La reciente separación de Luis Iván Ortega Ornelas, alias "Toka", de la dirección general del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE) no constituye un hecho fortuito ni un mero ajuste técnico.

Es en términos llanos el eslabón más visible de la estrategia desplegada para erradicar cualquier espacio de influencia del grupo político de César Jáuregui Moreno en la administración estatal.
Ubicado como un operador financiero y político de primera línea del círculo cercano del exfiscal, Ortega Ornelas fue relevado de su encargo por instrucciones centrales.

Tuvo “El Toka” detalle con mensaje en redes. “Jefa me voy agradecido, y con la certeza de que Chihuahua está en buenas manos”.
No es el único cambio. Con Gilberto Loya -blindado por título exprés de abogado y eminente magister en lo mismo- como encargado del despacho, vinieron otras modificaciones clave.

Llegó Omar Antonio Tinoco Torres al frente de la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación en reemplazo de Jesús David Flores Carrete; en la Dirección General de Administración, el contador público Luis Raúl Rico Montes; en la mal conocida como "vice fiscalía", Wendy Paola Chávez Villanueva, quien dejó la titularidad de la fiscalía especializada de género.

En la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, Anabel Amparán Delgado, fue designada coordinadora regional de Agentes del Ministerio Público y Joryana Martínez Martínez asumió la Coordinación de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro.

Además del Ichife, y antes de estos cambios acelerados por el proceso penal contra el exfiscal, pegó la podadora en Juan Blanco, uno de los defensores mediáticos más visibles de Jáuregui, quien estaba a cargo de las carreteras, con cese fulminante.

La debacle comenzó en abril pasado tras el polémico operativo en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde la Agencia Estatal de Investigación intervino un narco laboratorio con la participación no autorizada de supuestos agentes de la CIA de Estados Unidos.

El fatal accidente carretero que provocó la muerte de los agentes estadounidenses y dos funcionarios locales forzó la dimisión de Jáuregui, quien luego emprendió una rebelión de las bases, por la candidatura al ayuntamiento, aún sin decidirse.

Después vino la reunión Maru-Sheinbaum, que desembocó en ejecución de órdenes de aprehensión por parte de la fiscalía local contra Jáuregui y Guillermo Zuany Portillo, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación y exfiscal de Operaciones Estratégicas, a quien por cierto le acaban de retirar su visa temporal, o parole, la que había conseguido en la oficina de la CIA en Nuevo León.

En nado sincronizado, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el expediente para encarcelar al exfiscal e imputarlo por el delito federal de traición a la patria en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, deteniéndolo cuando un juez local lo dejó con medidas cautelares, pero en libertad.


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Es claro que en el plano local la relación entre la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el grupo de César Jáuregui no tiene por lo pronto vuelta atrás ni margen para la reconciliación.

Lo que por más de 15 años funcionó como una de las duplas políticas más sólidas de Chihuahua colapsó a raíz del escándalo en la Sierra Tarahumara.

La distancia entre ambos se ha acrecentado.
Ante la tormenta mediática y la presión del Ejecutivo federal, la gobernadora Maru Campos fijó postura en televisión nacional, "desgraciadamente, se actuó por la libre por parte del exfiscal y de otras personas al interior de la Fiscalía General, y eso no se puede perdonar”.
“Quien ya rebasa ese límite de no avisarle a la jefa, de no platicarle qué estaba pasando, rebasa la norma", apuntó.

Tras concretarse la detención, remató afirmando que "en Chihuahua la ley se aplica sin distinción; aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie, y nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley".
La respuesta de César Jáuregui no tardó en llegar. Defendió el operativo en la sierra.
Desde prisión, mediante una carta enviada a la militancia panista, el exfiscal aclaró que "nunca hablé mal de ella en público, siempre la defendí”.
Fue más allá, calificó la postura de Palacio como una "traición vil y mezquina".

La confrontación se ha trasladado a una trinchera mediática no sólo local, sino nacional, donde tanto Maru como Jáuregui han robado cámara y espacio en la peleada agenda nacional.

No hay noticiero de redes sociales, televisión abierta o radio, que no haya cedido horario estelar al tema, con solidaridad especial al ex fiscal por lo absurdo de la acusación histórica de traición a la patria, propia de arcaísmos que llevan al Cerro de las Campanas donde fue fusilado Maximiliano.
Constitucionalistas y especialistas en seguridad nacional advierten sobre las severas dificultades técnicas que enfrentará la FGR para sostener dicha imputación.

Al tratarse de un delito contemplado en el artículo 123 del Código Penal Federal y reservado históricamente para escenarios de guerra o invasión, resulta jurídicamente complejo encuadrar la omisión o tolerancia en el ingreso de agentes de la CIA como un atentado deliberado a la soberanía, en lugar de una falta administrativa o del fuero común.

Es ahí donde juegan las revelaciones atribuidas a la gobernadora acerca de corrupción y casinos que Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy -Fiscal General de la República, revelaron también en anuncios televisados y radiodifundidos.


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Este cisma -y sismo- político trastoca el tablero del Partido Acción Nacional para la Presidencia Municipal de la capital rumbo al proceso electoral de 2027, base toral de la derecha frente al avance de Morena-izquierda.

Los guindas encabezan la preferencia estatal con cinco o 10 puntos de acuerdo a cada encuesta -y quien la pague-, por lo que el PRIAN tendría que arrebatar puntos de Juárez y no sólo conservar Chihuahua Capital, sino arrasar.

Antes de su aprehensión, Jáuregui destacaba en las mediciones de preferencia interna para disputar la alcaldía.

Tras su caída en desgracia, el vacío provocó reacomodos para intentar contener la fractura, que continúa viva, y acentuándose por purga de adherentes.

En ese contexto, el coordinador de los diputados locales del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, decidió hacerse a un lado en la contienda municipal y hacer público su respaldo a las aspiraciones del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda. Llamó Alfredo a construir acuerdos y privilegiar la unidad frente a la oposición.

Pero no es Santiago la única carta aunque sí la más frágil de todas. La contienda blanquiazul conserva perfiles competitivos y posicionados.
En la baraja destaca la diputada federal María Angélica "Manque" Granados Trespalacios, exalcaldesa suplente de Chihuahua y exsecretaria de Desarrollo Económico, quien se ubica en los primeros lugares de aceptación y figura como la única mujer inscrita en el abanico panista.

A ella se suman Alan Falomir Sáenz, titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, quien ratificó su aspiración respaldado por su trayectoria legislativa y municipal, y ha venido creciendo en preferencias, remangándose la camisa, dando resultados en delicada tarea del agua.

Nada está decidido. Vendrán dos o tres meses aún de disputa en el tablero panista.

Mientras ello ocurre, en la titánica y casi imposible tarea de reorganizar filas y controlar daños -que podrían ser irreversibles, Morena avanza.

Tiene su propio proceso de selección capitalino con cuadros como la diputada Brenda Ríos, el patético regidor Miguel Riggs, el exdirigente estatal Martín Chaparro, Marco Quezada.
Quien sea de ellos, encontrará a un PAN desgastado con una brecha -oportuna- de heridas que no han podido sanar -sangran-, y un PRI desaparecido.