Ciudad Juárez.- A un día del 8 de marzo, fecha emblemática en la lucha por los derechos de las mujeres, Andrea F., sobreviviente de violencia doméstica y absuelta por actuar en legítima defensa, enfrenta nuevamente las consecuencias del estigma y la discriminación. Cuatro años después de haber sido agredida y haberse defendido de su agresor, perdió su empleo en un restaurante en Ciudad Juárez tras la divulgación de su historia entre sus compañeros de trabajo.

Andrea, quien trabajaba como cajera en un restaurante ubicado en la avenida Tecnológico y De La Labranza, compartió su experiencia a través de TikTok, donde relató con sorpresa y tristeza que sus compañeros, tras enterarse de su pasado, comenzaron a hacer comentarios despectivos y a expresar temor hacia ella, a pesar de que su desempeño laboral era intachable.

“Cómo es posible que no se puedan poner en los zapatos de uno, en nada afecta mi desempeño laboral lo que yo viví hace cuatro años. Estoy muy desconcertada y sigo sin entender el motivo por el cual me despidieron, porque no había motivo, no estaba faltando, no estaba quedando mal en absoluto”, mencionó en un video mientras se preparaba para ir a conseguir un nuevo empleo.

El despido ocurrió luego de que Andrea fuera llamada por Recursos Humanos, donde se le informó que el rumor sobre su historia había causado "incomodidad" en sus compañeros y que, aunque no querían despedirla directamente, su permanencia podría generar que otros empleados renunciaran. Sin darle otra opción, la hicieron firmar una renuncia voluntaria, pese a que pidió su cambio de sucursal y se lo negaron.

“No te quiero correr, pero te vas a sentir muy incómoda porque los compañeros te van a rechazar, si te quedas la gente que te tiene miedo va a querer renunciar, voy a perder gente”, le dijo el engardado de Recursos Humanos, a lo que ella contestó: “¿Cómo le van a tener miedo a una víctima?”.

En junio del 2021 Andrea vivió una situación extrema al intentar dejar una relación abusiva con un hombre mayor que ella, quien la había controlado y violentado. Tras un altercado en el que se vio obligada a defenderse, la justicia determinó que actuó en legítima defensa y obtuvo su libertad.

“Yo no quería vivir con él e intenté dejar esa relación de buena forma, pero todo se salió de control, tenía documentos míos escondidos y se dio cuenta que los encontré y que me iba a ir de ahí y se hizo un desmadre… todo mundo escuchó y nadie le habló a la policía, me defendí, defendí mi vida, era yo o él”, señaló.

El Código Penal del Estado de Chihuahua establece en su artículo 22, fracción IV, que se considera legítima defensa cuando se repele una agresión real, ilegítima, actual o inminente, protegiendo bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para repelerla y no medie provocación suficiente por parte del que se defiende. Además, se presume que concurren los requisitos de la legítima defensa, salvo prueba en contrario, respecto de aquel que cause un daño a quien, a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio, trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar donde aquel se encuentre.

Por otro lado, el despido de Andrea podría constituir un caso de discriminación laboral, ya que el artículo 197 del Código Penal del Estado de Chihuahua establece penas de seis meses a tres años de prisión, o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad, y multa de cincuenta a doscientos días, para quienes nieguen o restrinjan derechos laborales sin causa justificada. En este caso, el hecho de haber sido despedida debido a su pasado, sin ninguna falta laboral de por medio, podría ser considerado un acto de discriminación.

Andrea lamentó que, a pesar de haber reconstruido su vida, de haber trabajado en distintos lugares sin problemas y de haber demostrado ser una empleada responsable, lo sucedido hace cuatro años siga afectándola en el presente.

“Es demasiado injusto que algo que pasé hace cuatro años me siga afectando al tiempo de hoy… Lo que yo viví lo viven miles de mujeres todos los días, e incluso hay quienes se refugian en su trabajo porque tienen terror de llegar a su casa”.

“¿Cómo es posible que ahora tengamos que callar la violencia que sufrimos por miedo a perder nuestro empleo?”, cuestionó.

El caso de Andrea se suma a una realidad preocupante: la revictimización de mujeres que han sobrevivido a la violencia y que, lejos de recibir apoyo, siguen enfrentando prejuicios y discriminación. En este contexto, Andrea podría interponer una denuncia penal por discriminación laboral, sustentada en el artículo 197 del Código Penal del Estado de Chihuahua, así como recurrir a las instancias laborales correspondientes para denunciar el despido injustificado y buscar su reinstalación o una indemnización.

“Es fundamental que las mujeres que han sido revictimizadas por haber pasado por procesos de violencia conozcan sus derechos y exijan justicia ante situaciones de discriminación”, mencionó la abogada Yesenia Hidalgo.