Chihuahua.- El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, declaró que el Gobierno del Estado no ha recibido oficialmente el convenio de adhesión al programa federal que haría universal la beca para personas con discapacidad. Aseguró que, de ser como en otras entidades, implicaría comprometer más del 60 por ciento del presupuesto de la dependencia a su cargo y obligaría a desaparecer todos los programas sociales estatales actualmente vigentes.

Durante un encuentro con personas inconformes por haber quedado fuera del programa alimentario para personas con discapacidad, el funcionario explicó que de los más de 2 mil 600 solicitantes que se registraron en la reciente convocatoria abierta, sólo mil personas resultaron beneficiadas en la capital del estado. Indicó que el criterio de selección se basó en estudios socioeconómicos, en los que influyen diversos factores como el contar con pensión o el no tener la credencial de discapacidad permanente.

“Este es un programa estatal, no municipal, y su objetivo es garantizar al menos el acceso mínimo a la alimentación”, afirmó. Añadió que a quienes no resultaron seleccionados se les atenderá a través del esquema de ventanilla única, en el que expiden cheques directos como apoyo económico.

Reconoció que hay casos de personas que no cuentan con folio porque no alcanzaron a registrarse o no se enteraron de la convocatoria. A estas también les ofrecerán apoyo, dijo, al igual que a quienes no tienen credencial de discapacidad pero presentan constancias médicas que acrediten su condición.

El programa alimentario contempla la entrega mensual de una tarjeta de vales por mil 100 pesos durante ocho meses. De acuerdo con el secretario, destinaron 57 millones 589 mil 349 pesos para su operación en todo el estado. Sin embargo, los manifestantes reclamaron que en Chihuahua capital sólo otorgaron mil tarjetas, a pesar de que existen al menos 35 mil personas con discapacidad. Loera Talamantes respondió que el programa va en crecimiento y que han incrementado progresivamente los recursos asignados desde que asumió el cargo.

Para quienes no pueden acudir personalmente por su condición de salud o discapacidad, implementaron el esquema de “chalecos azules”, personal que acude directamente a los domicilios a realizar el levantamiento de datos.

Al ser cuestionado sobre el reclamo de organizaciones civiles que exigen al Gobierno del Estado firmar el convenio de colaboración con la federación, Loera respondió que dicho documento no ha sido recibido oficialmente. No obstante, advirtió que firmarlo implicaría destinar alrededor de 600 millones de pesos exclusivamente a una beca mensual, lo que absorbería gran parte del presupuesto de la Secretaría y eliminaría otros apoyos como transporte adaptado, escuelas de artes y oficios o ayudas para medicamentos.

“La Secretaría opera con un presupuesto total de 900 millones de pesos. Si firmáramos ese convenio como lo hacen en otros estados, tendríamos que desaparecer todos los demás programas. Es una decisión compleja”, insistió.

Sostuvo que cada tipo de discapacidad requiere una atención diferenciada, y que las acciones del Gobierno del Estado están diseñadas con base en diagnósticos y asesoría de especialistas, como el doctor Aarón Pedraza, director de Atención a Personas con Discapacidad y quien tiene una discapacidad auditiva.

El funcionario reiteró el compromiso de que ninguna persona con discapacidad que acuda a solicitar apoyo se irá sin recibir algún tipo de ayuda, ya sea alimentaria, para medicamentos o transporte.