Ciudad de México.- En un comunicado, detallaron que la nueva amenaza sobre los costos del transporte de pasaje, carga y todas sus modalidades proviene de la Cámara de Diputados, en el inicio de la discusión este lunes, desde las 14:00 horas, de una propuesta fiscal que limitaría el acceso al estímulo por pago de peajes en autopistas de cuota, con el riesgo de trasladar mayores costos a las cadenas productivas y, eventualmente, a los consumidores.
"La modificación contemplada en la Ley de Ingresos 2027 reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales de las empresas que pueden acceder al beneficio fiscal, el cual permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el 50 por ciento del gasto en casetas", detallaron.
Explicaron que, aunque el porcentaje de acreditamiento permanecería sin cambios, la reducción del umbral dejaría fuera del beneficio a empresas que actualmente cumplen los requisitos, incrementando su carga fiscal y presionando sus márgenes operativos.
"La advertencia surge en un momento particularmente delicado para el autotransporte de carga, que enfrenta una combinación de incrementos en combustibles, tarifas de peaje y seguros de mercancías, estos últimos afectados por la inseguridad y los robos en carreteras", enfatizaron.
De acuerdo con cifras oficiales del sector, durante 2026 las tarifas de peaje aumentaron en promedio 9.7 por ciento, mientras que el diésel pasó de 26.12 a 26.99 pesos por litro, con un impacto económico estimado en 39 mil 400 millones de pesos para el sector.
A ello se suma el peso económico de una actividad que tan solo en 2025 generó pagos por 49 mil 285 millones de pesos en autopistas y puentes de cuota, además de mil 154.2 millones de pesos por derechos, productos y aprovechamientos federales.
En ese sentido, indicaron que el transporte de carga representa, de manera general, entre el 10 y el 25 por ciento del costo total de venta de un producto en México.
Por lo que cualquier incremento adicional en los servicios logísticos podría terminar reflejándose en los precios de mercancías y bienes de consumo.
De esta manera, señalaron, la discusión legislativa abre un nuevo frente de presión sobre la inflación, precisamente cuando el Gobierno federal busca contener el aumento de precios y mantenerlo dentro del rango objetivo del Banco de México.
"La decisión que adopten los diputados podría tener consecuencias más allá de la recaudación fiscal: afectaría la estructura de costos de empresas transportistas y su capacidad para absorber nuevos incrementos sin trasladarlos a sus clientes", puntualizaron.
