Dos ciudadanos mexicanos se declararon culpables este miércoles de múltiples cargos, entre ellos tráfico de personas y brindar apoyo material a una organización designada como terrorista extranjera: el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Maria Del Rosario Navarro-Sánchez, de 40 años, alias “La Chayo”, y Gustavo Castro-Medina, de 29, ambos originarios de México, reconocieron ante un tribunal federal del Distrito Oeste de Texas su participación en una red que combinaba el tráfico de metanfetamina, el traslado ilegal de migrantes hacia Estados Unidos y el contrabando de armas de fuego hacia territorio mexicano en beneficio del CJNG.
De acuerdo con documentos judiciales, Navarro-Sánchez conspiró para proporcionar apoyo material al CJNG mediante el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, con el propósito expreso de entregarlas a miembros del cártel. Los fiscales sostienen que Navarro-Sánchez sabía que la organización cometía actividades terroristas, incluidos secuestros, asesinatos selectivos y el uso de explosivos y armas de fuego. La mujer admitió además haber contratado a traficantes de personas para introducir migrantes de manera ilegal a Estados Unidos; al menos uno de ellos administraba casas de resguardo de Navarro-Sánchez en El Paso, donde almacenaba armas y narcóticos.
Según la investigación, en agosto de 2023 Navarro-Sánchez negoció la compra de veinte rifles tipo AK-47 y dos rifles calibre .50 con agentes encubiertos. Las armas estaban destinadas a ser entregadas a personas que las introducirían de forma ilegal a México, donde serían utilizadas para respaldar el tráfico de metanfetamina y otros narcóticos hacia Estados Unidos. Castro-Medina, según reconoció, fungió como intermediario para transferir 3 mil dólares como enganche de un pago total de 66 mil dólares por las armas. El 21 de agosto de 2023, coconspiradores de ambos acudieron a un punto de encuentro en El Paso para entregar los 63 mil dólares restantes en efectivo y tomar posesión del armamento; una vez concretado el intercambio, agentes que vigilaban la operación los arrestaron.
Los documentos judiciales señalan también que Castro-Medina fue detenido en noviembre de 2020 por la Patrulla Fronteriza mientras conducía un Nissan Sentra en Sierra Blanca, Texas. En una inspección secundaria del vehículo, los agentes hallaron paquetes envueltos en cinta y cubiertos con líquido de transmisión, ocultos bajo un compartimento no original del auto. Las pruebas dieron positivo a metanfetamina cristalizada, con un peso total de 36.36 kilogramos.
Navarro-Sánchez y Castro-Medina, junto con sus coconspiradores, fueron formalmente acusados en abril de 2025. El gobierno de México, con base en su Ley de Seguridad Nacional, los trasladó posteriormente a Estados Unidos.
Navarro-Sánchez se declaró culpable de un cargo de posesión con intención de distribuir metanfetamina, uno de conspiración para el tráfico de armas de fuego, uno de conspiración para el traslado ilegal de migrantes y uno de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista designada. Enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Castro-Medina se declaró culpable de un cargo de posesión con intención de distribuir metanfetamina y uno de conspiración para el tráfico de armas de fuego, con las mismas penas mínima y máxima previstas. Aún no se fija fecha de sentencia para ninguno de los dos; un juez federal determinará la condena tras considerar las Guías de Sentencia federales y otros factores legales.
“Esta designación nos da otra herramienta poderosa en nuestra lucha contra quienes anteponen sus ganancias a la vida y el bienestar de otros”, declaró el fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, al referirse a la clasificación del CJNG y otras 19 organizaciones criminales como terroristas extranjeras por parte del gobierno de Estados Unidos.
Por su parte, el agente especial a cargo de la División El Paso de la DEA, Robert “Eric” Castañeda, señaló que los cargos ahora tienen mayor peso legal bajo esa designación. “Cualquiera que busque lucrar con la muerte de estadounidenses, sin importar su nivel de involucramiento, será llevado ante la justicia”, afirmó.
El caso fue investigado por la DEA, el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con apoyo de la Patrulla Fronteriza y de autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. La investigación y la acusación formal fueron respaldadas por el Grupo de Trabajo Conjunto Alpha, el esfuerzo del Departamento de Justicia enfocado en combatir el tráfico y contrabando de personas de alto impacto cometido por cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
