Nuevo Casas Grandes, Chih.- Desde su vinculación a proceso por “tortura”, el comandante y dos policías de Puerto Palomas de Villa permanecen en prisión preventiva, pero para el mes próximo tienen programada una nueva audiencia en el caso sobre un amparo y una apelación, basados en una serie de irregularidades de la acusación de la “víctima”, un policía estadounidense que fue detenido cuando estaba alcoholizado.

Antonio M.G., quien fungía como comandante, así como sus agentes Marcela Yaneth R.M. de 27 años y Javier Martín J.O. de 47 años, fueron aprehendidos por la denuncia del policía norteamericano, Jorge Octavio Madrid Porras de 24 años, quien los acusó de “secuestro” por haberlo arrestado en enero de 2024 mientras escandalizaba a las afueras de un bar en completo estado de ebriedad.

No conforme con la acusación que tergiversa un protocolo legal que aplican comúnmente para los alcohólicos y escandalosos, el norteamericano también les formuló cargos por “tortura”, alegando que le dieron 12 tablazos, aún y cuando no existen cicatrices ni antecedentes clínicos del hecho, sólo un “examen legista” que elaboraron ocho meses después de los hechos.

Pese a la serie de irregularidades que rompen con todos los procedimientos legales para sustentar esos delitos, desde las formas y los tiempos, Jorge Octavio contó con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos que a través de las agencias del FBI y la DEA, presionó a México para que las autoridades nacionales procedieran contra los policías de Puerto Palomas de Villa, reveló el defensor de los agentes, Julio César Aróstegui.

En su intervención, el abogado defensor de los agentes de Puerto Palomas de Villa, acreditó que nunca existió el delito de “secuestro”, dado que trascendió un video de esa madrugada, donde la supuesta víctima escandalizaba en la calle y al querer procederse a su arresto, tuvo que ser sometido por varios policías porque comenzó a lanzar golpes, aprovechando sus conocimientos en box.

En el video puede apreciarse que los agentes lo alcanzaron a someter, a esposar y subir a la patrulla, mientras que ante el tribunal del Distrito Judicial Galeana comprobaron también que el presunto “secuestrado”, firmó su hoja de ingreso a las celdas.

Probados todos los procedimientos que cumplen con el arresto de una persona que escandaliza en la vía pública y que está en estado de ebriedad, quedó desechado el cargo de privación a la libertad.

Sin embargo, Julio César Aróstegui señaló que como la consigna era “encarcelar a quienes encarcelaron al policía norteamericano”, se le dio curso a los cargos por “tortura”, pese a que Jorge Octavio nunca estuvo hospitalizado ni tiene cicatrices de 12 golpes que debieron dejarle marcas permanentes, además de otras secuelas médico legales en su organismo.

Por principio de cuentas, el residente norteamericano ni siquiera dejó constancia médica de los supuestos tablazos, sino que espero ocho meses para elaborar un “examen legista” para alegar 12 golpes con tabla, amparados en un pequeño surco rojo que muestra ser una herida reciente.

El abogado defensor incluso, contó con un experto en la audiencia, donde al ver las pruebas en foto descartó que sea producto de tablazos, pero aun así, al finalizar el proceso, el juez de control dio validez a la acusación de “tortura” y dictó la prisión preventiva a los tres oficiales de Ascensión.

Cabe señalar que apenas unos días después de la vinculación a proceso de los policías, un leñador que regresaba a pie por la sierra de Casas Grandes fue abordado por un convoy militar, que al interrogarlo lo sometieron a tortura propinándole alrededor de cuatro tablazos, los cuales le provocaron laceraciones serias, desprendimiento de piel, inflamación severa y tuvo que ser hospitalizado.

Sin embargo en su narrativa de lo sucedido ese enero de 2024 tras su “secuestro” y “tortura” que supuestamente fueron el triple de los golpes que recibió en marzo de 2025 el leñador en “El Willy”, el policía norteamericano dijo que tras salir libre “descansó todo ese día y que al siguiente día realizó asuntos diversos”, mostrando que sí podía caminar y que nunca fue hospitalizado.

Esa serie de anomalías dieron pie a que la defensa de los agentes de Puerto Palomas de Villa, interpusiera una apelación y un amparo contra el caso, lo cual será revisado a mediados de mayo en una nueva audiencia.