Chihuahua.- El conflicto laboral en el municipio de Camargo ha escalado a niveles críticos tras la denuncia del líder del Comité de Huelga, Eduardo "Lalo" Talamantes, quien asegura que detrás del despido masivo de trabajadores sindicalizados se esconde un negocio ilícito relacionado con la recolección de basura.

El alcalde Jorge Aldana, según Talamantes, concesiónó el servicio a una empresa familiar, lo que ha generado un sobrecosto millonario para el municipio y el despido injustificado de más de 120 empleados sindicalizados.

En entrevista, Talamantes detalló que la empresa Sanru, recién creada y sin experiencia previa, se adjudicó la concesión del servicio de basura en noviembre de 2024. "Antes, el municipio manejaba la recolección con un costo de 850 mil pesos mensuales. Ahora, con Sanru, el costo se disparó a 2.7 millones de pesos al mes, sin que se justifique tal incremento", denunció. Además, señaló que la empresa no cuenta con los permisos de ecología ni con un historial que avale su capacidad para operar.

La síndica municipal, María Eugenia Becerra, confirmó irregularidades en el proceso de contratación. "Fue una licitación pública, pero sólo hubo un participante: Sanru. No se presentaron otras empresas reconocidas, como Aseo Urbano de Chihuahua, lo que resulta sospechoso", explicó. También reveló que fue excluida de los comités de adquisiciones y que no tuvo acceso completo al contrato de la empresa, el cual le fue entregado sin datos personales ni detalles clave.

Los trabajadores sindicalizados despedidos, entre los que se encuentran, además de los que recolectaban la basura, intendentes y personal de oficina, iniciaron una huelga el 30 de enero tras agotar las vías de diálogo con el Gobierno Municipal. Desde entonces, han tomado varias instalaciones, incluyendo la presidencia municipal, el auditorio, la biblioteca “Gómez Morín” y el relleno sanitario.

Talamantes relató que la tensión llegó a su punto máximo el pasado miércoles, cuando la policía municipal intervino en el corralón de servicios públicos, donde la empresa Sanru estaba depositando basura. "Me sujetaron del cuello, casi me estrangulan y perdí la conciencia. Fue un acto de violencia innecesario", denunció el líder sindical, quien anunció que interpondrá una demanda por intento de homicidio.

Despidos injustificados y falta de transparencia

Los trabajadores afirman que los despidos se realizaron sin notificación previa y que se les retuvieron tres catorcenas de sueldo. Además, denuncian que el alcalde no tiene facultades para disolver el contrato colectivo, el cual solo puede ser modificado por acuerdo del sindicato.

La síndica Becerra señaló que el municipio solicitó un préstamo de 30 millones de pesos al gobierno del estado para cubrir las liquidaciones, pero este fue denegado. "No sabemos de dónde salieron los recursos para los despidos, y eso es algo que debemos investigar", afirmó.

Ante la escalada del conflicto, tanto Talamantes como Becerra coincidieron en la necesidad de establecer un diálogo entre el gobierno municipal y los trabajadores. "La única salida es sentarnos a negociar. No podemos permitir que esta situación siga afectando a la ciudadanía", concluyó la síndica.

Mientras tanto, Camargo enfrenta una crisis sin precedentes, con servicios públicos paralizados y una población cada vez más frustrada por la falta de respuestas claras por parte de sus autoridades.