A raíz de la entrega de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, se han vertido diversas opiniones sobre la inversión de más de 4,000 millones de pesos en su edificación. Sin embargo, centrar la atención únicamente en la construcción de los 20 niveles y 114 metros de altura simplifica el debate, ya que el proyecto va mucho más allá de un inmueble.
Para entender la magnitud del proyecto, es indispensable precisar que dicho monto financió el despliegue de toda la Plataforma Centinela a nivel estatal. Esta inversión cubrió la adquisición e instalación de tecnología de punta en la mayor parte de los municipios de Chihuahua, que incluye más de 4,800 cámaras fijas, 3,000 móviles, 1,800 lectoras de placas y sistemas de inteligencia artificial para el reconocimiento facial, drones tácticos, filtros fronterizos, arcos de control vial, patrullas con telemetría avanzada y la creación de 13 subcentros de monitoreo regionales interconectados y la capacitación especializada del personal.
El verdadero valor de esta infraestructura radica en el blindaje del sistema de justicia mediante la adopción de tecnología de punta, la cual, lejos de ser un gasto superfluo, funciona como un mecanismo de ahorro al eficientizar las investigaciones criminales. La recopilación automatizada de matrículas y el reconocimiento facial generan evidencia digital sólida, que no depende de la volatilidad o memoria de los testigos, lo que acorta drásticamente los procesos judiciales y evita juicios prolongados. Un ejemplo contundente de esta efectividad en Ciudad Juárez, fue la resolución del caso de un pequeño víctima de homicidio. Gracias al minucioso rastreo de las cámaras de seguridad, las autoridades lograron reconstruir paso a paso la ruta exacta de la presunta responsable, captando el momento en que abordaba rutas de transporte público y vehículos de plataforma para trasladar y abandonar el cuerpo del menor. Este seguimiento tecnológico aportó elementos científicos clave para la inmediata identificación, localización y captura de los implicados.
Por otro lado, el uso de herramientas de vanguardia genera un ahorro sustancial en la investigación delictiva al sustituir operativos masivos a ciegas por inteligencia de datos que optimizan cada peso invertido, ya que permiten administrar de mejor manera los recursos humanos, al sustituir los patrullajes, por sistemas automatizados de análisis de video que localizan objetivos específicos en minutos, permitiendo al personal concentrarse en tareas operativas de alto valor.
Más aún, la relevancia de implementar tecnología de punta en seguridad pública, cobra un sentido profundo cuando miramos el retrovisor de nuestra historia local y recordamos con dolor el periodo comprendido entre 2008 y 2010, la época más álgida de la violencia en Ciudad Juárez. En aquellos años, los altos índices delictivos lesionaron gravemente la economía de la ciudad al provocar un éxodo masivo de inversiones, el cierre de cientos de comercios por extorsión y la destrucción de la convivencia social debido al confinamiento por el miedo; una dura lección que nos demostró que sin seguridad pública no hay progreso, ya que el desarrollo económico y la paz social jamás florecerán en el caos.
En este contexto, y bajo una estricta visión de Estado, la ausencia de los órdenes federal y municipal en un evento de tal trascendencia —así como sus posicionamientos públicos al respecto— envía un mensaje desafortunado a la ciudadanía y a los sectores empresariales. El combate a la delincuencia organizada exige un frente común que trascienda, con civilidad, los colores partidistas y las coyunturas electorales. Cualquier brecha en la coordinación institucional debilita el esfuerzo colectivo que Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua demandan para la construcción de la paz social. Calificar esta infraestructura de "inversión faraónica" basándose solo en el costo de su edificación, evidencia un preocupante desconocimiento de la estrategia policial y de la complejidad inherente a la seguridad pública.
La Torre Centinela ya es una realidad tangible. Su éxito a largo plazo dependerá del correcto uso de sus capacidades tecnológicas y de la voluntad política para rescatar la coordinación institucional que la frontera tanto necesita. La estructura ya está de pie; ahora corresponde vigilar que cumpla su misión máxima: mantener la paz y el progreso del Estado.