

Este uso de vehículos con placas extranjeras sobrepuestas en operativos de seguridad revive el fantasma de los episodios más oscuros de la Policía Judicial Federal (PJF) de la década de 1980 e inicios de los años 90.

En aquella época dorada del cinismo policial, era cotidiano ver a los comandantes federales y a sus escoltas pasearse por las calles del país en camionetas robadas en Estados Unidos, con placas de Texas o California decomisadas o clonadas, exhibiendo "charolas" de impunidad y operando al margen de todo control legal.

Ver a los policías de García Harfuch reproduciendo exactamente los mismos vicios de la antigua Judicial Federal representa una contradicción flagrante.

Choca el discurso inflexible de soberanía en la tribuna mañanera mientras los agentes en la frontera circulan en vehículos con placas sobrepuestas del vecino país para "despistar" al enemigo, en operativos oficiales.

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Bajo esa lógica, si los operadores de campo actúan con autonomía al operar contra los criminales, debe cuestionarse la severidad punitiva aplicada al exfiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.

Sin pretender exculparlo de omisiones institucionales cometidas durante su gestión en el caso de la intromisión de la CIA -y que el mismo aceptó-, resulta desproporcionado conferirle un grado de responsabilidad delictiva como para mantenerlo confinado en la principal cárcel de máxima seguridad federal.

Dicha reclusión se entiende mucho más por motivos de escarmiento político que por un estricto sustento legal, especialmente cuando se examina la pieza que verdaderamente falta en el rompecabezas, la detención del exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Las revelaciones periodísticas publicadas por The New York Times dejaron al descubierto que el vicefiscal Zuany andaba completamente suelto en la estructura estatal.

Mantenía este funcionario no sólo relaciones con esquemas delictivos de la región, sino que se convirtió en el eje de una red de colaboración encubierta con inteligencia extranjera.

Que Zuany haya operado de forma autónoma con la agencia estadounidense no significa que automáticamente deban cargársele todas esas imputaciones al Fiscal General como una traición a la patria al estilo Cerro de las Campanas, donde fusilaron a Maximiliano de Habsburgo.

Zuany habría participado al menos indirectamente -estaba en Miami el día del operativo en El Pinal- junto a la CIA en la Sierra Tarahumara donde murieron dos agentes norteamericanos y dos funcionarios mexicanos, y hoy, lejos de responder ante los tribunales del país, se encuentra refugiado en Estados Unidos bajo el cobijo de las propias agencias que lo reclutaron.

Para Washington no hay delito qué perseguir; allá es un colaborador protegido.