Ciudad de México.- Repartidores y conductores cuestionaron la viabilidad de las reglas emitidas por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para calcular su ingreso neto y así poder aspirar a la seguridad social.
Aseguraron que los cálculos dejarán fuera del acceso a la salud a muchos trabajadores.
El día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las disposiciones generales que establecen cómo se calculará el Ingreso Neto Mensual (INM) de las personas trabajadoras de plataformas digitales.
Este cálculo será la base para determinar si un trabajador tiene derecho al IMSS y cuánto deben pagar las plataformas y el propio trabajador para cubrir su seguridad social.
Según la interpretación de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), el cálculo del INM no se basa en el total de lo que se gana, sino en lo que se considera "neto" después de aplicar un descuento por el uso de la herramienta tecnológica (la plataforma digital) que proporciona la empresa.
Este descuento no considera gasolina, celular, moto o auto como herramientas del trabajador porque la Ley Federal del Trabajo establece que esas herramientas deben ser provistas por el patrón y no pueden descontarse del cálculo del INM ante el IMSS.
"Hemos sostenido una postura firme: el ingreso completo de las personas trabajadoras debe considerarse como base para calcular el INM, sin aplicar exclusiones.
"Descontar porcentajes del ingreso real eleva el umbral necesario para acceder a la seguridad social, excluyendo a muchas personas en condiciones más vulnerables", afirmó el colectivo.
Lamentó que se haya establecido un esquema de exclusiones que, en los hechos, limita el acceso a la seguridad social para miles de trabajadores.
"Si bien ahora existen criterios públicos y definidos, el establecimiento de estos porcentajes se hace a sabiendas de que miles de personas trabajadoras quedarán fuera del sistema de aseguramiento, particularmente quienes se encuentran en condiciones de mayor precariedad.
"Esto no es compatible con el espíritu de universalidad y justicia que debería regir cualquier política pública en materia laboral", añadió la UNTA.
Añadieron que vigilarán de cerca la implementación del programa piloto, además de que exigirán transparencia, cumplimiento y denunciarán a las empresas que incumplan las reglas.
