Sunland Park, NM— La presencia militar en la frontera Sur de Estados Unidos ha alcanzado un nuevo punto de inflexión. El viernes pasado, el presidente Donald Trump emitió un memorando presidencial en el que aseguró que la “complejidad de la situación actual” en la frontera con México requiere que las Fuerzas Armadas asuman un papel más activo.
Como parte de esta medida, ordenó al Ejército tomar control directo de tierras federales, mencionando explícitamente la Roosevelt Reservation, una franja de terreno de unos 18 metros de ancho que se extiende a lo largo de la base fronteriza de California, Arizona y Nuevo México.
Este movimiento marca un nuevo capítulo en la acelerada militarización de la frontera, una estrategia central del segundo mandato de Trump que ha alarmado tanto a legisladores en Washington como a funcionarios del Gobierno mexicano.
En las colinas desérticas de Sunland Park, Nuevo México, el sargento de Primera Clase Carlos Zamora patrulla junto a su unidad y un vehículo de combate Stryker de 20 toneladas, símbolo del giro militar que ha tomado la política migratoria estadounidense.
“Desde que llegó el Stryker, hemos visto más personas darse la vuelta que intentar cruzar”, dijo Zamora al Washington Post. Veterano de Afganistán e Irak, hoy observa desde su vehículo blindado cómo los intentos de cruce parecen disminuir ante la demostración de fuerza.
Zamora forma parte de la 2ª Brigada de Combate Stryker de la 4ª División de Infantería, con base en Fort Carson, Colorado. Su despliegue forma parte de un esfuerzo que ya ha movilizado a unos 10 mil soldados desde Texas hasta California.
La operación, conocida como la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, se ha convertido en el eje de una estrategia que incluye vigilancia con drones, despliegues navales frente a las costas mexicanas y el uso de tecnología militar para monitorear el movimiento de personas y drogas, así como la actividad de los cárteles.
Emergencia nacional, tensiones diplomáticas
El 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declara emergencia nacional en la frontera. Como parte de esta declaratoria, solicitó a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional un informe sobre las condiciones fronterizas y una recomendación sobre si invocar la Ley de Insurrección, lo cual permitiría a las tropas tomar un rol más directo en tareas de orden público. La medida sería profundamente polémica, ya que implicaría una excepción a la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de Fuerzas Armadas en tareas civiles salvo en circunstancias extraordinarias.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha revivido su promesa de campaña de lograr un “control operacional total” de la frontera. La decisión de desplegar vehículos Stryker –diseñados para zonas de guerra como Irak, Afganistán y más recientemente Ucrania– confiere a esta misión un tono marcadamente militar.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó en febrero el despliegue de la unidad de Zamora. “Estamos completamente comprometidos con lograr el 100% de control operativo en la frontera Sur”, escribió Hegseth en redes sociales.
A los Strykers se les han retirado las ametralladoras que normalmente portarían en combate, pero conservan sensores capaces de detectar personas a más de tres kilómetros de distancia. Aun así, los soldados patrullan armados y tienen derecho a defenderse.
Disuasión o provocación
Las autoridades fronterizas han registrado una caída abrupta en los cruces ilegales desde la implementación del plan.
En marzo, la Patrulla Fronteriza reportó 7 mil 180 detenciones, una cifra muy por debajo de las 28 mil 654 de febrero y de las 370 mil 883 de diciembre de 2023, durante la administración Biden. Aun así, muchos cuestionan si este descenso obedece a la presencia militar o si es una pausa momentánea mientras los cárteles reorganizan sus rutas y métodos.
“Están observando lo que hacemos, y van a buscar nuevas formas de enfrentar este desafío”, explicó Claudio Herrera, agente de la Patrulla Fronteriza en El Paso. Herrera advierte que los cárteles en Ciudad Juárez han convertido el contrabando humano en una industria lucrativa, con redes de casas de seguridad a ambos lados de la frontera y migrantes que pagan miles de dólares para huir de la violencia en Centro y Sudamérica.
Sin embargo, los críticos alertan sobre el precedente peligroso que se está consolidando. ¿Qué tan cerca está Estados Unidos de convertir su frontera Sur en una zona militar permanente?
México reacciona
La respuesta desde México no se hizo esperar.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó cualquier forma de “intervención o injerencia” que subordine a su país. Sus declaraciones surgieron tras informes que aseguran que el gobierno de Trump sigue considerando ataques directos contra cárteles dentro de territorio mexicano, a los que desde enero ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.
Estas declaraciones reviven heridas históricas profundas entre ambos países. Desde la guerra de 1846 hasta los desacuerdos más recientes sobre migración, comercio y seguridad, la frontera ha sido una línea de fricción constante. La posibilidad de que Estados Unidos emprenda acciones militares transfronterizas podría agravar aún más una relación ya tensa.
¿Un campamento militar permanente?
El plan en discusión contempla que tropas en activo detengan a migrantes hasta que lleguen agentes de la ley, lo cual transformaría la Roosevelt Reservation –esa franja de 60 pies (18 metros) que recorre la base del Suroeste– en una especie de base militar satélite. Esto podría exponer a los migrantes a un nuevo tipo de criminalización militarizada, muy distinta de las detenciones civiles tradicionales.
El Ejército ha comenzado a construir la logística necesaria para una presencia prolongada. Strykers han sido descargados de trenes bajo la lluvia en Fort Bliss, Texas, y conducidos con escoltas policiales hasta puntos fronterizos. Se espera que estén presentes en zonas remotas como el Parque Nacional Big Bend, en Texas, y áreas desérticas de Arizona y Nuevo México.
El teniente coronel Chad Campbell, a cargo de uno de los batallones desplegados, admitió que esta misión no es típica. “No es combate. No es lo que entrenamos normalmente. Es única”, dijo. Pero también insistió: “Una unidad bien entrenada puede hacer cualquier cosa”.
¿Qué sigue?
La pregunta ahora es si esta tendencia a militarizar la política migratoria es temporal o el comienzo de una nueva era. Con cada nuevo despliegue, vehículo blindado o cámara térmica instalada, el Sur del país se convierte menos en un punto de entrada y más en una zona de seguridad militarizada, con consecuencias profundas para la migración, los derechos humanos y las relaciones internacionales.
Como en otros momentos de la historia estadounidense, las decisiones tomadas bajo la bandera de la seguridad nacional podrían redefinir los límites del Poder Ejecutivo y las fronteras mismas del país.
