- ¿Y las demás riquezas de Javier Corral?
- Promueven cuidado digital en menores
- Previsión municipal en cierres por obras

En el políticamente entrampado proceso para elegir titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ayer comenzaron las entrevistas con los aspirantes, sin un rumbo claro por la conocida ruptura de acuerdos entre las bancadas principales.
Aunque persiste la idea de que debe ser una mujer la que llegue a convertirse en primera presidenta del organismo autónomo, nueve hombres también se inscribieron para que sean tomados en cuenta sus perfiles, lo que ha sido interpretado en algunos círculos como una posibilidad de que también acabe roto el pacto por designar a una ombudswoman.
Entre ese ruidillo que meten los hombres y en esta fase decisiva, aparece con letras en negritas el nombre de Rafael Sánchez Martínez entre los 23 aspirantes registrados, un abogado con no muy buenos antecedentes que contrasta con perfiles femeninos de mucho más valor académico.
Actuario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sánchez Martínez fue inhabilitado por la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) del Poder Judicial, por faltas graves en el ejercicio de su cargo.
Actualmente está amparado, pero eso no le quita el peso a los señalamientos que tiene encima por su labor actuarial en un juzgado penal en 2019, por presuntas falsificaciones de firmas en notificaciones, certificación indebida de diligencias jamás realizadas y notificaciones inexistentes presentadas como válidas.
Las acusaciones, de las que obviamente se defiende, trajeron consecuencias graves como diferimiento de audiencias, retraso de litigios, reprogramación de procesos o diligencias, con impacto en la gente que esperaba justicia y hasta en los imputados.
Pero no es por eso que haga tanto ruido el nombre de Sánchez Martínez, sino porque en enero del año pasado apareció postulándose para juez federal y para juez estatal, al mismo tiempo, primero elegido por el Senado de la República y luego validado por la autoridad local para contender en claras condiciones irregulares.
El hecho de que ahora hasta aparezca como aspirante a la CEDH hace preguntarse a otros participantes de qué mano se agarra o quién cobija al susodicho para buscar un cargo visiblemente incompatible con sus antecedentes.
En fin, en esta fase del proceso, veremos si las fuerzas políticas son capaces de ponerse de acuerdo para lograr una designación que, de entrada, cumpla el compromiso de que sea mujer la próxima titular, porque perfiles femeninos buenos, capaces y hasta impresionantes, sí hay.

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De los más de 73 millones de pesos que conforman la riqueza inmobiliaria del senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, apenas han sido tocados dos bienes cuyo valor reportado oficialmente ronda los cinco millones de pesos.
Uno es la cabaña construida bajo sospecha en la reserva ecológica de Basaseachi, que supuestamente vale menos de un millón de pesos; otro es un ocioso predio rústico de 15 hectáreas en la capital del estado que ronda los cuatro millones de pesos, según el avalúo catastral, que debe estar bastante lejano al valor comercial real.
Son apenas un par de las 14 propiedades que, oficialmente, tiene registradas a su nombre el ilustre senador de la República, cuyo patrimonio inmobiliario ha sido construido en Juárez, Chihuahua, Mazatlán y la Ciudad de México.
La propiedad en la Sierra Tarahumara, el rinconcito favorito del expanista y sus contertulios, fue asegurada por la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada, mediante la debida orden judicial y dentro de la carpeta de investigación 3050/2024 que se encuentra estancada por el fuero del que goza el legislador convertido al morenismo para obtener una pluri cargada de impunidad.
El terreno de Chihuahua, ubicado en la sierra de Nombre de Dios, en el nororiente de la capital, es el que su compadre Eduardo Almeida le prestó para usarlo como garantía de una deuda, pero Corral terminó apropiándoselo a la mala.
Esa propiedad sigue siendo suya por la generosa donación que le hizo su examigo, pero está bajo proceso de embargo por el Gobierno municipal, dado que no ha pagado el Impuesto Predial por algo así como 150 mil pesos, nada para el millonario e incumplido senador de Morena.
De ahí en fuera, el neomoreno no ha resentido más pérdidas en sus bienes, que tiene por montones gracias seguramente a su extenuante esfuerzo y trabajo por la patria. No por corruptelas, cochupos y excesos del poder, por supuesto.
A ver con qué pretextos sale ahora “El Bayo” Valenzuela para no ir por el 100 por ciento de las propiedades de su exjefe de partido.

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Por fin le ha entrado el Gobierno federal al tema del uso responsable y seguro de los dispositivos móviles por parte de la niñez y adolescencias mexicanas.
El fin de semana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió una serie de sugerencias para prevenir que los menores de edad sean víctimas de discursos de odio, información falsa o material de carácter sexual.
Entre las medidas que recomienda están el acompañamiento activo de padres de familia y personas cuidadoras, establecer horarios de conexión a internet, fomentar el diálogo familiar, incentivar el estudio y el deporte, además de establecer controles parentales y filtros de contenido a la privacidad mediante la huella digital, entre otras.
No deja de reconocer, la dependencia que comanda Omar García Harfuch, que el acercamiento a la tecnología permite que la niñez y la adolescencia se familiaricen con herramientas que favorecen el aprendizaje, la comunicación, la convivencia y el desarrollo de habilidades necesarias para la vida actual.
Sin embargo tambié advierte que permanecer en exceso viendo pantallas está asociado con afectaciones a la salud emocional, alteraciones del sueño y tendencias al aislamiento.
Ya de cajón, la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC, recomendó presentar las denuncias que procedan a la Policía Cibernética correspondiente.
El problema es que no existe dependencia que pueda, a estas alturas, educar digitalmente a la población adulta que muchas horas la pasa perdida navegando en sus celulares. Por eso aquí van a tener que empezar de abajo hacia arriba. Y ya es mucha ganancia.

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Desde hace varias semanas, la ciudad registra actividad en tres frentes de trabajo con la construcción del paso superior en Vialidad Nogales y otro en avenida Fuerza Aérea, así como con la tan esperada gaza en la intersección de Teófilo Borunda y el Periférico de la Juventud.
La Dirección de Obras Públicas asegura avanzar conforme al plan de obra establecido y a las metas semanales programadas, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma las fechas acordadas.
Todo indica que este año pudiera ser recordado como uno de trabajo constante y, sobre todo, por resultados concretos.
Así lo ha informado el director de la dependencia, Carlos Rivas, quien ha dado cuenta de forma detallada y pormenorizada de los trabajos en ejecución, las acciones por realizar y los posibles cierres a la circulación derivados de estas construcciones, con la estrategia de comunicación muy clara para que nadie diga después que no estaban enterados.
El mensaje es pertinente por parte de la Alcaldía, mantener a la ciudadanía informada de primera mano sobre quiénes son los responsables de ejecutar la obra pública al servicio de todas y todos.