Saúl Urías Sáenz, exdirector de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ojinaga, dejó el cargo desde el pasado 4 de septiembre tras salir a la luz audios que lo vinculaban presuntamente con un grupo delictivo.
Desde entonces, la Policía Municipal ha estado a cargo de Ramiro Orozco Pineda, uno de los cuatro agentes privados de la libertad el pasado lunes en la carretera Ojinaga-aldama y que fue liberado junto a sus compañeros ayer.
Fue el 4 de septiembre del año en curso cuando la Presidencia Municipal emitió el siguiente comunicado:
“Esta mañana la C. presidenta municipal Lic. Lucía Marrufo Acosta ha recibido en su despacho la solicitud de licencia para separarse del cargo como director de SPMYPC del C. Sergio Urías Sáenz. Se nombrará al C. Cmdte. Ramiro Orozco Pineda como encargado del despacho de la seguridad pública”.
Al día siguiente, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, dio a conocer en rueda de prensa que la presidenta municipal había solicitado apoyo del Gobierno del Estado para la aplicación de exámenes de confianza a toda la Policía Municipal, a raíz de esta renuncia.
El fiscal indicó desde ese momento gestionarían el inicio de las evaluaciones a la brevedad para acreditar que todos los agentes fueran aptos para ejercer las funciones policiales.
Previamente, el comandante Urías había sido señalado por sus posibles vínculos con la delincuencia organizada tras la filtración de un audio de una comunicación entre el policía y un presunto líder criminal al que alertó sobre la presencia de hombres armados.
Además, en redes sociales fueron difundidas publicaciones de listas de oficiales municipales que supuestamente protegían o trabajaban para un grupo criminal, en específico "La Línea".
Dichos listados, atribuidos al grupo de "Los Cabrera" –mismo al que señalan por el “levantón” de los cuatro agentes también advertían que “darían de baja” a todos los que continuaran colaborando con el Cártel de Juárez.
Al respecto, el fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, indicó que hasta este momento no ha sido iniciada alguna investigación en contra del exdirector, ya que no fue presentada ninguna denuncia.
Abundó que, en el caso de los audios y otros señalamientos, sería la Fiscalía General de la República (FGR) la que tendría que intervenir al tratarse de asuntos de delincuencia organizada que son de competencia federal.
