Cuando el crimen organizado se llevó a la fuerza a su hijo de 20 años mientras trabajaba en el corte de limón en Michoacán, Raymundo decidió huir con su hijo adolescente para que no se lo reclutaran también a él, relató el padre mexicano sobre un fenómeno que según el informe “Desplazamiento interno y otras situaciones de violencia en contextos de criminalidad organizada en América Latina” persiste en México, Guatemala, Honduras y Ecuador.
“Así es, cuando no puedes defender a uno, debes proteger al otro”, confesó el migrante refugiado en Ciudad Juárez, entre el dolor de no saber nada de su primogénito y la preocupación de perder también a su hijo pequeño.
De acuerdo con el informe realizado entre julio y octubre de 2025 por ProLAC, una iniciativa regional de gestión de información, creada por el Consejo Danés para Refugiados (DRC) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), con el apoyo de la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de grupos delictivos organizados constituye una de las principales amenazas identificadas.
“En la mayoría de los grupos detenidos por delitos de secuestros hay uno o dos menores de edad, incluso entre quienes participan como sicarios, el menor que he visto tenía 14 años”, relató un “informante clave” en México a los activistas que realizaron el informe.
Según informantes clave en los cuatro países analizados, los NNA con mayor exposición a la vinculación o cooptación por parte de estos grupos se encuentran entre los 13 y 17 años. En su mayoría residen en zonas de mucha precariedad económica y con alta presencia y control por parte de grupos delictivos.
“El reclutamiento, uso y utilización de NNA responde a diferentes fines, determinados por factores como la edad, el género y el contexto específico de cada localidad. También, informantes claves apuntaron a que algunas de las actividades para las que suelen ser forzados o cooptados los adolescentes varones consisten en: el transporte de armas o drogas, la entrega de volantes con amenazas de extorsión, la vigilancia de puntos de venta de drogas e incluso reciben entrenamiento como sicarios”, indica el documento.
La información obtenida por las organizaciones evidencia que la amenaza de reclutamiento está estrechamente vinculada con la explotación sexual, especialmente en el caso de niñas y adolescentes, a quienes se les asignan roles y tareas con fines sexuales. A diferencia de los niños y adolescentes varones, ellas son frecuentemente utilizadas como medio de captación de sus pares.
En el caso de México, existen instrumentos legales y normativos que podrían ser aplicables a casos de reclutamiento. Sin embargo, el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad no está tipificado como un delito, lo que dificulta el procesamiento penal de los perpetradores. Esta ausencia normativa contribuye a la criminalización de las y los adolescentes, quienes con frecuencia son tratados como autores de delitos, en lugar de recibir medidas de protección y reparación como víctimas.
El informe señala que el reclutamiento, uso y utilización de NNA tiene consecuencias graves tanto a nivel individual como familiar. Esta amenaza constituye uno de los factores que impulsa a las familias a desplazarse de sus lugares de origen en busca de protección. Además, causa separación familiar: del total de hogares desplazados, el 13 por ciento reportó que no todos sus integrantes se desplazaron juntos.
De manera similar, las familias afectadas por conflictos armados u otras situaciones de violencia enfrentan la separación familiar al intentar salvaguardar la integridad de sus hijos e hijas. En muchos casos, optan por enviarles a otras ciudades bajo el cuidado de familiares para evitar su reclutamiento por parte de grupos delictivos.
Como en el caso del hijo mayor de Raymundo, cuyo nombre fue cambiado por seguridad, el reclutamiento forzado no sólo es una amenaza para NNA, sino también para adultos jóvenes, especialmente hombres entre los 18 y 23 años.
“Según informantes clave entrevistados en los cuatro países, la intimidación está estrechamente vinculada con el reclutamiento forzado. Muchos jóvenes adultos son objeto de intimidación y coerción para involucrarse en actividades ilícitas, tales como el traslado y/o expendio de drogas, particularmente en zonas mineras y territorios estratégicos para el microtráfico y tráfico de estupefacientes”, indica el informe.
De acuerdo con Raymundo, en Michoacán, específicamente en la llamada “Tierra Caliente”, es común que los grupos delictivos lleguen al campo y se lleven a los adolescentes y jóvenes entre los 16 y 23 años de edad.
De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta de hogares, el 45 por ciento de los hombres entre 18 y 35 años alcanzados por el monitoreo reporta haber sido víctima de intimidaciones por parte de grupos criminales. La magnitud de esta amenaza varía entre los países analizados: en Ecuador y Honduras cinco de cada diez hombres en este grupo etario reportaron haber sido víctimas de intimidación; en México, la proporción alcanza a tres de cada diez y en Guatemala dos de cada diez.
El reclutamiento tiene un impacto profundo tanto en las personas como en las comunidades, ya que suele ir acompañado de prácticas y estigmas discriminatorios hacia quienes huyen de contextos de violencia, generalmente zonas empobrecidas.
Estas personas y comunidades son frecuentemente criminalizadas y estigmatizadas, siendo injustamente etiquetadas como delincuentes. Incluso aquellas que se ven obligadas a desplazarse internamente para escapar de las amenazas de reclutamiento y violencia enfrentan nuevas amenazas en las comunidades de acogida, agrega el documento.
