-Politización del agua resulta insana
-Más que cantado el mayoriteo por leyes de aguas
-Bien, el registro de quejas contra los polimunicipales

¿Qué tanto hará el magistrado Yamil Athié, de la Sala Civil Regional de Parral, un día sí y otro también en la capital del estado, en todo tipo de foros, conversatorios, comilonas y reuniones? En su sala rara vez está; para qué, si la socialité que le gusta es la capitalina.
¿De qué le sirve al Poder Judicial que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, visite estancias infantiles, vaya a encender arbolitos de navidad y asista a cualquier evento político-social al que la inviten? De nada.
¿Qué gana el aparato de justicia con la pasarela diaria para las fotos y videos de redes sociales de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Acosta Molina, Luis Daniel Meza, Yadira Gramer, Jazmín Alanís y Nancy Josefina Escárcega (la hermana del secuestrador beneficiado con la semilibertad)?
¿De qué le sirve a la justicia que sus jueces no falten a cada informe de cualquier diputado que los invite o que los magistrados hagan de todo, menos sacar el trabajo de sus salas, en aras de figurar en redes con la banal y falaz idea de la “justicia cercana a la gente”?
La somera revisión al Instagram del Poder Judicial del Estado (algunas imágenes en versión digital de GPS) muestra cómo el aparato de justicia ha sido reducido a un espectáculo muy alejado de aquella máxima de que los juzgadores brillan y hablan con sus sentencias, no con discursos ni montajes teatrales.
No son influencers, porque rara vez alguien ve o interactúa con sus publicaciones; y no son magistrados, porque una queja recurrente de sus mismas salas es que a veces ni leen las resoluciones que firman, tal vez porque no saben hacerlo o tal vez porque no tienen tiempo, ya que eso de andar de luciditos entre los reflectores lleva horas y horas de preparación.
Preferir el glamour del cargo sobre la responsabilidad parece ser otra de las consecuencias de la reforma judicial que se cristalizó el septiembre pasado, pero es una decisión carísima de los magistrados del TSJE y el TDJ, pues cuestan alrededor de cuatro mil millones de pesos al año.
El espectáculo del Poder Judicial -hecho de pequeñas películas que sus magistrados suben gustosos a sus redes para verse cercanos al pueblo y de muchas fotos de sus sketches, montajes y performances- no abona en nada a la justicia estatal.

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Reducir el debate a estrechas visiones políticas sobre la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, como pretenden hacerlo tanto la 4T como sus opositores, resulta insano para la sociedad y sobre todo para los productores que deben lidiar con la sequía, el saqueo, las plagas, la falta de apoyos para el campo y otros retos que deben superarse en cada ciclo agrícola.
Ayer el director de la Comisión Nacional del Agua, Román Alcántar, siguió el script marcado desde Palacio Nacional, con descalificaciones directas a quienes ven con temor e incertidumbre la excesiva burocratización del ramo, su centralismo y la criminalización de lo que hoy son faltas administrativas en esta materia.
Antes, actores como Alexa Jiménez, Arturo Zubía, Jesús Valenciano, Alejandro Domínguez, los hermanos LeBaron, entre otros de oposición, soltaron algunas verdades a medias sobre el contenido de la reforma y acusaciones directas de traición a los legisladores federales de Chihuahua por Morena, que votaron a favor, más por el interés de sacar ventaja política que por auténtica preocupación por el agua.
Esa polarización -la Conagua diciéndoles aguachicoleros a los del PRIAN y ellos vociferando mentiras y realidades de la 4T- de nada sirve para aterrizar al plano de lo aplicable el nuevo marco normativo del agua, que pasó de la Cámara de Diputados al Senado de la República con resultados previsibles desde su dictaminación.
Porque hay dos aspectos que no deben perderse de vista: las reformas apenas contemplan el combate a la endémica corrupción de la Conagua y en Chihuahua sí existen millonarios e ilícitos negocios con el vital líquido que deben atacarse en aras de alcanzar la sostenibilidad hídrica del estado.
Quienes están realmente preocupados y sean inteligentes, primero deberán atacar la constitucionalidad de las normas, en entredicho porque no hubo consulta previa a los pueblos originarios; luego, mantener la presión sobre la Conagua para que aplique la ley como es y no como siempre lo ha hecho, con billete de por medio.

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Estaba muy cantado que la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, quedarían casi sin mover una coma con la propuesta original palomeada desde palacio federal.
No aprenden en la oposición -ternuritas diría AMLO-, que Ricardo Monreal y Adán Augusto, líderes de las fracciones legislativas morenistas en Cámara de Diputados y el Senado, han perfeccionado sus técnicas para dorar la píldora con los foros que sólo sirven para el desahogo de los asistentes y no para tomar decisiones.
Aprobada en ambas cámaras fast track sólo queda que llegue de nuevo el decreto al despacho presidencial, para ser promulgado y publicado, lo cual deberá ocurrir esta misma semana, sino es que ya apareció ayer en la edición vespertina.
Las reacciones son las que podía esperar la federación, con cierre de cruces fronterizos -hasta ayer en 5 de 6- y una protesta suavizada en carreteras, con cierres intermitentes, como para no provocar las afectaciones ocurridas hace una semana.
No han podido convencer los legisladores morenistas a los agricultores que estarían siendo manipulados por el PRIAN, porque carecen del argumento principal, poder mostrar dónde específicamente están el medio centenar de cambios y las garantías a sus concesiones de agua.
Por lo pronto, las imágenes de traidores que cargan entre otros Javier Corral, Lilia Aguilar, Roberto “Nono” Corral, son la comidilla en redes sociales, con grave consecuencia posterior, si es que el PRIAN logra capitalizar el malestar y la incertidumbre patrimonial en más de 180 mil familias, cada una multiplicada por mínimo cinco electores.
Si ya de por si algunos de estos legisladores son impresentables, ahora lo serán mucho menos. Una rayita más al tigre.

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La presentación del nuevo Sistema de Registro de Quejas contra elementos de la Policía Municipal, lejos de percibirse como una amenaza para los agentes, este mecanismo desarrollado en conjunto con FICOSEC, es una herramienta que fortalece a la corporación y mejora su relación con la ciudadanía.
Con la instalación de tres kioscos en puntos estratégicos, el Gobierno Municipal deja claro que la denuncia ya no será un proceso inaccesible, sino un derecho facilitado y protegido que responde a la convicción del alcalde Marco Bonilla de abrir las instituciones y someterlas al escrutinio social.
Bonilla envía un mensaje claro, en Chihuahua la autoridad está dispuesta a escucharse, revisarse y corregirse porque el sistema registra cada queja desde su ingreso hasta su resolución, colocándose a la vanguardia nacional en mecanismos ciudadanos de vigilancia policial.