Cd. de México.- Erik y Lyle Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres en 1989, presentaron el viernes una solicitud formal para apartar al fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, de su caso; señalan imparcialidad.

En los documentos judiciales obtenidos por el medio estadounidense TheWrap, los hermanos sostienen firmemente que "el expediente revela un conflicto que torna improbable que Erik y Lyle reciban una audiencia imparcial para la nueva sentencia; por lo tanto, la recusación es procedente".

Los hermanos Menéndez también critican a Hochman por presuntamente ignorar los deseos expresados por miembros de su propia familia.

"Ningún integrante del departamento de servicios a las víctimas de la Fiscalía se ha puesto en contacto con ninguno de los familiares cuyas opiniones divergían de las del antiguo cliente de la Sra. Cady", se señala en el expediente judicial, refiriéndose a la abogada de los hermanos.

Los documentos agregan que "estos familiares coincidieron en que casi 35 años de reclusión eran suficientes y que Erik y Lyle debían ser sentenciados nuevamente".

La moción se produce después de que George Gascón, fiscal de distrito previo, propusiera en octubre reducir la pena de los hermanos de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a una condena de 50 años con opción a libertad condicional inmediata.

Sin embargo, Gascón perdió las elecciones de noviembre frente a Hochman, quien, tras asumir el cargo, retiró de inmediato la recomendación de su predecesor.

La postura familiar contrasta directamente con la del actual fiscal de distrito, tal como se explicita en la moción: "La opinión de la familia sobre la continuación del castigo no coincide con la del nuevo fiscal de distrito. Difieren completamente".

Cabe agregar que en abril, familiares de las víctimas, Kitty y José Menéndez, presentaron una queja formal instando a Hochman a cumplir con la Ley de Marsy, una enmienda a la Declaración de Derechos de las Víctimas de California incorporada en 2008, la cual garantiza derechos específicos a las víctimas de delitos en el estado.

Todo para garantizar que las víctimas de delitos gocen de los mismos derechos que los acusados y los condenados en el sistema judicial.